Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 7 de Junio de 2022, expediente CIV 023515/2019/CA002

Fecha de Resolución 7 de Junio de 2022
EmisorCamara Civil - Sala G

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA G

F., R.

I. c/ T. A. C. S.A. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS

.

EXPTE. N CIV 23515/2019 -JUZG.: 62

LIBRE/HONOR. N CIV/ 23515/2019/CA1

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 7 días del mes de junio de dos mil veintidós,

reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “F., R.

  1. c/ T. A. C. S.A. Y

    OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs.

    262, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

    ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

    Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores C.A.C.C., G.M.P.O.,

    C.A.B..

    A la cuestión planteada el Juez de Cámara Doctor C.C. dijo:

  2. La sentencia El pronunciamiento de fs. 262 del registro digital hizo lugar a la demanda entablada por R.I. condenó a T. A. C.

    S.A., junto con la citada A. M. de S. del Transporte Público de Pasajeros, respecto de la cual declaró la inoponibilidad de la franquicia pactada, al pago de $ 284.000, más intereses y costas.

    A tal fin tuvo por probado que el 30 de diciembre de 2018 la primera había sufrido daños a bordo de la aludida empresa de transporte en la proximidad de la parada ubicada en Rodríguez Fecha de firma: 07/06/2022

    Alta en sistema: 08/06/2022

    Firmado por: C.A.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: C.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    Peña 1802 de esta ciudad.

  3. Los recursos El fallo fue apelado por la actora, por la demandada y por la compañía de seguros.

    A la primera se la tuvo por desistida de su recurso a fs. 315.

    La segunda, en su memorial de fs. 316/322,

    contestado a fs. 330/334, cuestiona la responsabilidad asignada y lo establecido por incapacidad, daño moral y gastos.

    La última en su escrito de fs. 323/325, respondido fs. 327/329, se queja de los mismos aspectos de la sentencia.

  4. La responsabilidad No es dudoso -y tampoco se halla cuestionado- que en el caso resultan aplicables los arts. 1286 y 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación que prevén la responsabilidad del porteador por los daños sufridos por el viajero en su persona.

    El transportista asume una verdadera obligación de seguridad que consiste en llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino; por lo tanto, cualquier inconveniente que éste sufra configura, en principio, un incumplimiento de la debida prestación del transportador y da nacimiento a la responsabilidad, a menos que demuestre alguno de los eximentes señalados1.

    Desde esta perspectiva, aquel concepto de seguridad debe ser entendido como un valor que no sólo debe guiar la conducta del Estado sino también la de los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculan con la vida o la salud de las personas. Por otra parte, esa noción trata de impedir que el poder de dominación de una parte en dicha relación afecte los derechos de quienes se encuentran en situación de debilidad; es decir,

    el consumidor y el usuario. A partir de esta premisa, el transportista 1

    Fallos: 322:139; 323:2930

    Fecha de firma: 07/06/2022

    Alta en sistema: 08/06/2022

    Firmado por: C.A.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: C.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA G

    debe adoptar las medidas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el consumidor o sus bienes2.

    El factor objetivo de imputación recogido por el citado art. 184 se proyecta en la distribución de la carga probatoria.

    Por un lado, el actor debe acreditar su carácter de pasajero y la lesión padecida durante el viaje, que importa incumplimiento de la obligación de llevarlo sano y salvo a su lugar de destino. Por el otro,

    incumbe a la transportista alegar y probar alguna de las eximentes previstas en dicha normativa, sin que sea suficiente, a tal fin, la demostración de que no hubo culpa en quien conducía la unidad de transporte público3.

    Asimismo, el vínculo entre el transportador y el pasajero configura una relación de consumo a la cual es aplicable,

    además del art. 42 de la Constitución Nacional, los arts. 5 y 40 de la ley 24.240 que entrañan también una responsabilidad objetiva que solo libera total o parcialmente a quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena4 y el art. 3 que prescribe que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.

    La demandada reconoció la existencia del hecho que calificó como “pequeño incidente ocurrido en las circunstancias aproximadas de tiempo y de lugar indicadas en la demanda” (fs. 55).

    Este reconocimiento unido a la falta de acreditación de una causa ajena que pudiera eximir de responsabilidad a la transportista respalda la admisión de la demanda.

    Reafirma la procedencia del reclamo el hecho de que la aseguradora intimada a acompañar la denuncia de siniestro en el plazo de cinco días en la audiencia de fs. 86 bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 388 del Código Procesal omitió hacerlo.

    2

    Fallos: 333:203

    3

    C.N.Civ., esta sala L. 192.696 del 21/5/96 y L. 585.949 del 9/2/12

    4

    Fallos 331:319; 333:203

    Fecha de firma: 07/06/2022

    Alta en sistema: 08/06/2022

    Firmado por: C.A.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: C.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.M.P.O., JUEZ DE CAMARA

    El silencio del intimado a cumplir una carga procesal lo exponen al riesgo de generar una presunción en contra de sus intereses en el proceso.

    En este sentido, ha expresado esta sala en L.

    518.437, del 27/2/09 que como consecuencia de los deberes de lealtad, probidad y buena fe que deben ser observados en el proceso por los litigantes, pesa sobre cada uno de ellos la carga de agregar los documentos esenciales para la solución del litigio, aunque ello perjudique a quien los tiene5. Las partes no están sujetas en este aspecto a un deber, de cuyo incumplimiento se derivaría una sanción,

    ni a una obligación, cuyo cumplimiento podría exigirse coactivamente por su beneficiario, pero sí están constreñidas por una carga procesal6.

    Asimismo ha dicho este tribunal que el principio según el cual nadie está obligado a suministrar prueba en su contra solo rige cuando se está frente a una obligación o a un deber procesal,

    pero cuando se trata de una carga, el silencio o la negativa del intimado lo exponen al riesgo de generar una presunción en contra de sus intereses en el proceso7.

    Además, la empresa apelante no ha desconocido que el mismo conductor del colectivo condujo a la accidentada al H.J.A.F., lo que se halla corroborado por la constancia de fs. 4 acompañada por la damnificada.

    Adicionalmente la actora ha aportado el testimonio de A. G. J. quien ha narrado a fs. 99/101 que habían tomado juntas el colectivo y que al efectuar su conductor “una frenada” provocó que la demandante quedase “estampada contra el vidrio del frente de la unidad, al lado del chofer “con la espalda doblada por los caños pasamanos”; contó que el chofer “como vio que R. seguía dolorida, bajo los pocos pasajeros a bordo y las llevó al Hospital 5

    Fenochietto-Arazi, Código Procesal, Tomo 2, pág. 375).

    6

    Palacio, Lino, Derecho procesal civil, Tomo IV, p. 428.

    7

    C.D., en Highton-Areán, Código Procesal, Tomo 7, ps. 647 y ss.

    Fecha de...

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