Un esquema de peajes que nunca logró tener un destino

El sistema de concesiones viales no encuentra su rumbo. No hay posibilidades de que en la Argentina de las crisis económicas recurrentes se arme un esquema a largo plazo que permita proyectar una mejora sustancial en las rutas argentinas.La infraestructura, y los caminos en particular, requiere horizontes lejanos y decisiones de inversión constantes. Las obras tardan en realizarse y, además, salen mucho dinero. Sin crédito, con poca caja del fisco y con la imposibilidad de generar flujos propios, el sector parece condenado al bacheo.Se hace lo que se puede mientras hay plata. Luego, se corta el presupuesto cuando llega algún ajuste fiscal y se retoma al tiempo. Claro, el asfalto se desmejora y las obras que eran necesarias se tornan casi de emergencia. No hay manera de generar un tiempo de impronta constructora en las rutas argentinas.Esta vez, la mitad de los corredores que pensaban explotarse con el sistema de participación público-privada (PPP) ya no se licitarán. Al menos por ahora. Vencidas las concesiones, lo que se utiliza es una figura conocida: el Estado asume los empleados y la operación. El Gobierno aclara que es temporal, pero en estas cosas nunca se sabe.La decisión es un acto de puro sinceramiento. No es posible negociar con un privado para que haga obras en una ruta y que las financie con su dinero o de un banco, en realidad- a cambio de una promesa de un bono o un pagaré del Estado.Las razones son varias. No es factible que alguien preste dinero para hacer este tipo de inversiones millonarias. Con un riesgo país por encima de los 2000 puntos, aun en el caso de que algún trasnochado lo preste, sería prácticamente impagable. O por lo menos tan caro que quedaría fuera de cualquier esquema de conveniencia.Pero aun si ese osado financista aceptase poner los dólares, salvo que sea un prestamista individual, tendría otro problema. Las normas internacionales de compliance, una suerte de protocolo de transparencia de las corporaciones financieras internacionales, impiden prestarles a empresas que están sospechadas de casos de corrupción. Ninguna de las que trabajan en las concesiones viales está fuera del caso de los cuadernos. Entre los alrededor de 130 empresarios procesados, varios de ellos con elevación a juicio ya firmado, se cuentan todos los actores del mundo vial. Estas constructoras están fuera del sistema bancario internacional.Pero aunque se lograra dispensar todas estas cosas -que el lector no crea que se trata de ciencia...

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