Expediente N° 1222/PJCABA/TSJ/02

Firmantes:Muñoz-Maier-Conde-Ruiz-Casás
Jefe de Gobierno:Aníbal Ibarra
Emisor:Tribunal Superior de Justicia
Fecha de la disposición:16 de Julio de 2002

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

EXPEDIENTE N° 1222/ PJCABA/ TSJ/ 02

RECHAZO DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N° 591.

Buenos Aires, 16/07/2002

  1. Antecedentes del caso.

    La demanda:

    Express Rent a Car S.A., B.M.S. S.A., Arbitra S.A., J.T.C. S.A., Serra Lima S.A. y Annie Millet S.A. promueve demanda tendiente a que se declare la inconstitucionalidad de una parte del Art. 2 de la Ley N° 591 y de la Resolución Reglamentaria N° 185/2001 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que el procedimiento transitorio allí dispuesto para el enjuiciamiento de las materias regidas por la legislación de faltas conculca las garantías establecidas en los Arts. 10, 12, Inc. 6, 13, 80, Inc. 1, 81, Inc. 2, y 116 de la CCBA; 16, 17, y 18 de la CN; 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8°, Inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Los actores consideran que es inconstitucional la restricción al acceso por los administrados a la revisión jurisdiccional amplia y suficiente de la actividad administrativa, que emerge de la Ley N° 591 en cuanto establece que los jueces en comisión del Fuero Contravencional y de Faltas atenderán el juzgamiento de los expedientes de faltas que no admitan demora, lo que se determinará de acuerdo con el criterio de selección que reglamente el Consejo de la Magistratura.

    Los accionantes también consideran inconstitucional la reglamentación de la ley efectuada por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución N° 185/2001.

    La contestación del Consejo de la Magistratura:

    El Presidente del Consejo de la Magistratura expresa que la acción deducida carece de sustento por insuficiencia de fundamentación y porque muchas de sus alegaciones no coinciden con los hechos o revelan una inexcusable falta de información. Rechaza que la Resolución N° 185 sea inconstitucional. Explica que la Ley N° 591 resuelve una compleja situación fáctica originada en el cambio de política institucional para atender la cuestión atinente a las faltas.

    El C.M. afirma que del nuevo régimen no surge ninguna violación constitucional, pues la discrepancia del presunto infractor con el criterio fijado por el Controlador habilita el análisis y resolución jurisdiccional de la cuestión, lo que se difiere hasta el momento en que se haya constituido plenamente la nueva Justicia contravencional y de faltas. Agrega que, en lo atinente a la exigencia del depósito para poder recurrir, ella ha quedado suspendida (Resolución N° 361/2001 del Consejo de la Magistratura) y que se ha elevado los antecedentes a la Legislatura y al Jefe de Gobierno a los fines de su intervención oportuna.

    La contestación del Gobierno de la Ciudad:

    La Procuración General considera que la Ciudad es competente para el dictado de la normativa inserta en la Ley N° 591, incluido el Art. 2° in fine, en función del ejercicio del poder de policía local. Entiende que el Art. 2° es una solución razonable y adecuada para resolver la situación creada por la existencia de una cantidad innumerable de infracciones sin juzgar que recaería en un exiguo número de juzgados contravencionales. Refuta, además, que el Art. 2° de la Ley N° 591 y la Resolución N° 185 del Consejo de la Magistratura vulneren los derechos y garantías constitucionales invocados por el actor.

  2. Los fundamentos de la sentencia:

    Voto conjunto de los jueces Guillermo A. Muñoz, Julio B. J. Maier y Ana M. Conde:

    Los agravios de la parte actora cuestionan: a) la competencia local para reglar la cuestión; b) la delegación efectuada por la Legislatura; c) el exceso en el ejercicio de la competencia reglamentaria; d) la validez constitucional de la ley y de la reglamentación de cara a los derechos reconocidos por la Constitución y por ciertos tratados de Derechos Humanos.

    1. Sobre la competencia local.

      1. La regulación del tránsito intrajurisdiccional es una cuestión que compete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la Constitución de la Nación, en su Art. 129, autorizó al Congreso de la Nación a dictar una ley que garantice los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación - lo que se concretó mediante la Ley N° 24.588 - la existencia (o no) de un interés federal en las cuestiones, es la pauta de interpretación de la legislación infraconstitucional que emerge del Art. 129 de la Constitución Nacional. Ese interés se encuentra ausente en la determinación del procedimiento para la verificación y juzgamiento de las infracciones locales de tránsito vehicular.

      2. La recta interpretación del alcance de la autonomía que el Art. 129 de la...

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