Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 6 de Julio de 2021

Fecha de Resolución 6 de Julio de 2021
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita546/21
Número de CUIJ21 - 17454620 - 4
  1. 308 PS. 458/471

    En la Provincia de Santa Fe, a los seis días del mes de julio del año dos mil veintiuno, los señores Ministros doctores R.F.G., M.L.N. y E.G.S., con la presidencia de su titular doctor R.H.F., acordaron dictar sentencia en los autos caratulados "ETA GENERAL MOSCONI -SU QUIEBRA- contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO -DAÑOS Y PERJUICIOS- (EXPTE 81/14 - CUIJ 21-17454620-4) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-17454620-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores N., Falistocco, G. y S..

    A la primera cuestión -es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor N. dijo:

    Mediante resoluciones registradas en A. y S.T.3., páginas 176 y 179, esta Corte admitió las quejas por denegación de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la empresa actora y por la Municipalidad demandada contra la resolución 449, del 17 de septiembre de 2018, dictada por Cámara de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Rosario, por entender que las postulaciones de las impugnantes contaban "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaban articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación al derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de la instancia extraordinaria, sin importar con ello adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de las impugnaciones.

    El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dichas conclusiones de conformidad a lo dictaminado por el señor P. General (fs. 839/845).

    Voto, pues, por la afirmativa.

    A la misma cuestión, el señor P.d.F. y los señores Ministros doctores G. y S. expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor N. y votaron en igual sentido.

    A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor N. dijo:

    1. Sucintamente, el caso:

      1.1. La empresa actora promovió demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Rosario, con fundamento en el incumplimiento del deber ético jurídico de ésta de sostener el sinalagma contractual conforme lo acordado en el contrato administrativo de concesión de servicios públicos, por medio del cual se le adjudicaron las líneas o recorridos 129 y 130, estimando el perjuicio sufrido en $2.296.058,33, con más los intereses aplicando tasa activa para el descuento de documentos a 30 días del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. desde el incumplimiento de cada una de las obligaciones de la Municipalidad y hasta la fecha del efectivo pago (fs. 10/19v.).

      Afincó su petición en la relación contractual que la vinculara con el Municipio fruto de un contrato administrativo de concesión de servicios públicos cuya explotación le fuera adjudicada luego de un proceso licitatorio, el cual fue celebrado con el compromiso recíproco de ambas partes asegurándose al contratante la obtención de un beneficio: la "tarifa" o precio que debe pagar el usuario del servicio o bien en parte por el mismo Estado mediante una "subvención".

      La empresa afirmó que la morosidad en el procedimiento de fijación y aumento de la tarifa desarrollado desde 1994 por el Municipio concedente de acuerdo a la ordenanza 3948/85 fue irracional, infundado e insuficiente ocasionándole la pérdida de sus ingresos en más del 35% y constituyéndose en causa de los perjuicios invocados, señalando cuál tendría que haber sido el "precio justo" de la tarifa.

      Además, enunció otros factores que incidieron como causa del perjuicio reclamado, individualizando al respecto la incorporación de guardas o personal especial para el expendio de pasajes o boletos a bordo de unidades, la celebración de una serie de convenios por extensión de recorridos de líneas con Comunas o Municipios vecinos, la exención de pago de la tarifa a mayores de 69 años, la instrumentación del sistema prepago de pasajes por tarjetas magnéticas y los inconvenientes derivados de su distribución y venta.

      Concluyó en que la causa del daño o perjuicio sufrido por ella fue "...la conducta del Municipio de Rosario quien no ha cumplido con su deber de sostener el sinalagma contractual máxime cuando impuso obligaciones que hicieron más onerosa la explotación de las concesiones" conducta que se evidencia "...desde 1994 hasta el presente de la siguiente forma: aumento de costos (guardas, tarjetas magnéticas, etc.), aumento de la oferta de servicios (interurbanas haciendo tráfico urbano) y disminución de los usuarios" (fs. 17/18).

      La Municipalidad demandada, por su parte, planteó excepción de incompetencia con fundamento en que la fijación de la competencia del tribunal está dada por la pretensión deducida en la demanda y, en el caso, la actora refería a "incumplimiento contractual" reconociendo que se discutía la validez y ejecución de un contrato administrativo que vinculaba a las partes (concesión otorgada por la Municipalidad para la explotación de un servicio público) (fs. 28/31).

      Sostuvo que los eventuales conflictos entre concedente y concesionario deben tramitarse en la jurisdicción contencioso administrativa; que la invocación de un presunto daño obliga al juzgador a considerar los términos de la licitación, las cláusulas del contrato, los tramos de su ejecución y las diversas normas nacionales, provinciales y municipales aplicables que descartan el tratamiento del caso como un simple cobro de una suma de dinero; la aplicación de un precedente idéntico -"Ecobus"- mediante el cual esta Corte se pronunció por la competencia contencioso-administrativa; y la no afectación de la competencia por la falta de reclamo o agotamiento de la vía administrativa.

      1.2. El Juez de Primera Instancia rechazó con costas la excepción interpuesta (f. 38), lo que motivó la apelación por parte del Municipio, oportunidad en la cual se agravió -en lo esencial- de que el A quo efectuara una errónea configuración de la materia contenciosa; desinterpretara la pretensión actoral que estaba fundada no sólo en el presunto incumplimiento contractual, sino también en la ilegitimidad o inconstitucionalidad de las Ordenanzas que fueron estableciendo exenciones, guardas, tarjetas magnéticas y/o que en definitiva no otorgaron la tarifa que para la actora fuera rentable; y omitiera considerar que la ley 11330 (arts. 4 y 23) zanjó la discusión acerca de si el tribunal contencioso administrativo tenía facultad para fijar la reparación de los eventuales daños causados por dicho acto.

      1.3. A su turno, la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario -por mayoría- confirmó el pronunciamiento del Juez de primer grado de conocimiento (fs. 129/131), el que fue recurrido mediante remedio de inconstitucionalidad local por parte de la Muinicipalidad demandada sosteniendo -básicamente- que en el mentado caso nunca se discutió la existencia misma del contrato administrativo; que dicho vínculo siempre existió -concesión del servicio público- siendo en verdad lo que se debatió el presunto atraso tarifario, la breve existencia de guardas sobre las unidades, las exenciones, la tarjeta magnética, entre otras; que las actuaciones de las partes no pueden interpretarse sino a partir de los términos de la licitación en que participó la actora y luego del contrato que celebró con su parte, debiendo introducirse en ambos tramos del vínculo contractual para su...

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