Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 10 de Septiembre de 2009, expediente 82.906/2000

Fecha de Resolución10 de Septiembre de 2009

PODER JUDICIAL DE LA NACION.

En Buenos Aires, a 10 de septiembre de 2009, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "BANCO EXTRADER S.A. c/ BANCO MERIDIAN

S.A. s/ ORDINARIO (ACCIÓN DE REVOCATORIA CONCURSAL)",

registro n° 82906/2000, procedente del JUZGADO N° 12 del fuero (SECRETARIA N° 24), donde esta identificada como expediente Nº

69155, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, D.: H., V., D..

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, D.H. dijo:

  1. ) La sentencia de primera instancia acogió la demanda promovida en autos y declaró inoponible respecto de los acreedores concursales de Banco Extrader S.A. (en quiebra), en los términos del art. 119 de la ley 24.522, la cesión que esa entidad hiciera a favor del Banco Liniers Sudamericano S.A.. (ex Providian Bank S.A., hoy Banco Meridian S.A.)

    del crédito que había insinuado en el concurso preventivo de Indupa S.A.

    Como consecuencia de ello, ordenó que la demandada reintegrara al activo de la fallida Banco Extrader S.A., las obligaciones negociables concursales que en pago de dicho crédito cedido hubo de percibir en la convocatoria de acreedores de Indupa S.A. Las costas fueron impuestas a la demandada (fs.

    411/420 y rectificación de fs. 436).

    Contra esa decisión apeló la demandada, es decir, el Banco Meridian S.A. (fs. 422), cuyos agravios de fs. 538/544 fueron respondidos por la actual sindicatura de la quiebra de Banco Extrader S.A. (fs. 547/557).

    La fiscal ante la Cámara dictaminó en fs. 559/561.

  2. ) El primer agravio de Banco Meridian S.A. no es más que una reiteración de las cuestiones que dieron origen a la decisión de esta S., en su anterior integración, obrante a fs. 146/148.

    En efecto, el desarrollo del capítulo I del memorial de agravios (fs.

    538/541 vta.), repite los temas que sustentaron el escrito de fs. 129/131 el cual, valga señalarlo, fue presentado por el Banco Liniers Sudamericano S.A. con firma de la misma representación letrada que ahora interviene por el Banco Meridian S.A..

    Se dijo en ese escrito de fs. 129/131, de igual modo que se lo hace en el referido capítulo I, que correspondía declarar la nulidad de lo actuado por los síndicos Cama, M. y R. por dos motivos: en primer lugar, porque promovieron la demanda de autos después de haber sido removidos y encontrándose designada otra sindicatura; y en segundo lugar,

    porque al hacerlo omitieron acompañar la “previa” autorización de los acreedores exigida por el art. 119 de la ley 24.522. Y también se afirmó en ese escrito de fs. 129/131, como igualmente se lo hace en la expresión de agravios, que no resultaba habilitado por la ley el procedimiento al que se recurrió en autos para obtener a posteriori la mencionada autorización de los acreedores, consistente en notificarlos bajo apercibimiento de tenerlos por autorizantes en caso de silencio, siendo ello contrario al art. 919 del Código Civil.

    Todos y cada uno de esos cuestionamientos fueron desestimados por la resolución de esta alzada de fs. 146/148, en la que, entre otras consideraciones, se señaló, además, que la actuación de los síndicos Cama,

    M. y R. había quedado ratificada por la conformidad expresada por lo acreedores según el informe de fs. 75, y particularmente que si existía algún defecto procesal, la parte demandada carecía de legitimación para invocarlo como fundamento de un pedido de nulidad,

    pues el agravio sólo lo sufrirían los acreedores.

    En las condiciones que anteceden, el primer agravio de la demandada no puede ser admitido, inclusive en cuanto a la discutida aplicación del art.

    1969 del Código Civil, desde que el pedido de nulidad de lo actuado por los síndicos Cama, M. y R. ya fue rechazado por decisión que confirmó la recordada de fs. 146/148 (véase fs. 124/126).

    Decidir de modo distinto es inaceptable porque iría contra el principio de preclusión procesal, que no sólo impide que se renueve el debate de aquellas cuestiones que fueron planteadas y decididas, sino también que se propongan cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse (conf.

    C.. Sala D, 29/6/07, "Sinces S.R.L. c/ José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Eleprint S.A. UTE s/ ordinario"; íd. Sala D, 10/6/09,

    G., S. c/J.L.G. s/ ordinario

    ; íd. Sala D, 6/4/09,

    Liben S.R.L. c/ Opal S.A. s/ ordinario

    ). Es decir, el agravio bajo examen es inadmisible porque la reedición de cuestiones ya resueltas es improcedente (CNCom., S.B., 19/03/2001 "Transportes Perpen SA s/

    Quiebra c/ Hierlam SA s/ ordinario"; íd. Sala B, 5/11/2003:"Comafi Fiduciario Financiero SA c/ Fundación Cam Conservation &

    Management”; etc.; A., H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, 1941, t. I, p. 262/264, n° 17;

    C., E., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1958,

    ps. 194/199, n° 121; Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires,

    1979, t. I, p. 282; M., A. y otros, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Buenos Aires-La Plata, 1982, t. I, ps. 621/625, n° 164), cabiendo recordar, en un mismo orden de cosas, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que tanto el principio de progresividad como el de preclusión, reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente (Fallos: 272:188; 297;48; 298:50 y 312; 300:226 y 1102; 305:913;

    306:1705, entre otros).

  3. ) En el capítulo III del memorial de fs. 538/544 se expone un agravio que debe ser tratado en segundo lugar, pues denuncia la violación del principio de congruencia procesal por parte del fallo apelado.

    Aunque el desarrollo argumental se reduce mayormente a una simple transcripción de sumarios de jurisprudencia, lo que en definitiva acusa la demandada es que la sentencia recurrida habría sido incongruente con el objeto de la demanda, toda vez que, dice esa parte, habiéndose demandado por cobro de una cantidad de divisas extranjeras, finalmente se condenó a la entrega de las obligaciones negociables concursales percibidas por la demandada en la convocatoria de acreedores de Indupa S.A. (fs. 543

    vta./544).

    Es verdad que al identificarse el objeto de la demanda se dijo que se promovía “…formal demanda ordinaria de revocatoria concursal…”

    contra el Banco Liniers Sudamericano S.A. “…reclamándole la suma de dólares estadounidenses un millón setecientos setenta y ocho mil quinientos (U$S 1.778.500), con más los intereses…” (fs. 18 y vta., pto. II).

    Sin embargo, en la explicación de los hechos que fundaban la pretensión se indicó con claridad que el objeto demandado era,

    sustancialmente, la declaración de inoponibilidad en los términos del art.

    119 de la ley 24.522 de la “dación en pago” que se concretó con la cesión de crédito hecha por el Banco Extrader S.A. a favor de la entidad bancaria...

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