Los estudios de lógica jurídica

Autor:Carla Faralli
Páginas:231-252
 
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En los años cincuenta la difusión de la Filosofía analítica favoreció la renovación del interés entre los filósofos del Derecho -que ya se encontraban mayoritariamente orientados a favor de una teoría formalista del Derecho de impronta kelseniana- por los estudios de lógica jurídica, entendida como lógica de las normas y/o lógica de las proposiciones normativas236.

La crisis del positivismo jurídico formalista de los últimos decenios, por otra parte, no ha implicado el abandono de la aproximación analítica que, en cambio, a través de un mayor refinamiento de sus propios instrumentos lógicos y metodológicos, ha continuado orientando la tarea de numerosos estudiosos que han mantenido vivo el interés por los es-Page 232tudios de lógica jurídica, en parte confluyentes, como se dirá, en la nueva disciplina de la informática jurídica237.

Uno de los centros de investigación más identificados con la realización de este tipo de estudios fue el Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires que dirigía, tras la retirada de Carlos Cossio, Ambrosio L. Gioja (1912-1971), un discípulo del fundador de la Escuela egológica, profesor que, con ocasión de su estancia en distintas Universidades de los Estados Unidos, había establecido contactos académicos con Hans Kelsen, y se había aproximado a la Filosofía analítica.

En torno a su magisterio, en los años sesenta, se formó una importante escuela filosófico-jurídica de orientación Page 233analítica, de la que han formado parte, entre otros, Carlos E. Alchourrón (1931-1996), Eugenio Bulygin (n. 1931), Genaro Rubén Carrió (n. 1922) y Roberto José Vernengo (n. 1926)238. Escuela filosófico-jurídica de orientación analítica, en cuyo ámbito se ha impuesto diferenciar dos corrientes: de un lado, la corriente iusanalítica de inspiración lógico- formal (Carlos Alchourron y Eugenio Bulygin) y, de otro, la corriente iusanalítica del lenguaje ordinario (Genaro Rubén Carrió, Roberto José Vernengo, Ernesto Garzón Valdés, Eduardo A. Rabossi y Carlos Santiago Nino).

Una de las obras más significativas salida de este círculo de estudiosos es la célebre monografía de Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin Normative System239 (Sistema norma-Page 234tivo). El objetivo más acuciante del primer capítulo del texto, uno de los más significativos de la extensa obra de estos dos autores, es aclarar la noción de "sistema normativo", cuya elucidación ha constituido tradicionalmente uno de los temas centrales de la Teoría general del Derecho, para analizar luego las propiedades formales de tales sistemas: completitud, coherencia e independencia. Sistema jurídico al que se define, a partir de la noción clásica de sistema deductivo, como un sistema normativo cuyos integrantes son el conjunto de los enunciados jurídicos (las normas) que constituyen la base axiomática del sistema, más todas sus consecuencias lógicas240.

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A su vez, las normas son definidas como enunciados condicionales que conectan ciertas circunstancias fácticas ("casos" o "supuestos de hecho") con determinadas consecuencias jurídicas (soluciones). A todo ello es preciso añadir que las normas son entendidas como expresiones lingüísticas, por tanto como enunciados significativos, esto es, dotados de un significado definido y constante.

La sistematización del Derecho consiste, en consecuencia, en la solución de casos genéricos mediante la derivación de las consecuencias lógicas del conjunto de las normas jurídicas, y cualquier eventual reformulación del sistema jurídico sigue siempre a la identificación y delimitación de los enunciados de base axiomática.

La noción de sistema jurídico como conjunto de normas que tienen una conexión significativa entre sí permite, además, redefinir de un modo riguroso los conceptos de "plenitud" y "coherencia", en base a los cuales es posible obtener nociones adecuadas de laguna e incoherencia (antinomia) del sistema241. Se puede decir, en efecto, que existe una laguna en relación Page 236con un caso cuando éste carece de una solución, porque el Derecho no lo contempla y no es posible conectar al supuesto de hecho consecuencia alguna . Un sistema normativo, por tanto, se dice incompleto si y sólo si contiene al menos una laguna. Existe, en cambio, incoherencia del sistema jurídico cuando un sistema atribuye a un caso dos o más soluciones incompatibles entre sí, de modo tal que la conjunción de las soluciones origina una contradicción normativa o antinomia.

