Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 16 de Febrero de 2012, expediente 46.450

Fecha de Resolución16 de Febrero de 2012

Poder Judicial de la Nación C.N° 46.450 “F., N.H. y otros s/ prórroga de prisión preventiva”.

° °

J.. Fed. n° 7 - Secretaría n° 13

Expte. n° 10.961/11/15

Reg. N° 105

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I.-Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de la elevación dispuesta por el titular del J.ado Federal N° 7,

Secretaría N° 13, a los efectos de que esta S. efectúe el contralor, en los USO OFICIAL

términos del art. 1° de la ley 24.390, de la decisión de fojas 1/11 por medio de la cual se prorrogó en esta causa la prisión preventiva de F.A.M., N.H.F., J.J.M., H. De Verda,

R.E.F., L.S.P., M.A.G.A.,

R.B.B., E.B.O., A.A.A.D. y J.A.R. por el plazo de un año, teniendo en cuenta que el vencimiento del término de dos años habría operado el 2 de noviembre de 2011

para la mayoría de los nombrados, el 3 de noviembre para F., el 4 de noviembre para De Verda y M. y el 12 de noviembre para R. (arts.

311, 319 y 332 del C.P.P.N, arts. 1, 3 y 4 de la ley 24.390 -t.o. ley 25.430-; y arts. 316, segundo párrafo a contrario sensu, 317 y 319 del C.P.P.N.).

Cabe recordar que en la instancia anterior, el defensor de F. interpuso recurso de apelación, pero ante la elevación oficiosa prevista por el art. 1 de la ley 24.390, el a quo decidió remitir aquella presentación junto con las constancias atinentes al decreto de prórroga de prisión preventiva.

Fue así que, radicadas las actuaciones ante el Tribunal y notificadas las partes interesadas de la audiencia fijada a los efectos de que pudieran ejercer sus derechos a ser oídas, volvió a comparecer el Dr. Argonz a los efectos de reeditar los argumentos expuestos ante el a quo. También presentó

un escrito la defensa de B., por medio del cual solicitó su excarcelación por el vencimiento del plazo razonable del encarcelamiento preventivo que viene sufriendo el nombrado. Por ello es que, en los términos indicados, serán analizados los planteos presentados ante esta instancia.

El Sr. Juez fundó su resolución en la doctrina de “Bramajo”,

considerando que el plazo del art. 1° de la ley 24.390 no operaba automáticamente, sino que debía ser analizado a la luz de criterios restrictivos,

que en el caso eran los siguientes: 1) la verificación de las circunstancias del art.

319 del C.P.P.N.; y 2) la complejidad de las actuaciones en el marco de la especial gravedad de los sucesos investigados.

En lo que se refiere al primer criterio, sostuvo que era factible presumir la concreta concurrencia de peligros para la consecución de los fines del proceso penal y en este sentido, recordó que los riesgos oportunamente afirmados como presupuestos de la medida cautelar (confirmados en sucesivas instancias) se mantendrían vigentes a la fecha. Así, sostuvo que a los encausados se les atribuye el haber intervenido como partícipes necesarios en el delito de asociación ilícita, en concurso real con el de privación ilegítima de la libertad con la característica de la desaparición forzada de personas; y que, sin perjuicio de la pena prevista en abstracto para tales delitos, podía inferirse que, de recaer condena, la determinación de la pena aplicable a los imputados podría alejarse drásticamente de los mínimos legales. Ello, en función de la naturaleza de las acciones imputadas, los medios empleados para ejecutarlas, y la extensión del daño y peligro causados.

En lo concerniente al peligro de entorpecimiento de las investigaciones, el Juez sostuvo que resultaba aplicable la doctrina de esta S. in re: “A.D.” (c/n° 43.989, rta. el 21/12/12, reg. N° 1366), por cuanto la clandestinidad con la que se llevaron a cabo los hechos investigados, sumado a la complicidad de innumerables personas en un plan criminal acordado con los gobiernos y organismos de inteligencia de distintos países del cono sur, traería como consecuencia que aun resten dilucidarse circunstancias relativas al destino final de las víctimas y a la totalidad de los sujetos que habrían tomado parte de tales conductas ilícitas. Asimismo, el Magistrado entendió que el grado de responsabilidad atribuido a los procesados también haría presumir el Poder Judicial de la Nación entorpecimiento de la pesquisa a efectos de evitar un agravamiento del reproche penal.

Respecto del criterio vinculado con la complejidad de las actuaciones, el Dr. O. sostuvo que los sucesos por los que se persigue a los imputados forman parte de una misma estructura criminal, que involucró a un número aun no determinado de víctimas e imputados, de diversas nacionalidades, que actuaron tanto en territorio argentino como en el exterior.

