Evalúan que los countries cedan tierras para vivienda social

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una ley de promoción del hábitat popular, que tendrá fuerte impacto en el hábitat social pero también en los mercados inmobiliarios de este distrito. Los barrios cerrados, los countries, los cementerios privados y los emprendimientos de grandes superficies comerciales (superiores a 5000 metros cuadrados) deberán ceder un 10% de sus terrenos -o el equivalente de esa superficie en pesos- en favor de los municipios, que deberán destinarlos a la construcción de viviendas sociales."Puede sonar comunista. Pero sólo estamos modernizando una ley de 1977, votada (sic) durante la última dictadura", informó Gustavo Aguilera, administrador general del Instituto de la Vivienda.El funcionario, que adelantó el plan a LA NACION, agregó: "Los municipios del segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires se van a beneficiar mucho. Y los desarrolladores de barrios cerrados no se van a oponer, porque a nadie le gusta vivir en un asentamiento o tener uno enfrente de su domicilio. El problema de la vivienda lo vamos a resolver entre todos", apostó.Pero no todos están de acuerdo con contribuir a este plan propuesto por el gobierno. La Federación Argentina de Clubes de Campo puso sus reparos. "Es una locura. ¿Y los barrios abiertos no van a dejar nada para vivienda social? Una cesión del diez por ciento más que el resto de los contribuyentes no tiene sentido", opinó Jorge Juliá, gerente general de la entidad. "Esto no les va a gustar a los desarrolladores urbanísticos -dijo Juliá-. No sé si puede tener validez jurídica. Después de todo, la legislación actual (la ley 8912) ya prevé cesiones para espacios."Otros desarrolladores inmobiliarios se mostraron menos reacios al proyecto del gobierno: "Nos atenemos a la ley. Si se vota, se tendrá que contemplar. Siempre se cede una parte de tierra a los municipios", dijo Sebastián Maurette, del grupo Urruti, a LA NACION.El proyecto de ley, que incluye nuevas exigencias para countries y barrios cerrados, prevé otras reformas de alto impacto en el mercado inmobiliario: por ejemplo, incrementará fuertemente la presión fiscal sobre terrenos baldíos inutilizados. Estos impuestos se destinarán a construir urbanizaciones sociales desarrolladas por los municipios.El plan prevé, también, el cobro de una plusvalía cuando se modifiquen los usos urbanísticos. Por caso, un lote situado en zona rural que cambie su estatus a zona residencial tendrá que pagar fuertes impuestos a los...