Como ha recalcado Alchourrón en uno de sus últimos ensayos242, la lógica puede ser usada para valorar la coherencia y la plenitud de un sistema jurídico, pero no sirve de ayuda en absoluto cuando se trata de remediar lagunas o incoherencias. La solución no puede ser sino de naturaleza estrictamente jurídica. De hecho, ligado al problema de las lagunas jurídicas se encuentra el de la naturaleza de la decisión judicial, que es abordado por ambos autores en la última parPage 237te de Normative System. Allí se califica a la solución de conflictos como uno de los objetivos fundamentales del Derecho. Para su realización no basta el sistema jurídico llamado "primario", consistente en el conjunto de las normas que dan solución a los casos genéricos, sino que es necesario introducir la llamada jurisdicción obligatoria. Ésta permite distinguir el sistema primario, dirigido a los sujetos jurídicos, del "secundario", dirigido a los jueces. Entre las normas que establecen obligaciones para los jueces se encuentran la que les impone la obligación de juzgar y la que les impone la obligación de fundamentar sus decisiones en el Derecho. Dicha norma constituye, por tanto, una trabazón entre el sistema primario y el secundario.

El ideal deductivista, que según Alchourrón y Bulygin caracteriza esencialmente a la Ciencia jurídica, nace de razones, ya teóricas ya políticas, sintetizables en tres principios:

1) el principio de inevitabilidad (unavoidability), según el cual los jueces tienen la obligación de resolver todo caso susceptible de ser integrado en su propia esfera de competencia (tal principio sigue evidentemente al de jurisdicción obligatoria antes referido);

2) el principio de justificación, según el cual los jueces deben justificar las propias decisiones y probar su carácter no arbitrario; y finalmente,

3) el principio de legalidad, según el cual las decisiones judiciales deben fundarse en las leyes estatales.

Tales principios se unen a los postulados de plenitud y coherencia del sistema jurídico, que pueden garantizar, junto a los primeros, lo que está implícito en el concepto mismo de sistema jurídico, esto es, los ideales políticos de seguridad e igualdad formal. El postulado de completitud hace que el contenido de una decisión judicial sea una consecuencia lógica de las premisas que la fundan.

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Sin embargo, dado que un sistema es el conjunto de las normas, esto es de los significados de las expresiones lingüísticas del texto legislativo, surge la bien conocida dificultad derivada de la ambigüedad y de la vaguedad intrínseca al lenguaje natural. Esta consideración es el motivo de la inclusión en las temáticas de Alchourrón de la noción de la llamada "defectuosidad" (defeasibility) del razonamiento normativo en general y en particular del razonamiento jurídico-normativo243. Tal característica se refiere al dato de que el razonamiento jurídico se basa sobre premisas revisables, y que en cualquier controversia jurídica se dan contrastes y valoraciones que conducen a conclusiones sólo provisionales, muchas veces fundadas sobre indicaciones limitadas y hasta incoherentes. Las premisas, de hecho, no están constituidas sólo por normas abstractas y generales, que puedan de cualquier modo entender condiciones no expresamente formuladas, sino que consisten también en la exposición del caso singular que es fruto de una indagación inductiva, dotada de validez sólo probable. El carácter provisional de las conclusiones de la argumentación jurídica por eso es debido a la singular combinación de reglas y excepciones muchas veces implícitas en la norma.

Por muy somero que sea el análisis de las aportaciones de Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin al tratamiento de esta polémica, se aprecia en qué medida ambos autores desplazaron de manera progresiva su interés por el sistema en cuanto tal, a la actividad de sistematización mediante la que los juristas lo construyen. Circunstancia que explica la im-Page 239portancia que su contribución posee también en el ámbito de los estudios acerca del razonamiento jurídico.

Entre los estudiosos europeos que se han ocupado de la lógica jurídica se impone recordar aquí a Lars Erik Gustav Lindahl, Arend Soeteman, Ota Weinberger y Georg Henrik von Wright -uno de los pioneros de la lógica jurídica en los años cincuenta del pasado siglo-.

Gran parte de la producción del profesor de Filosofía teórica de la Universidad de Uppsala Lars Erik Gustav Lindahl (n. 1936)244 tiene por objeto la aplicación de la lógica formal a cuestiones estrictamente jurídicas, o bien a temáticas que, superponiéndose de diversos modos a los usuales desarrollos autónomos de la lógica deóntica, asumen su específica situación dentro de la Teoría del Derecho y, en particular, del análisis formal de los conceptos jurídicos fundamentales. Resulta a este respecto especialmente relevante la teoría de las "condiciones jurídicas" (legal positions) que Lindahl ha venido desarrollando desde los años setenta del siglo pasado, en línea con las aportaciones que sobre el tema le suministraran algunos trabajos pioneros de quien fue Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Uppsala, Stig Gustav Kanger (n. 1924)245. En ellos Lindhall trataba de Page 240aplicar y de combinar armónicamente la lógica deóntica y la lógica de la acción, en aras a una formalización de lo que Wesley Newcomb Hohfeld definiera, en los dos celebrados ensayos que publicara en The Yale Law Review, como "conceptos jurídicos...

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