Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Mayo de 2022, expediente CAF 006482/2021/CA001

Fecha de Resolución17 de Mayo de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

7678/2021 Estrada, M.M. c/ EN- M Desarrollo Productivo Sec Industria Economía del Conocimiento y Gestión Comercial y otro s/

Medida Cautelar (autónoma)

Buenos Aires, 17 de mayo de 2022.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

  1. Que con fecha 8/04/2022 el señor juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora -

    conforme lo dispuesto en los considerandos que anteceden– y ordenó a la Dirección General de Aduanas –con carácter de medida cautelar preventiva– que se abstenga de exigir a la aquí actora la presentación de la SIMI identificada como Nº 21001-SIMI- 192472M y 21001-

    SIMI168970S, con el estado de “salida”, y la autorización de la Licencia No Automática, prevista en la Resolución Conjunta General 4185-E/18 y en la Resolución Nº 523-E/17; y, en consecuencia, permita la oficialización del despacho de importación, continuación de su tramitación, liberación a plaza de la mercadería y su comercialización.

    Ello, sin perjuicio de que despachada a plaza la mercadería, se continúe con el trámite de oficialización de la declaración aludida. Rechazó la medida cautelar contra el BCRA.

    Fijó una caución real de $ 100.000.

    Para así resolver, sostuvo que en lo que respecta a lo afirmado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el sentido de se encuentra en estado “BAJA ART 6” la solicitud de Licencia no Automática requerida por la parte actora, debido a los requerimientos de información y documentación efectuados a la accionante, con fundamento en lo normado en la Resolución Nº 523-E/17, resaltó que la Excma. Cámara del Fuero, Sala V, al emitir pronunciamiento en una causa análoga a la presente, entendió que peticiones como las efectuadas por aquél resultaban dilatorias respecto de lo establecido en el artículo 3, apartado 2, del Acuerdo Sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, aprobado con la sanción de la Ley 24.425, que establecía que los procedimientos de trámite de licencias no automáticas no entrañarán más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la medida. Asimismo, resaltó que el artículo 3, apartado 5, inciso “f”, de dicho Acuerdo, establecía un límite máximo de 30 días Fecha de firma: 17/05/2022

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    para analizar la solicitud presentada y la posterior expedición por parte de la autoridad de aplicación respecto al trámite iniciado; destacando, que si se adoptara una solución distinta se correría innecesariamente el riesgo de dilatar el trámite, con la grave consecuencia de la postergación cardinal del principio de instrucción de oficio. En este punto, señaló que el artículo 5, de la Resolución Nº 523-E/2017, establecía que la autoridad de aplicación podía requerir al importador –en cualquier instancia del trámite– información o documentación sobre cualquier aspecto de la operación o sobre la mercadería involucrada, como solicitar la intervención de los organismos técnicos competentes, o tomar antecedentes de fuentes informativas propias o de terceros y requerir, de así estimarlo, las aclaraciones del caso.

    En virtud de lo expuesto, consideró que parecía desprenderse que la facultad del organismo se circunscribía a aspectos referidos a las licencias no automáticas de importación, mas no a otro dato extraño a la operación. Por lo demás, destacó que no resultaba óbice de lo expuesto el hecho de que en el artículo 6, de la Resolución SCI Nº 523-E/2017, se haya previsto que vencido el plazo otorgado para el cumplimiento de los requerimientos efectuados sin que exista respuesta por parte del interesado, se procederá a la baja automática de los trámites iniciados.

    Ello así, pues conforme lo referenciado en los párrafos que anteceden, los requerimientos contenidos en la Resolución SCI Nº 523-E/2017, podían ser entendidos como una restricción dilatoria respecto de lo establecido en el artículo 3, apartado 2, del Acuerdo Sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, aprobado con la sanción de la Ley 24.425. En virtud de todo lo expuesto, entendió que no podía sino concluirse que la pretensión efectuada por la parte actora en esa instancia judicial, se sustentaba en un derecho verosímil, debiendo ponderarse que también se encontraba configurado el requisito del peligro en la demora, lo que habilitaba a acceder al dictado de la medida cautelar requerida, en tanto la paralización de la importación podría acarrear una pérdida de muy dificultosa reparación, toda vez que la conducta de los demandados impedía la comercialización y el recupero del flujo de negocios, encontrándose – así– cumplidos los recaudos exigidos por los artículos 4 y 13, inciso 2, de la Ley 26.854.

