Sentencia nº 252 de Cámara de lo Contencioso Administrativo - Santa Fe, 16 de Diciembre de 2016

Presidente17/17
Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2016
EmisorCámara de lo Contencioso Administrativo - Santa Fe

A y S, tomo 51, pág. 6/15

Santa Fe, 16 de diciembre de 2016.

VISTOS: Estos autos caratulados "ESCOBAR AUTOMOTORES S.A. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA" (Expte. C.C.A.1 n° 252, año 2016), venidos para resolver; y,

CONSIDERANDO:

I.1. La firma "Escobar Automotores S.A." interpone medida cautelar autónoma contra la Provincia de Santa Fe, tendente a que se ordene a la Dirección de Comercio Interior y Servicios de la Provincia que aplique el decreto 4174/15 a la vía impugnativa formulada por su parte contra la resolución 33/16; se abstenga de exigirle el pago previo de la multa; y, subsidiariamente, se le restituyan las sumas que tenga que abonar en concepto de multas, con más intereses.

En primer lugar, solicita que esta Cámara se declare competente para resolver la presente medida cautelar.

Al respecto señala que la Dirección de Comercio Interior y Servicios dictó la resolución 33/16 por medio de la cual le impuso una multa de $ 50.000 por la supuesta infracción al artículo 4 de la ley 24.240, le exigió el pago previo de la misma como requisito de admisibilidad recursiva y ordenó la publicación de la sanción.

Indica que se trata de una multa impuesta por una autoridad administrativa provincial en ejercicio del poder de policía no delegado al Gobierno Federal; y que las reglas aplicables al proceso de impugnación de la resolución 33/16 son las propias del Derecho Público Provincial de la Provincia de Santa Fe (art. 93 de la Constitución provincial) que requiere el agotamiento de la vía administrativa.

Menciona que el artículo 45 de la ley 24.240 creó un sistema recursivo sobre materia propia y exclusiva reservada por la Provincia de Santa Fe; y que las acciones administrativas allí previstas son una expresión de la potestad administrativa sancionatoria no relacionadas en forma directa con la satisfacción del interés del consumidor sino con el ejercicio efectivo del poder de policía dentro del territorio provincial al haberse asignado a la Dirección de Comercio Interior y Servicios las funciones de control, juzgamiento y sanción de las transgresiones previstas en la ley 24.240.

Cita jurisprudencia de las tres Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad relativa a la incompetencia del fuero civil y comercial para entender en esta materia; y de la Corte federal referida a la competencia provincial para recurrir las multa establecidas en la ley 24.240.

Considera que se configura un supuesto de denegación de justicia porque no se le permite cuestionar la multa en forma directa ni agotar la vía administrativa previa para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa por vía recursiva.

Estima que es imperativo el despacho favorable de la presente medida cautelar a fin de garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva debido a que las Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial se declaran incompetentes y a que para que se declare la admisibilidad de un recurso contencioso administrativo es necesario agotar la vía administrativa previa.

Cita jurisprudencia de esta Cámara relativa a que su eventual incompetencia no es obstáculo para el ejercicio de su jurisdicción cautelar.

Relata que el 6.9.2016 se le notificó la resolución 33/16, dictada por la Dirección de Comercio Interior y Servicios, mediante la cual se le impuso una multa de $ 50.000, se le exigió el pago previo de la misma como requisito de admisibilidad recursiva, se ordenó la publicación de la sanción y se le informó que el proceso recursivo es por ante la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

Agrega que el 7.9.2016 presentó un pedido cautelar previo (art. 91 del decreto 4174/15) por el cual solicitó se le exima del pago previo de la multa, se suspenda la publicación ordenada, se le otorgue la prórroga de los plazos en los términos del artículo 19 y se le imprima al trámite recursivo el procedimiento establecido en el decreto 4174/15.

Precisa que la demandada rechazó el pedido de eximición del pago de la multa, concedió la prórroga de plazos y la suspensión de la publicación pero nada dijo respecto de la aplicación del procedimiento impugnativo previsto en el decreto 4174/15.

Entiende que el rechazo de la medida cautelar intentada en sede administrativa la obliga a solicitar el presente pedido cautelar en sede judicial.

Con relación al fumus boni iuris invoca la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 45 de la ley 24.240 al procedimiento administrativo local.

En ese sentido dice que el pago previo de la multa exigido vulnera las facultades reservadas por las Provincias (arts. 5, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional) y la presunción de inocencia.

Observa que esta Cámara tiene la potestad de efectuar el control de constitucionalidad sobre el procedimiento administrativo aplicado en ejercicio de las potestades...

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