Escándalo jurídico vs. defensa en juicio. —A propósito del cese de la preeminencia temporal y sustancial de la sentencia penal sobre la civil—

Autor:Hugo F. Conterno; Ariel A. G. Macagno
Páginas:23-34
RESUMEN

1. El caso. 2. La sentencia del tribunal. 3. Principios generales que rigen la materia: Requisitos que hacen a la aplicación de la norma. 4. Tesis sobre prejudicialidad penal: a) Tesis de la conexidad; b) Tesis de la identidad. 5. Examen de la sentencia reseñada: Procedimiento argumentativo. 6. A modo de epítome.

 
ÍNDICE
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1. El caso

El actor interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del juez a quo que determinó que la existencia de una acción penal obsta el pase a fallo de la causa y el dictado de una sentencia.

Tal decisión encuentra fundamento normativo en lo establecido por el art. 1101 del Cód. Civil, que establece un principio de carácter procesal que, por su vinculación de orden público, debe ser aplicado de oficio por los jueces del juicio.

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2. La sentencia del tribunal

La Cámara hizo lugar a la apelación deducida por la parte actora y en consecuencia ordenó al primer sentenciante proveer al llamamiento de autos.

Los fundamentos vertidos por el tribunal pueden compendiarse como sigue:

i) Que el art. 1101, primera parte, del CC, introduce una excepción al principio de independencia de las acciones. Ergo, como toda excepción, merece ser objeto de una interpretación estricta. Tal es así, que el precepto debe ser dejado de lado en casos donde se lesiona severamente el derecho de defensa en juicio, en los cuales entran a operar normas y principios prevalecientes.

ii) Que ninguna norma sienta una preeminencia indiscriminada de los pronunciamientos penales sobre los civiles. Por el contrario, la regla general es la autonomía de fueros, que se explica por la diversidad de las materias y de las finalidades perseguidas en la sustanciación de las causas que deben ventilarse en cada uno de ellos. Por ello, no cabe duda de que, tratándose de la relación entre jurisdicciones autónomas, debe entenderse de manera estricta todo lo que entrañe una limitación al libre ejercicio de cada una, sea por vía de la paralización en el despliegue de las atribuciones del magistrado, sea por la de preeminencia sustancial de algunos pronunciamientos sobre otros.

iii) Que asignando carácter amplio a la aplicación del art. 1101 del CC, puede evitarse el escándalo de sentencias contradictorias, pero se consuma un escándalo todavía más grave, cual es el de postergar en el tiempo la dilucidación de una situación jurídica de derecho privado, con relación a la cual se ha peticionado amparo jurisdiccional. El imperativo de evitar una injustificada morosidad de ese género, debe prevalecer sobre el supuesto escándalo que puede ocasionar la contradicción entre dos pronunciamientos jurisdiccionales. Más vale brindar justicia, aunque no sea perfecta, que postergarla de modo excesivo, subordinando la actividad del magistrado de un fuero a la mayor o menor celeridad en la sustanciación del procesoPage 25 dirigido por el de otro. Por otra parte, a esa morosidad se agrega la esterilidad cuando, como ocurre con frecuencia, la acción penal se extingue por prescripción. No hay escándalo jurídico más grave que el de afectación del derecho de defensa en juicio.

iv) Que la relatividad del alegado escándalo por contradicción entre sentencias es soslayado por el legislador, salvo supuestos especiales (art. 1104, CC), en la relación inversa entre sentencia civil y penal. Efectivamente, de los arts. 1105 y 1106 del CC surge que si la sentencia civil es previa, ninguna preeminencia ejerce sobre la penal posterior, y cabe que se dicten pronunciamientos contradictorios, inclusive en cuanto a la existencia o no del hecho base de ambos juicios, sin que esto constituya motivo de invalidez de ninguna de aquellas decisiones.

v) Que para la aplicación del art. 1101 del CC, la identidad fáctica debe ser total, tanto desde una perspectiva objetiva como subjetiva, aludiendo en esta segunda hipótesis a quien reviste la calidad de legitimado pasivo en el juicio civil. En otros términos, si en el proceso resarcitorio no ha sido demandado quien es procesado en la causa penal, y aunque el hecho motivo de la acción civil sea básicamente el mismo, nada impide dictar sentencia en este proceso. Las llamadas excepciones a la excepción delineada en la primera parte del art. 1101 (incs. 1 y 2 de la segunda parte) ratifican dicha interpretación: si en caso de fallecimiento o de ausencia del “acusado”, es factible dictar sentencia civil, con mayor razón debe ser ello admisible cuando dicho acusado no es parte en este otro juicio, por lo cual resulta del todo indiferente cuál llegue a ser su suerte en el proceso penal. Es decir, constituye tácita pero inequívoca premisa que exista un acusado también demandado en el juicio resarcitorio.

vi) Que un fuero no puede quedar aprisionado ni condicionado a la eventual morosidad de otro, cualquiera sean las justificaciones o las explicaciones para tamaña tardanza. El art. 18 de la Const. Nacional reza: “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. Y, desde luego, la primaria proyección de ese derecho de defensa es el acceso a la jurisdicción, sin dilaciones excesi-Page 26vas susceptibles de generar gravámenes adicionales a los que ya son motivo de reclamación ante la justicia.

vii) Que como insoslayable imperativo axiológico, las sentencias deben ser razonablemente oportunas. Se dice que la justicia lenta no es justicia, a lo cual puede agregarse que a veces se traduce en rotunda injusticia o denegación de justicia, sea porque el tiempo ha consumado una situación injusta, sea debido a que se han agravado las lesiones motivo de reclamación, y hasta por el peso síquico y económico que enfrentan las personas que piden justicia, sobre todo si son de condición humilde o si quedan en situación de carencia o de invalidación con motivo de un hecho lesivo. La litigiosidad prolongada es insalubre y adversa a los tiempos vitales de los seres humanos, máxime si se trata de víctimas de daños injustos.

3. Principios generales que rigen la materia

Acorde con lo establecido por el art. 1101, primer párrafo, del CC, “Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal […]”.

La mecánica instaurada por la ley, importa un fenómeno de prelación (prejudicialidad) entre la suerte de la acción penal y la pretensión resarcitoria civil inherente al mismo ilícito. Esta pauta encuentra sustento en la necesidad de dotar al sistema de seguridad jurídica, evitando sentencias contradictorias.

En la actualidad, está fuera de discusión el rango que posee la norma en examen. En este sentido, puede aseverarse que el precepto es de orden público y por ende de carácter imperativo. Tal circunstancia...

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