    Fecha de firma: 17/05/2022

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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  2. Que contra dicha resolución con fecha 12/04/2022 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional- DGA, el que fue concedido en relación y con efecto devolutivo el 18/04/2022. Con fecha 19/04/2022

    expresó agravios, los que fueron contestados por la contraria el 29/04/2022.

    Asimismo, con fecha 19/04/2022 interpuso recurso de apelación el Estado Nacional-Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el que fue concedido con fecha 25/04/2022 en relación y con efecto devolutivo.

    Con fecha 3/05/2022 expresó agravios, los que fueron contestados por la contraria el 6/05/2022.

  3. Apelación del Fisco Nacional (DGA):

    Sostiene la recurrente que los cuestionamientos formulados por la actora no versan sobre ningún hecho reprochable a su parte, ni tampoco respecto de la legalidad, constitucionalidad o razonabilidad del dictado de sus resoluciones.

    Menciona que, en realidad, todo el cuestionamiento versa sobre la supuesta tardanza por parte de la SIECYGCE, o la falta de comunicación de los motivos por los cuales se habría observado la declaración jurada en el SIMI.

    Entiende que, en este orden de ideas, es evidente que su parte no puede emitir opinión sobre estas circunstancias, por cuanto las mismas resultan ajenas a su competencia.

    Aduce que el decisorio le causa agravio al impedir que la Dirección General de Aduanas cumpla con las funciones que la ley le asigna. La supuesta demora en la tramitación del SIMI o la falta de comunicación de los motivos de las observaciones de las operaciones aduaneras no resultan endilgables a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que las mismas se encuentran observadas por la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.

    En tales condiciones, precisa que de ello, claramente se observa que la petición de la actora está dirigida a la SIECYGCE, pero sin embargo el a-quo le exige el cumplimiento de la manda cautelar a su parte.

    Expone que se ve agraviada al no poder cumplir con las funciones de control internacional de mercaderías que la legislación le asigna,

    siendo que la resolución que dispone la medida cautelar, se sostiene en Fecha de firma: 17/05/2022

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    un reproche dirigido al accionar de una entidad administrativa ajena a su esfera de competencia.

    Entiende que, resulta contradictorio que la resolución en crisis por un lado reconozca expresamente que la demora en expedirse sobre la causales de las observaciones son atribuibles a otro organismo, y sin embargo, obligue a su parte al cumplimiento de una manda cautelar que le impide el ejercicio de las atribuciones que le fueran asignadas por ley y,

    que fueran debidamente reglamentadas por las Resoluciones cuestionadas, máxime cuando las mismas, no han merecido en la sentencia en trato, reproche alguno en orden a su legitimidad y constitucionalidad.

    En este sentido, destaca que la normativa reglamentaria, objeto de autos, responde al principio de legalidad puesto que no se torna contraria a norma de carácter superior alguna y, no impone rigideces adjetivas innecesarias, procurando precisamente alcanzar un objetivo de bien común.

    Manifiesta que, en otro orden, como principio, los actos de la administración no resultan revisables por vía judicial, salvo aquellos casos que resulten manifiestamente ilegítimos. Ello busca evitar que se paralice su actividad propia en el ejercicio de sus funciones, resultando un riesgoso antecedente a aplicarse a futuras presentaciones de distinto o igual tenor, que vulnera el derecho de su parte a aplicar la normativa vigente.

    Señala que, en resumen, tal como surge del análisis de los requisitos imprescindibles para el dictado de las medidas cautelares en general, resulta que en la especie no se han configurado ninguno de los elementos necesarios para la obtención de la misma.

    Se agravia del análisis efectuado por el magistrado de grado sobre la verosimilitud del derecho.

    Esgrime que, en primer lugar, es menester tener presente que conforme lo manda el Decreto 618/97 (B.O.14/07/97), en su art. 3°, será

    la Administración Federal de Ingresos Públicos, en particular, la Dirección General de Aduanas, el ente de ejecución de la política aduanera de la Nación aplicando las normas legales correspondientes, entre otras. En el inc. b), del mismo artículo en comentario, le confiere la potestad del Fecha de firma: 17/05/2022

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

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    control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas legales respectivas.

    Hace hincapié en que no ha existido en el accionar de su parte ningún atisbo de ilegalidad o arbitrariedad. Las Resoluciones Generales dictadas por la AFIP, lejos de resultar...

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