Ética pública: la necesidad de una nueva ley

 
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Tres meses han transcurrido desde que el Poder Ejecutivo presentara en el Congreso el proyecto tendiente a sancionar una nueva ley de ética pública que contemple situaciones no previstas en normas anteriores y subsane las groseras excepciones que el kirchnerismo introdujo con el objetivo de ocultar información patrimonial a la ciudadanía, como ocurrió con los bienes de los familiares directos de los funcionarios.La ley de ética pública no es una opción en un Estado democrático moderno: es una obligación ineludible. Y, en el nuestro, importa además el cumplimiento de un mandato constitucional, ya que en la reforma de 1994 se ordenó al Congreso sancionarla. Recién en 1999 se aprobó la primera norma en la materia, pero ha quedado desactualizada por cuanto no reguló diversas situaciones que han provocado un enorme daño a la calidad de la democracia; entre ellas, prácticas como el nepotismo y las actividades privadas de los funcionarios que entran en conflictos de intereses reales o potenciales con sus gestiones públicas.De aprobarse la nueva norma, se extenderá la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas a más funcionarios de todos los poderes del Estado; respecto de los sindicatos, el proyecto dispone que quienes integren sus órganos directivos y de administración también presenten una declaración de ese tipo anualmente.El objetivo final es claro: una mayor transparencia con vistas a un mejor control ciudadano en el combate contra la corrupción pública. Contar con un instrumento adecuado también constituye una obligación de carácter internacional del Estado argentino. Su cumplimiento está directamente vinculado con la credibilidad frente a otros Estados y la confianza necesaria para atraer inversiones.Entre los aspectos más novedosos, el del combate contra el nepotismo resulta clave: según la iniciativa gubernamental, no podrán ser designados ni contratados en el Estado bajo ninguna modalidad en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones los cónyuges o convivientes ni las personas que posean vínculos de parentesco hasta el segundo grado respecto de secretarios, subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios con rango y jerarquía equivalente, secretarios de gobierno y máximas autoridades de los entes descentralizados. En el caso del presidente y el vicepresidente de la Nación, del jefe de Gabinete, los ministros y los secretarios de gobierno, la prohibición se extiende al ámbito de todo el sector público nacional. La norma...

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