Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 18 de Septiembre de 2019, expediente A 74331

Presidentede Lázzari-Negri-Soria-Kogan-Genoud
Fecha de Resolución18 de Septiembre de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde L., N., S., K., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.331, "Fábrica de Carrocerías los Cuatro Ases S.A. y otros contra Tribunal Fiscal de la P.incia. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación de la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria deducida contra las resoluciones dictadas por la ex Dirección de Rentas -809/04- y por el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 3 de junio de 2010. Impuso las costas de ambas instancias a la accionante en su calidad de vencida (conf. arts. 12, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437; 274 y concs., CPCC) -ver fs. 287/292-.

Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 296/315 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 317/318.

Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 323), agregado el memorial de la demandada a fs. 329/338 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación de la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria deducida contra las resoluciones dictadas por la ex Dirección de Rentas -809/04- y por el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 3 de junio de 2010. Admitió así las diferencias a favor del Fisco por la omisión del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, correspondientes a los períodos comprendidos entre noviembre de 1998 y diciembre de 2001.

    I.1. Para así decidir señaló, en primer lugar, que resultaban de aplicación al caso los arts. 178 del Código Fiscal -texto ordenado 1996- y correlativos anteriores; 39 de la ley 11.490 y los decretos 3.354/95 y 2.782/96.

    Indicó que si bien la autoridad de aplicación había declarado exenta de pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos a la entidad actora por la actividad de fabricación de carrocerías a partir del 1 de enero de 1994 (con los alcances establecidos por la ley 11.490, sus modif. y concs., conf. resol. 1.132 de 1-III-1995, fs. 192, exp. adm. 2306-1151707/01); ello no obstaba la verificación realizada por la Agencia de Recaudación de la P.incia de Buenos Aires (ARBA -ex Dirección P.incial de Rentas-) por la que se objetó el otorgamiento del beneficio para el caso de ventas a empresas prestadoras de servicios, por entender que calificaban como ventas realizadas a "consumidor final", y que les correspondía tributar a la alícuota del 3%, respecto de los períodos fiscales 11/98 a 12/00, y en el año fiscal 2001, a un 1,5% (art. 11 inc. "d", ley 12.596).

    Consideró, el Tribunal de Alzada, que el carácter de exenta de la firma demandante no la sustraía jurídicamente de las normas aplicables al tributo, en tanto dicho beneficio responde a la actividad desarrollada y no al sujeto exento (conf. doctr. SCBA causa I. 2.039, "Simens S.A.", sent. de 11-V-1999), y se mantiene mientras se den los supuestos reglamentados, toda vez que, exención tributaria no es equivalente a exclusión tributaria.

    I.2. A ese fin consideró que la reglamentación establecida por los decretos 3.354/95 y 2.782/96, no contemplaba, dentro de los lindes de la exención prevista en el art. 39 de la ley 11.490, al supuesto de venta a empresas del sector servicios.

    Indicó que la normativa aplicable no permitía arribar al resultado pretendido por la actora, pues ello importaba forzar la letra de sus términos, restringiendo lo que por ella se calificaba como venta a consumidor final. Para ello señaló que ese supuesto se configuraba cuando la venta de bienes industriales fueran adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior (art. 1, dec. 3.354/95, texto según dec. 2.782/96); de lo que infirió que no podía efectuarse una interpretación que contempla la actividad de la accionante, la que por tanto debía calificarse como venta a consumidor final.

    Agregó que tal interpretación de la ley resultó confirmada con el cambio introducido por el decreto 4.002/00, que amplió el campo de aplicación de la exención, reemplazando la enumeración de actividades efectuada por los decretos anteriores por "actividad económica privada posterior", puntualizando que por su considerando 4° se indicó que tal modificación respondía a la necesidad de "reconsiderar" el tratamiento fiscal a dispensar a las industrias en general cuando efectúan ventas a sujetos particulares.

    A ese respecto sostuvo que, si bien tal precepto agregó nuevos supuestos de exenciones tributarias antes no incluidos, sólo resultaba aplicable a partir de su entrada en vigencia (2 de enero de 2001) y por tanto, en el particular, sólo respecto de los períodos fiscales 1/2001 a 12/2001.