Ello debe adunarse a la dificultad en la obtención de pruebas, y a la ubicación de éstas en extrañas jurisdicciones, tanto a nivel nacional como internacional,

situaciones que acarrean demora en el trámite de este proceso, situación prevista por la ley 24.390.

Por lo demás, indicó los plazos de cada acto procesal cumplido y que la presente causa se está por ir a Juicio.

II.- La defensa de F. argumentó que el mantenimiento de la detención cautelar del nombrado, más allá de los dos años estipulados en el art. 1° de la ley 24.390, devendría irrazonable y, por lo tanto, postuló la revocación de la prórroga dispuesta.

Su posición se concentró en cuestionar la afirmación de la concurrencia de riesgos procesales como presupuestos de la medida cautelar y,

en consecuencia, de su mantenimiento. Sostuvo que la evaluación del a quo en ese sentido se remonta a cuestiones materiales en lugar de aludir a la conducta procesal de F.. Objetó también la valoración en forma conjunta de la situación procesal de todos los imputados, por entender que su defendido era un “…simple Coronel…” y que, por ello, no podía ser equiparado a un General o a un ex Presidente de la Nación (ver. escrito de apelación obrante a fs. 12/13)

En segundo lugar, refirió que ni el carácter de los delitos imputados, ni la forma en que supuestamente fueron cometidos, resultaba un obstáculo para la vigencia del principio constitucional de inocencia.

Por su parte, la defensa de B. refirió que el límite temporal del encarcelamiento preventivo establecido por la ley 24.390 no podía ser dejado de lado “…por vía indirecta u oblicua…” (ver. fs. 4 vta.), por cuanto la norma reglamenta un Tratado Internacional con jerarquía constitucional -Pacto de San José de Costa Rica-.

Asimismo, citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la finalidad del plazo razonable atinente a la duración del proceso, la cual consideró aplicable al caso de su defendido.

Por último, aseguró que el hecho de que B. se encontrase bajo arresto domiciliario por disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal, permitía presuponer que no intentaría fugarse ni entorpecería la investigación.

III.- La decisión del Juez de primera instancia de prorrogar la prisión preventiva por el plazo de un año en los términos del art. 1° de la ley 24.390 será homologada por las siguientes razones.

En primer lugar, corresponde responder a la pregunta de si es razonable mantener el encierro preventivo de los imputados más allá de los dos años establecidos por el art. 1° de la ley 24.390 y por el plazo de un año que ha fijado el juez de primera instancia, tras evaluar la complejidad de las actuaciones y la concurrencia de riesgos que comprometen los fines del proceso penal.

Según hemos visto, las defensas que se presentaron en esta instancia sostuvieron que el mantenimiento del encierro cautelar de los imputados más allá de dos años devendría irrazonable por la ausencia de riesgos para los fines del proceso penal.

Ahora bien, en lo que concierne a la prórroga prevista por el art. 1° de la ley 24.390, esta S. ha dicho que todo análisis relativo a las posibilidades de disponerla, lleva implícito el tratamiento de las circunstancias que justifican el encarcelamiento anterior a una condena. En otros términos, el hecho de que desaparezcan los motivos que avalan la restricción de la libertad durante un proceso, le quita sentido al estudio de los aspectos que ameritan extender esta medida cautelar más allá de los dos años.

Por otro lado, aun cuando existan circunstancias que viabilicen la prisión preventiva y se encuentren acreditados además los aspectos que justifiquen la prórroga de esta medida cautelar más allá de los dos años, la validez del encierro preventivo de un imputado sigue supeditada a un plazo razonable de detención.

A continuación se realizará un análisis detallado de los elementos de esta estructura normativa a partir de los cuales corresponde Poder Judicial de la Nación examinar la posibilidad de restringir preventivamente la libertad ambulatoria de las personas sometidas al proceso (conf. C.N. 39.939 “S., J.H. s/prórroga de la prisión preventiva”, reg. n° 1484, rta. el 28/12/06, entre otras).

III.a- Requisitos para restringir preventivamente la libertad de los imputados (hasta los dos años de encierro).

El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad ambulatoria. Este derecho sólo puede restringirse, en principio, por una sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad (artículo 18 de la CN).

Excepcionalmente, se autoriza esta misma restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, circunstancia a partir de la cual toma forma el instituto de la prisión preventiva. Si bien existen planteos que cuestionan la razonabilidad de esta medida a la luz de los fines que se le USO OFICIAL

reconocen –los que seguidamente se detallarán, lo cierto es que la prisión preventiva se encuentra admitida, aunque con fuertes limitaciones por su carácter excepcional, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7)

y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9).

Por ello es indispensable diferenciar el encierro que sufre una persona de manera preventiva (coerción estatal procesal) de aquel que representa la materialización del castigo inflingido a un individuo tras...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR