Otro escándalo, ahora en una secretaría de la Presidencia

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide admitió, haber abortado un allanamiento tras recibir una llamada telefónica del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi, sacó de las sombras a este personaje, el número dos de la secretaría que encabeza Carlos Zannini. También sacó a la luz la relación de Liuzzi con el dueño de la mutual allanada, Guillermo Greppi, donde se cambiaban cheques, quien avisó a Liuzzi del procedimiento.Lo que tal vez Oyarbide no previó fue que su actuación totalmente irregular permitiría atisbar otro eventual foco de corrupción oficial que, al margen del escándalo generado por este juez al que el Gobierno por todos los medios procura salvar en el Consejo de la Magistratura, debe ser investigado.Para empezar, El juez lo ha negado, pero en 2012 Oyarbide lo había sobreseído de la acusación de enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans. Tras el episodio del allanamiento que ordenó y frustró este juez, el fiscal federal Patricio Evers le pidió que reabriera aquella investigación. Oyarbide, siempre parado en la vereda de las sombras, se negó. La suerte de esa causa la decidirá la Cámara Federal. Monner Sans volvió a la carga y pidió investigar nuevamente a Liuzzi, pero el sorteo envió su denuncia al juzgado de Oyarbide, quien se excusó de intervenir. A cargo del sumario quedó, finalmente, el juez federal Julián Ercolini.Tampoco hay que olvidar la causa en la cual Oyarbide había ordenado el allanamiento a Propyme y a otras 21 entidades. En ese sumario se investigaban supuestos casos de lavado de dinero. Si había pruebas en Propyme, se perdieron para siempre cuando Oyarbide abortó el allanamiento. Luego del escándalo, el magistrado abandonó el expediente, que por sorteo le correspondió a su colega Ercolini.A su vez, el frustrado allanamiento dio origen a otra investigación, centrada en los procederes de Oyarbide y Liuzzi. Ambos resultaron imputados por el fiscal Ramiro González.Mientras esta constelación de expedientes se expandía, Clarín reveló que Liuzzi habría faltado a la verdad en su declaración jurada de bienes del año pasado, en la que aseguró que poseía en Mendoza un campo de 200 metros cuadrados, que valuó en 903.540 pesos. Sin embargo, el funcionario tendría allí un campo de 101 hectáreas. Tampoco se caracterizarían por su claridad los datos que brindó sobre sus departamentos en Puerto Madero. Entre 2003, cuando asumió de la mano de Zannini, y...

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