    Concluyó que, siendo clara la letra de la norma, correspondía catalogar las ventas de carrocerías al sector servicios como efectuadas "a consumidores finales", porque las personas adquirentes -destinatarios de las ventas- realizaban una actividad que no estaba incluida en la normativa citada (decs. 3.354/95 y 2.782/96), como un supuesto de exención tributaria.

    Indicó al efecto que se trataba de empresas de servicios cuyo objeto no se vinculaba con etapas de comercialización o modificación del producto terminado que adquiría de la actora (decs. 3.354 y 2.782, cits.), y que sólo a partir de la modificación del decreto reglamentario (4.002/00) esa situación podría ser contemplada en la exención.

    I.3. Manifestó que los argumentos desarrollados daban respuesta suficiente al planteo de inconstitucionalidad del decreto 3.354/95 (y su ampl. y modif. 2.782/96) y del posterior 4.002/00 (conf. doctr. SCBA causa I. 2.039, "Simens S.A.", sent. de 11-V-1999), rechazándolo.

    I.4. Por último, en referencia a la extensión solidaria de responsabilidad, sostuvo su constitucionalidad, al considerar armónica la disposición local (art. 21, Cód. Fiscal) respecto del régimen federal de fondo (ley 19.550), bajo cuya vigencia se suscitara y consumara la situación de autos.

    Indicó que la norma local prevé como causal de exclusión una situación de imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva, que la parte demandante no demostró y que se concilia, sin contradicciones, con las disposiciones societarias (conf. arts. 274, 275 y concs., ley 19.550, texto según ley 26.994).

  2. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea interpretación y aplicación del art. 217 del Código Fiscal -texto ordenado 2011-; de las leyes 11.490 y 11.518; de los decretos 3.354/95, 2.782/96 y 4.002/00. Acusa violación de la doctrina legal de esta Corte y la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal.

    II.1. En primer lugar se queja de que, si bien puede entenderse que el decreto 4.002/00 por su art. 1 amplió el universo de sujetos exentos, esto no modificó lo que ya había incluido el decreto 2.782/96, en tanto siempre estuvieron beneficiadas las ventas realizadas a sujetos adquirentes que luego afectaran los bienes comprados a una actividad económica posterior.

    Indica que, la fiscalización que se impugna, fue efectuada con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva reglamentación (el 1 de enero de 2001), por lo que considera que su actividad debió ser calificada como exenta.

    Sostiene que, conforme la doctrina de esta Suprema Corte, resulta de aplicación inmediata la nueva norma, interpretación que señala hoy consagrada por el art. 7 del Código Civil y Comercial y previamente por el art. 3 del Código Civil (cita causas Ac. 60.659; Ac. 63.120; Ac. 69.238 y Ac. 86.454), debiendo aplicarse inmediatamente el decreto 4.002/00 para los tramos de su desarrollo aun no cumplido (causa Ac. 50.610).

    Agrega que por el decreto 3.354/95, luego modificado y ampliado por el decreto 2.782/96, se estableció qué debía entenderse por ventas a consumidores finales y por ventas mayoristas; conceptos que fueron nuevamente modificados por el decreto 4.002/00; y que estas normas daban sólo una pauta orientativa de lo que debe considerarse incluido en una y otra categoría, y que no deben ser consideradas como taxativas o númeroclausus,ya que en la realidad económica, las ventas mayoristas que realiza (y que considera exentas por ley) no cambian porque se las contemple en forma expresa o no en el decreto reglamentario.

    II.2. Seguidamente alega que, con el dictado del decreto 4.002/00 (vigente desde el 1 de enero de 2001), se consideró expresamente exenta la actividad por ella desarrollada.

    Con ello sostiene que, si hipotéticamente hubiera incurrido en un incumplimiento (conf. el criterio del Fisco, que interpreta erróneamente los decs. 3.354 y 2.782 y pretende así gravar las ventas industriales realizadas a prestadores de servicio), no podía reclamársele un ajuste sobre la base de esas normas que ya no estaban vigentes al momento de la fiscalización, ni dictarse un acto administrativo en el año 2004 pretendiendo un ajuste sobre lo que el propio poder reglamentario considera ahora exento (conf. dec. 4.002/00), máxime cuando la ley siempre fue la misma y su actividad -por tanto- siempre estuvo exenta.

    II.3. A...

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