Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV–, 11 de Mayo de 2012, expediente 14.631

Fecha de Resolución11 de Mayo de 2012
EmisorSala IV–

Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 14.631 –Sala IV– C.N.C.P.

ESPÓSITO, L.L. s/recurso de casación REGISTRO N° 268/12

la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de del año mil dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores J.C.G. y G.M.H. como Vocales,

asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora N.A.P., a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 143/148 de la presente causa N.. 14.631 del registro de esta Sala, caratulada: “ESPÓSITO, L.L. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 16 de la Capital Federal,

en la causa N.. 2089 de su registro, con fecha 8 de agosto de 2011, resolvió: “

I.-

REVOCAR la SUSPENSIÓN DEL PROCESO Nº 2089 a PRUEBA dispuesto a fs. 94/100 vta. puntos 1º), 2º) y 3º) respecto de L.L.E. y,

REANUDAR el trámite de la causa según su estado –cfr. fs. 77.-

II.- CITAR a L.L.E., al domicilio constituído, a fin de que se presente a derecho, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde y de ordenase su inmediata captura (…)” (cfr. fs.41/41 vta.).

II. Que contra dicha resolución la señora Defensora Pública Oficial,

doctora C.L.M., asistiendo a L.L.E., interpuso recurso de casación (fs. 143/148), que fue concedido a fs. 150/150 vta..

III. Que la recurrente encauzó su agravio por la vía prevista en el inciso 2º del artículo 456 del C.P.P.N..

En primer término, señaló que el derecho de defensa de E. se vio afectado por la imposibilidad de dar explicaciones respecto del “denominado”

incumplimiento del pago de la reparación que oportunamente fuera fijada, vía que se encuentra expresamente contemplada en la regulación del instituto en cuestión,

en el artículo 515 segundo párrafo del digesto de rito.

Que de la simple lectura de la norma se advierte que no se trata de una “posibilidad” pues no implica la concesión que los jueces realizan a los 1

imputados sino el acto específico en el que se ejerce el derecho de defensa luego del cual –indefectiblemente- el tribunal se encuentra en condiciones de arribar a una resolución de una magnitud tal como la pérdida del beneficio.

En este sentido, citó doctrina, y afirmó que se arribó a la resolución ahora recurrida mediante la violación del procedimiento previsto legalmente pues no se cumplió con la audiencia personal prevista en la que “el probado” tiene la posibilidad de dar las explicaciones que le sean requeridas y que considere necesarias.

Indicó que resulta contradictorio con el sistema de garantías arribar a una decisión tan trascendente como lo es la pérdida de un beneficio por su revocación, sin contar con la intervención del interesado. En este sentido, realizó

un paralelismo con la situación de quien no es habido y se dispone su rebeldía (artículo 288 y ss. del C.P.P.N.), pues si esta es declarada en juicio su efecto es la suspensión del mismo respecto de quien fue decretada, encontrándose su fundamento en el derecho de defensa, ya que ninguna decisión puede tomarse en ausencia de quien será el directo y exclusivo destinatario de sus consecuencias.

Aúno a lo expuesto que la celebración de la audiencia prevista en el artículo 515 del código de procedimiento se encuentra reconocida no sólo por doctrina y jurisprudencia –citadas en el escrito de nulidad- sino también por la Cámara Nacional de Casación Penal; y a que a ello debe sumarse el criterio adoptado por la regla 14.3 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) que prevé que el fracaso de una medida no significará automáticamente la revocación de la suspensión a prueba.

De esta forma, al verse privado de la posibilidad de explicar el incumplimiento, E. vio afectada la oportunidad de poner fin al proceso por la vía que había optado, por lo que aparece evidente la necesidad de escuchar sus dichos, previo a resolver sobre la continuidad del beneficio, lo cual no puede equipararse en modo alguno a una intimación formal.

Así, recordó que –conforme a la doctrina- el incumplimiento de pago para ocasionar la revocación del beneficio debe revestir la característica de “malicioso”, por lo que al haber desechado el tribunal la posibilidad de finalización del proceso a través de la extinción de la acción penal, produjo una 2

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ESPÓSITO, L.L. s/recurso de casación severa afectación del derecho de defensa de su asistido.

Por último, destacó que pese a lo afirmado por el a quo, la intimación al domicilio constituido de E. no fue cursada correctamente, pues fue dirigida a la dependencia a su cargo, cuando el imputado constituyó domicilio en la sede que interviniera anteriormente.

En segundo término, cuestionó que el tribunal haya adoptado una resolución excediendo su jurisdicción en virtud de que a la fecha de las intimaciones cursadas a E., el término de la suspensión de juicio a prueba se encontraba vencido y, aún más, de acuerdo con las constancias del expediente, las reglas fijadas se hallaban cumplidas.

