Evitan la quiebra de Pescarmona con fondos del Estado

Durante una década, el Gobierno marginó a Enrique Pescarmona, dueño de Impsa, de los grandes negocios relacionados con la obra pública. Ahora, cuando la situación económica y financiera de la compañía mendocina (una de las pocas grandes empresas argentinas en condiciones de desarrollar tecnología para exportar) amenaza con llevar a la a la empresa centenaria y dejar en la calle a 1700 empleados,La ministra de Industria, Débora Giorgi, lo confirmó ayer desde Rusia. "[La empresa] tiene problemas desde hace dos años por dificultades financieras en Brasil y Venezuela, y estuvimos trabajando para ayudarla y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva", sostuvo en declaraciones radiales. También confirmó que el Gobierno estudia hacer un aporte de fondos públicos para capitalizarla a cambio de acciones en la compañía, que fabrica turbinas para generación eléctrica hidráulica y molinos eólicos. "Eso lo estamos decidiendo en conjunto con distintas áreas del Gobierno, en tanto y en cuanto se preserven los intereses de los 1700 trabajadores y del propio Estado", dijo.Según la empresa, que hoy entrará en default al no pagar el vencimiento de un bono, la mayor parte de sus problemas se debe a la demora en pagos por trabajos hechos en aquellos países por unos 5500 millones de dólares.El lunes pasado Pescarmona se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof. La semana anterior lo había hecho con Débora Giorgi. Entre todos comenzó a aflorar una solución mixta, que todavía no está madura: sostener a Impsa, que hoy entrará en default, mediante un aporte del Estado y el ingreso de dos socios privados (uno sería un consorcio brasileño y el otro, la japonesa Toshiba). En ningún caso la familia está dispuesta a abandonar el control de la empresa. De lo contrario, preferiría vender.Kicillof y Giorgi encabezan las negociaciones con el grupo privado. Afuera quedó el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien en el entorno del grupo mendocino consideran uno de los responsables de la precaria situación de la empresa.Allegados a la empresa confirmaron que el Gobierno aceptó otorgarle los denominados Repro (planes de contingencia para sostener el empleo, que consisten en un subsidio del Estado de $ 2000 por trabajador).El kirchnerismo bajó a Pescarmona de proyectos hidroeléctricos cuando ya había ganado las licitaciones y hasta le pidió silencio para allanar el camino a otros constructores cuando intentó impugnar adjudicaciones de sus competidores. Ahora...