Es hora de actualizar los instrumentos internacionales contra la corrupción

Evo Morales, Hugo Chávez y Daniel Ortega, gobernantes de los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

En marzo de 1996 se firmaba la Convención Interamericana contra la Corrupción en la órbita de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el primer instrumento de carácter internacional en la materia. En aquel momento, se trataba de promover, desde un organismo multilateral, el combate a toda forma conocida de fraude contra los Estados del continente, habida cuenta de que los gobiernos improbablemente tomarían esa iniciativa por sí mismos. Los malos gobernantes no quieren que los controlen y los buenos suelen creer que no lo necesitan.

Difícilmente alguien pueda avanzar más allá de su momento histórico y, aun así, la convención contenía cláusulas innovadoras: se incorporó el delito de soborno transnacional, por iniciativa de la delegación de los Estados Unidos, y se requirió el compromiso de legislar el enriquecimiento ilícito, a pedido de la Argentina, que ya lo tenía en su Código Penal. También se estipuló que no sería aplicable el secreto bancario contra las investigaciones por corrupción y se impulsó una docena de medidas preventivas, entre las que figura la protección a los denunciantes.

Todavía no había llegado Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela ni había vuelto Daniel Ortega a Nicaragua. Más aún, la convención partió de la ampliación de un pedido del entonces presidente venezolano Rafael Caldera, quien solicitó que se negara asilo político a los gobernantes y funcionarios imputados por delitos vinculados con fraudes contra la administración pública. Lamentablemente, el mismo mandatario que propuso esta gran iniciativa había indultado, dos años antes, al teniente coronel Hugo Chávez por su intento de golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Así comenzó a incubarse el huevo de la serpiente en el país con mayor tradición democrática de América del Sur.

Tampoco había llegado el kirchnerismo al gobierno de la Argentina, con un modelo de corrupción que ya había practicado en Santa Cruz, su provincia, y que implicaba un cambio de naturaleza respecto de las formas de fraude puestas en juego hasta 2003. Ya no se trataba únicamente de pedir sobornos, sino de apropiarse de sectores de la economía nacional, de empresas estatales y privadas, también de crear compañías con el único propósito de acaparar el dinero destinado a la obra pública. El pueblo argentino sufrió la expoliación puesta en...