Sentencia definitiva nº 4076/05 de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Febrero de 2006

Fecha de Resolución 8 de Febrero de 2006
EmisorTribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E.. n° 4076/05 "La Escalera Norte S.A. c/ GCBA s/ daños y perjuicios

(excepto resp. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido"

Buenos Aires, 8 de febrero de 2006

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

  1. La Escalera Norte S.A. planteó una demanda contra el Gobierno de la Ciudad con motivo de los daños y perjuicios que le habría ocasionado la rescisión unilateral del contrato de concesión de uso de bienes del complejo Costanera Norte Espigón, dispuesta por el J. de Gobierno mediante el decreto nº 152/97 (fs. 181/97).

    En lo que interesa, la Procuración General opuso la excepción de inadmisibilidad de la instancia. Adujo que la accionante no agotó la instancia administrativa y que el juicio fue promovido cuando ya había operado el plazo de caducidad de la acción (fs. 201/30).

    La jueza de primera instancia desestimó la excepción y declaró habilitada la instancia (fs. 294).

  2. La sentencia fue apelada por la parte demandada.

    La Sala I de la Cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo y T. expresó que "si bien la accionante no cuestiona la rescisión del contrato, afirma que el acto que la dispuso (decreto nº 152/97) se encuentra viciado en la causa, la motivación y la finalidad (art. 7, incs.

    'b', 'e' y 'f', LPA), a punto tal que sería de 'legitimidad aparente' (fs.

    186, último párrafo)". Asimismo, la alzada sostuvo que "La procedencia de la reparación patrimonial reclamada presupone declarar la nulidad del acto, que excluye la indemnización pretendida por cuanto califica como culpable a la conducta del concesionario" y que "la pretensión resarcitoria conlleva además, de manera implícita, una pretensión impugnatoria del acto que dispuso la rescisión del contrato que unía a las partes, y la estimación de esta última es condición indispensable para el progreso de aquélla". Afirmó que en tanto "la demanda contiene una pretensión impugnatoria -cuyo acogimiento es condición indispensable para la procedencia de la reparación pecuniaria también pretendida por la demandante- (...) cabe concluir que no se encuentran reunidas las condiciones de ejercicio de la acción procesal administrativa y, por lo tanto, corresponde denegar la habilitación de la instancia judicial".

  3. La parte actora interpuso el recurso de apelación ordinario previsto en el art. 26, inc. 6, ley n° 7, el que fue concedido por la Sala interveniente. En el memorial de agravios sostiene, centralmente, que la sentencia de Cámara es errónea en cuanto considera que la parte articula una pretensión impugnatoria del acto de rescisión. Reitera que demanda la responsabilidad por los daños que le ocasionó el acto, sin desconocer la licitud del obrar administrativo.

    Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General Adjunto destaca, en primer término, la mutación de la argumentación de la actora durante el proceso (cf. fs. 371); en segundo término, él propicia el rechazo del recurso ya que la admisibilidad de la pretensión resarcitoria requiere analizar la causa invocada por el Gobierno para rescindir el contrato, y ello supone la impugnación del acto administrativo.

    Fundamentos:

    El juez J.B.J.M. dijo:

  4. El art. 38 de la ley n° 402 dispone que, en el recurso ordinario de apelación, "el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en el art. 26 inc. 6) de la ley n° 7 modificado por el art. 2 de la ley n° 189". A su vez, esta norma establece que el Tribunal conoce "en instancia ordinaria de apelación en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de pesos setecientos mil ($700.000)".

    Por ende, como lo expresé en mi voto en la causa "Ingeniería Gastronómica S.A. c/ Dirección General de Rentas (Res. nº 5277/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido" expte. nº 3226/04, sentencia del 17 de marzo de 2005, "[s]on así condiciones de admisibilidad del recurso ordinario de apelación que la Ciudad sea parte, que el valor disputado sea superior a $700.000 y, conforme lo tiene dicho este Tribunal, que el recurso se dirija contra una sentencia definitiva".

    En este juicio, (a) la Ciudad es parte demandada, (b) la sentencia recurrida pone fin al juicio -aunque no resuelve el fondo de la causa-, (c)

    dicho pronunciamiento tiene, además, un contenido patrimonial determinado y

    (d) la parte actora ha planteado el recurso ordinario de apelación en un asunto en el que el importe que discute en último término supera el exigido por ley.

