Un escándalo que nadie puede frenar

 
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Con apenas diez días de vida, el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno acaba de alcanzar una categoría desconocida en la historia de la corrupción argentina: por su propia dinámica, contexto y características, no hay nadie en condiciones de frenarlo. Esta presunción, demoledora para el olfato empresarial, multiplicó en las últimas horas la urgencia del establishment por presentarse en Comodoro Py. No es altruismo: es miedo a la onda expansiva. Un exquisito del lenguaje podría incluso objetar la palabra elegida para la figura jurídica con que algunos han elegido colaborar: más que arrepentidos, parecen presentarse como rehenes de situaciones que ponían en riesgo desde negocios hasta la seguridad física.Pero Claudio Bonadio no es confesor sino juez. En sus manos están los alcances de una investigación que perturba incluso a sectores del Gobierno. ¿Qué macrista estaría en condiciones de afirmar que, en el futuro, arrinconado, un arrepentido no involucrará a funcionarios de la administración actual? Es la primera conclusión que surge al hablar con abogados y consultores que, convocados por contratistas de obra pública, e incluso antes de saber si serán o no citados, tienen ya delineadas estrategias de contingencia: dirán que ese era el único modo de trabajar en la Argentina desde hace décadas. Arrepentido estaba Raskólnikov en Crimen y castigo.El cataclismo los tomó por sorpresa. "Estamos todos en un pequeño quilombo", dijo a la nacion un contratista. Superadas rápidamente las dudas de quienes observaban que los originales de los cuadernos siguen sin aparecer, el punto de inflexión llegó esta semana, con la aparición de Techint como protagonista de la operatoria. No solo porque es el grupo empresarial más importante del país, sino porque la declaración de sus imputados, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, empezó a poner en duda el principal argumento que venían dando en las empresas, que era el suministro de bolsos como contribución de campañas electorales. Es cierto que ningún funcionario pediría aportes para comprarse un tres ambientes en Miami, pero el eufemismo tiene además una lógica jurídica: los aportes ilegales violan la ley electoral y se castigan con una pena de 3 años de prisión, mientras que las figuras de soborno y asociación ilícita prevén sanciones mayores: de 1 a 6 y de 3 a 10 años, respectivamente.Los pagos que Techint acepta haberle hecho al kirchnerismo para conseguir que le gestionara ante Hugo Chávez la indemnización...

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