Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 25 de Enero de 2012, expediente 46.561

Fecha de Resolución25 de Enero de 2012

Poder Judicial de la Nación Causa N° 46.561, “Incidente de excarcelación de T.,

C.A.”

Juzgado N° 3, Secretaría N° 6

-Causa N° 3993/97-

Reg. N°: 30

Buenos Aires, 25 de enero de 2012.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El Dr. E.F. dijo:

I.- Vienen las actuaciones al Tribunal en virtud del recurso de USO OFICIAL

apelación interpuesto por el Dr. E.L., defensor de C.A.T., contra la resolución de fs. 12/19 por medio de la cual el titular del Juzgado Federal N° 3 no hizo lugar a la excarcelación de C.A.T..

II.- Los agravios de la defensa, pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 1) La denegatoria se ha fundado en antecedentes que no son aplicables a la situación de T.; 2) Se ha distorsionado la doctrina que se desprende del plenario “D.B.” de la Cámara Nacional de Casación Penal, la cual no repara, a la hora de afirmar la regla de la libertad durante el proceso, ni en escalas penales, ni en el tiempo de encierro cautelar; 3) La resolución incurre en una contradicción al citar, por un lado, a J.M., en lo que atañe a la necesidad de un grado de probabilidad de que el imputado haya cometido un hecho punible, como presupuesto del encierro preventivo, y al afirmar, por el otro, ese estado de convicción en relación con los hechos atribuidos a su defendido. En relación con este punto, el Dr. L. argumentó

que no existían pruebas para afirmar provisoriamente que el imputado hubiese incurrido en las privaciones de la libertad y tormentos que se le atribuyen y,

menos aun, en la calidad de autor sostenida en la decisión apelada (sostuvo, en esta dirección, que la intervención de T. en el procedimiento de la calle Honduras 4183 de esta ciudad como agente policial habría sido en una posición intrascendente y secundaria –según se desprende de distintos testimonios-; que unos meses después del operativo, fue trasladado a la Comisaría de Dolores y, a inicios del año 1977, dado de baja de la fuerza, por lo cual mal podría sostenerse que habría tomado parte de un plan de represión; por último, que el operativo mencionado, habría ocurrido durante un gobierno constitucional, lo que permite sostener su legalidad –de hecho, su asistido y los otros intervinientes fueron demorados en la Comisaría 21 de la P.F.A., desde donde recuperaron la libertad);

4) Por último, argumentó que se construyó forzadamente una supuesta peligrosidad de la conducta de T. como puntapié de la concurrencia de riesgos procesales. Indicó, por una parte, que nada queda por investigar en la inspección judicial en relación con el accionar de su defendido; por la otra, que carece de antecedentes y de rebeldías, que al librarse la orden de detención fue hallado en su domicilio y que tampoco concurre ninguna otra condición personal que permita sospechar fundadamente el riesgo de fuga o el entorpecimiento de las investigaciones.

En la audiencia oral que se llevó a cabo ante el Tribunal, el defensor amplió aquellos agravios teniendo en cuenta, en especial, que con posterioridad a la decisión aquí recurrida el J. a quo dispuso el procesamiento con prisión preventiva del nombrado en relación con diez hechos calificados a la luz del delito de privación ilegal y de tormentos, en concurso real, con prisión preventiva. Sin perjuicio de aclarar que había apelado esa decisión, el Dr.

L. analizó el razonamiento del Juez para demostrar la inexistencia de pruebas acerca de la responsabilidad penal de T. (hizo hincapié en que,

más allá de lo expuesto en relación con el procedimiento de la calle Honduras y de que el nombre de su defendido no surgía del acta labrada en aquella ocasión,

lo cual no podía suplirse con declaraciones prestadas bajo juramento de decir verdad de los aquí imputados al analizarse judicialmente el operativo en cuestión, ninguno de las personas que habrían sido alojadas en el CCDT que declararon en autos reconocieron al imputado como uno de los sujetos que intervinieron en sus privaciones de libertad y en los tormentos que habrían sufrido). En lo que atañe a la afirmación de riesgos procesales por parte del Juez,

reeditó la denuncia de su falta de fundamentación y, en lo que atañe al entorpecimiento de las investigaciones, dijo que se trataba de hechos cometidos Poder Judicial de la Nación hace más de treinta años y que, conforme se desprende del legajo personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, T. habría sido dado de baja el 1/1/77, por lo cual no siguió en la estructura que, según dice el Juez, habría procurado la impunidad.

Hizo hincapié en el principio de inocencia y sostuvo que una imputación por crímenes de lesa humanidad no justificaba su inobservancia, por lo cual concluyó la exposición con el pedido de la revocatoria, la excarcelación de su defendido bajo la caución que se estimara adecuada y que, de ser real, se procurara que el monto no tornase ilusoria la libertad durante el proceso.

Por su parte, la representación del Ministerio Público Fiscal presentó la mejora de los fundamentos del auto apelado a fs. 35/39.

III.- Como señala la defensa, tras la decisión apelada,

denegatoria de la excarcelación, recayó auto de procesamiento en relación con el USO OFICIAL

nombrado –quien, como agente de la policía de la provincia de Buenos Aires, fue considerado autor responsable de la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas de diez personas, tanto por su intervención en el procedimiento de la calle Honduras, así como por el alojamiento clandestino de esos individuos y de cuatro más en el centro clandestino de detención denominado “Protobanco”, en concurso real con el delito de tormentos, reiterado en la misma cantidad de ocasiones. Dicha decisión de mérito estuvo precedida de la consideración de que los delitos imputados a T. constituyen crímenes de lesa humanidad y, como tales, imprescriptibles. Teniendo en cuenta, por lo demás, el límite temporal de la causa N° 14.216/03, el a quo consideró que el sistema clandestino de represión que se materializó con mayor generalidad tras el golpe de Estado, habría comenzado a llevarse a cabo con anterioridad, por parte de las mismas agencias estatales que luego usurparon el poder, por lo cual, sobre la base de distintos dictámenes fiscales –en especial, el recaído en la causa “M.”, acumulada materialmente al expediente principal- consideró

correctamente impulsada la acción penal en relación con los sucesos que habrían tenido lugar con anterioridad al 24 de marzo de 1976.

Por ello, no resultan aplicables al caso las consideraciones realizadas, por mayoría, in re: “O.” (c/n° 46.443, rta. el 27/12/11, reg. N°

1522), en tanto el a quo ha dictado pronunciamiento acerca de la vigencia de la acción penal al considerar que los hechos atribuidos a T. constituyen crímenes de lesa humanidad y, como tales, imprescriptibles y que, en orden a su conexión con sucesos anteriores al golpe de estado, respecto de los cuales se había formulado requerimiento, consideraba correctamente impulsada la acción.

Sin perjuicio de este aspecto formal, considero inoportuna la revisión que en este incidente reclama la defensa en punto al mérito de las imputaciones dirigidas a T. –en consonancia con la opinión del Ministerio Público Fiscal-, así como de la categorización de los crímenes que se le imputan fundada en un juicio de valor probatorio acerca de la conexión de esos...

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