En este sentido, recordó que el beneficio fue concedido el 8 de agosto de 2005, habiendo operado su vencimiento el 7 de agosto de 2007 y el tribunal comenzó las citaciones el 17 de septiembre de 2010.

Por ello, entendió que la interpretación que debe primar en este caso,

en el que existió una deficiente administración de justicia patentizada en la prolongada sujeción al proceso del nombrado sin que medie una resolución definitiva, debió implicar la adopción de criterios que eliminen toda posibilidad de perjuicio al imputado. En el caso en estudio, la cuestión acerca de la posibilidad de extinción de la acción penal debió ser evaluada en el momento en que venció el término dispuesto para la suspensión, lo que incluye también la intimación de presentación del sometido a proceso.

En definitiva, concluyó que el 7 de agosto de 2007 por imperativo legal se extinguió la acción en las presentes actuaciones por cumplimiento de las condiciones que fueran fijadas y por la imposibilidad de afirmar la existencia de antecedente condenatorio alguno, y esto, más allá del déficit jurisdiccional que no lo declaró oportunamente.

Por lo expuesto, solicitó que se haga lugar al recurso e hizo reserva de caso federal.

IV. Que, luego de realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis del C.P.P.N., en función del artículo 454 del C.P.P.N. (texto según ley 26.374),

quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores G.M.H., J.C.G. y Mariano H.

Borinsky.

El señor juez G.M.H. dijo:

I.L. se agravia la defensa de L.L.E. en que la revocación de la suspensión de juicio a prueba recurrida violó lo dispuesto por el artículo 76 ter, párrafo cuarto del C.P.P.N., ya que habiendo transcurrido el tiempo por el cual se la otorgó, el a quo debió disponer su sobreseimiento por extinción de la acción penal la que operó de pleno derecho. Asimismo, sostuvo por un lado, que no se brindó al nombrado la posibilidad de ser oído (artículo 515

del C.P.P.N.), y en este sentido, indicó que la intimación efectuada al domicilio constituído no se realizó correctamente, por lo que se afectó su derecho de defensa; y por otra parte, que el incumplimiento de pago alegado para ocasionar la revocación del beneficio debe revestir la característica de “malicioso”. Por último,

la defensa cuestionó que el tribunal haya adoptada una resolución excediendo su jurisdicción, pues a la fecha de las intimaciones cursadas, el término de la suspensión de juicio a prueba se encontraba vencido.

II.a. A efectos de realizar un adecuado análisis de los cuestionamientos efectuados por el recurrente, cabe recordar el trámite que se dio a las presentes actuaciones.

Las mismas se iniciaron el 1 de febrero de 2005 por ante la Seccional 40º de la P.F.A. y ese día por encontrarse reunidos los extremos a los que alude el artículo 294 del C.P.P.N. se ordenó recibir declaración indagatoria a L.L.E. (cfr. fs. 30).

El 3 de febrero del mismo año se ordenó su procesamiento sin prisión preventiva del nombrado por considerarlo coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (artículos 45 y 166, inciso 2º, último párrafo del C.P. –cfr. fs. 49/53 vta.-).

Luego, con fecha 15 de febrero de 2005 obra el requerimiento de elevación a juicio de las actuaciones y con fecha 11 de marzo de dicho año se citó

a las partes a juicio (artículos 346 y 354 del C.P.P.N. respectivamente –cfr. fs.

59/65 vta. y 71-).

El 7 de julio de 2005 se designo la audiencia prevista en el artículo 293 del digesto de rito (cfr. fs. 89), cuya acta obra agregada a fs. 93/93 vta.,

Cámara Federal de Casación Penal Causa N° 14.631 –Sala IV– C.N.C.P.

ESPÓSITO, L.L. s/recurso de casación siendo que el 8 de agosto de dicho año el T.O.C. Nro. 16 de la Capital Federal resolvió: “1º) SUSPENDER EL PROCESO Nº 2089 A PRUEBA por el término de DOS AÑOS, respecto de L.L.E. (…) 2º) ACEPTAR

como monto de reparación el ofrecido en la audiencia de la que da cuenta el acta de fs. 93/vta., esto es la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150), pagadera en tres cuotas mensuales y consecutivas de cincuenta pesos cada una ($50), dentro de los diez días de quedar firma la presente; 3º) IMPONER a LUIS LEONARDO

ESPOSITO, las siguientes reglas de conducta, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 76 ter, en función del art. 27 bis, ambos del Código Penal, por el plazo de dos años: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de un P.. b)

Concurrir a la Parroquia Virgen de los Desamparados (…), a razón de ocho horas mensuales para realizar tareas no remuneradas en el área que le sea designada”

(cfr. 94/100 vta.).

El 28 de octubre de 2010 el a quo...

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