  5. Escalera Norte S.A. se agravia porque la sentencia afirma que la pretensión resarcitoria por ella planteada lleva implícita una pretensión impugnatoria del acto que dispuso la rescisión del contrato, atribuyéndole culpa. La recurrente afirma que "nos encontramos frente a un supuesto en donde no cuestionamos la legitimidad del decreto 152/97, sino que perseguimos el reconocimiento de un derecho preexistente nacido en el marco de la relación contractual" (fs. 355).

    Si bien es cierto que la actora ha tenido una posición cambiante en la argumentación que desarrolla en los escritos anteriores en lo atinente a la regularidad del acto de rescisión, como es correctamente advertido por el Sr. Fiscal General Adjunto (fs. 370 vuelta), no es menos cierto que La Escalera Norte S.A. en la demanda no solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo. Ni al describir el objeto de su demanda, ni al formular sus peticiones, ella requiere un pronunciamiento que se expida sobre la validez del decreto rescisorio.

    Las causas de invalidez del acto mencionadas por la actora -que la Cámara indica en el fallo impugnado- forman parte de la argumentación que ella expone en su demanda. Pero La Escalera Norte S.A. no concreta un pedido al tribunal para que declare la invalidez del acto. Entonces, "la petición, en términos claros y positivos" exigida como requisito de la demanda en el art. 269, inc. 8, del CCAyT, no expresó, en el caso, una pretensión impugnatoria o anulatoria del acto administrativo involucrado.

    Es claro que la pretensión impugnatoria se encuentra sujeta a un plazo de caducidad que estaría largamente vencido al momento de entablarse la demanda. Por tal razón la actora insiste en que ella no ha planteado una demanda que incluya una pretensión de ese tipo. Las dudas que respecto del alcance de su demanda podrían surgir si se consideran los argumentos que aluden a vicios del acto, deben decidirse a favor de admitir la demanda ante la insistencia de la parte actora (expresada en el recurso que interpuso) para que se le permita debatir con la accionada el derecho que invoca y obtener del tribunal una sentencia de mérito.

  6. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve, en su preámbulo, una democracia fundada -entre otros valores- en "la justicia", por lo demás, en el art. 12, inc. 6, garantiza "el acceso a la justicia de todos sus habitantes" y en el artículo 13, inc. 3, la "inviolabilidad de la defensa en juicio". Por consiguiente, los jueces deben efectuar una aplicación razonable de las reglas que establecen los requisitos de admisión de las demandas y extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción

    (principio pro actione).

    No obstante aquello que antecede, resulta claro que la garantía de protección judicial "debe considerarse satisfecha con la obtención de una resolución fundada en derecho, que puede ser de inadmisión o desestimación por algún motivo formal cuando concurra alguna causa legal y así lo acuerde el tribunal en aplicación razonada de la misma" (cf. J. G. P., El derecho a la tutela jurisdiccional, Ed. Civitas, Madrid, 1984, p. 30 y ss., sin énfasis en el original). La aplicación razonada de la ley por los jueces (a la que hace referencia el autor mencionado), que es exigible para dar por terminado el proceso en la etapa de admisión, no debe resolverse sobre la base de argumentos que están vinculados con la procedencia de fondo o fundabilidad de la pretensión.

    La alzada consideró que al demandarse el pago de daños y perjuicios por la rescisión del acto de concesión, con fundamentos en razones que hacen a la validez del acto o del ejercicio de la potestad rescisoria, debía darse cumplimiento al art. 4 del CCAyT, que establece, en lo pertinente: "No puede demandarse autónomamente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por actos administrativos que se reputen ilegítimos sin haberse impugnado, en tiempo y en forma, el acto que se pretende lesivo". Mas, en el caso, la Sala consideró "implícita" la pretensión impugnatoria, ya que ella no forma parte de la petición "en términos claros y positivos" efectuada por la parte (art. 269, inc. 8, ya citado). La actora niega, en forma expresa, pretender la declaración de invalidez del decreto n° 152/97 y reitera que su reclamo indemnizatorio es autónomo de cualquier declaración de invalidez, nulidad o ilegitimidad. Esta circunstancia es de máxima relevancia para decidir si se habilita o no la instancia administrativa.

  7. Tal como la actora formula sus pretensiones, no es exigible, para habilitar la instancia judicial, la impugnación del acto administrativo rescisorio.

    Esta afirmación nada anticipa respecto de si, de acuerdo con las circunstancias del caso, esa impugnación no debió ser cumplida para que, en su caso, la demanda pueda prosperar; o sobre si ella expone un supuesto de responsabilidad del Estado por actividad lícita que obligue a indemnizar.

    Esta decisión sólo habilita a llevar adelante el juicio, con el encuadre que pretende asignarle la parte actora...

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