Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 26 de Abril de 2010, expediente 459/2009

Fecha de Resolución26 de Abril de 2010

Poder Judicial de la Nación Año del B. 1810-2010

doba, 26 de abril de dos mil diez.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “AGÜERO, Carlos Alberto -

EXCARCELACIÓN” (Expte. N° 459/2009), venidos a conocimiento a esta Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 26 de junio de 2009, por la señora Defensora Pública Oficial “Ad-hoc”,

doctora M.R., en ejercicio de la defensa técnica del imputado C.A.A. (fs. 15/vta.), en contra de la resolución dictada con fecha 04 de junio de dos mil nueve por el Titular del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad (n°

255/2009), obrante a fs. 9/11vta. del presente incidente, en cuanto dispone “RESUELVO:

  1. DENEGAR el beneficio de excarcelación a favor de C.A.A., filiado en autos principales (art. 319 del C.P.P.N.). PROTOCOLÍCESE,

    HAGASE SABER Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.-”.

    Y CONSIDERANDO:

  2. Que con fecha 04 de junio de 2009 el titular del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad dispuso denegar el beneficio de la excarcelación al imputado C.A.A..

    El Magistrado instructor al fundamentar su decisorio señaló que, de conformidad a las prescripciones de los arts. 316 y 317 del Ritual, teniendo presente la escala penal prevista para los delitos por los que se encuentra imputado el prevenido, la excarcelación no sería procedente,

    además destacó la imposibilidad de que el imputado acceda al beneficio de la condena de ejecución condicional.

    Luego el magistrado instructor hizo mención de diversos precedentes de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal en autos “Kosik”, “Macchieraldo”, “Balanovsky”,

    P.

    , “B.”, destacando además el criterio plasmado en el fallo dictado por ese Alto Tribunal en autos “Galeano”.

    En cuanto al prevenido A. hizo alusión a sus antecedentes penales y a su planilla prontuarial, además tuvo en cuenta que no es la primera vez que A. tiene conflictos con la ley 23.737, circunstancias que lo llevaron a sostener que existe la posibilidad que vuelva a cometer Autos: “AGÜERO, C.A. - EXCARCELACIÓN” (Expte. 1

    N° 459/2009)

    nuevos delitos relacionados con la ley citada, y,

    consecuentemente enendió que no hay garantías de que A. no intentará eludir el accionar de la justicia y darse a la fuga.

    Finalmente el juzgador tuvo presente la especial gravedad de los delitos que se le atribuyen a A. “Producción de estupefacientes Calificada” y “Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización”, los cuales afectan principalmente la salud pública y consecuentemente la seguridad común de la población. Además señaló que en caso de recaer condena en los presentes autos, la misma deberá ser de cumplimiento efectivo.

  3. En contra de tal decisorio interpuso recurso de apelación la señora Defensora Pública Oficial Ad. H.,

    doctora M. delV.R., en ejercicio de la defensa técnica del imputado C.A.A. (fs. 15/vta.).

    El recurrente expresó que el juzgador en el decisorio impugnado no respeta el principio de inocencia consagrado en el art. 18 de la C.N., y tampoco respeta lo dispuesto en el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal en autos “D.B.”.

    Por otra parte señaló que la apreciación efectuada por el magistrado instructor sobre los antecedentes de A. por infracción a la ley 23.737 constituye un pronóstico discriminatorio, contrario a los derechos constitucionales y normativa institucional sobre derechos humanos.

    Habiendo sido concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado C.A.A., las presentes actuaciones fueron tramitadas en esta Alzada de conformidad al art. 454 del C.P.P.N. y del Acuerdo N° 276/2008 de este Tribunal.

    Que con fecha 16 de setiembre de 2009 la señora Defensora Pública Oficial, doctora M.M.C. presentó informe en los términos del artículo 454 del C.P.P.N, mediante el libelo obrante a fs. 21/25, sosteniendo que su defendido se encuentra agraviado por la resolución en crisis, objeto de estudio en el presente recurso de apelación.

    Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario 1810-2010

    Sostuvo que el juzgador ha efectuado una errónea interpretación y aplicación de la ley, en virtud que menciona el plenario de la C.N.C.P. en autos “D.B.” pero no lo ha aplicado.

    Que en autos no existe riesgo o peligrosidad procesal, por lo que el criterio del Juzgador, además de haber sido desestimado por la C.N.C.P. en el fallo citado,

    importa además un ejercicio arbitrario por infundado de la potestad punitiva estatal y además violatorio del estado de inocencia, debido proceso legal reconocido por nuestra Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, de los que surge que la libertad debe ser la regla y el encarcelamiento preventivo la excepción que se debe dictar en casos fundados de peligro concreto de entorpecimiento de la investigación o intención de sustraerse a la acción de la justicia (fuga).

    USO OFICIAL

    Que el encarcelamiento en los presentes autos no es necesario, indispensable ni proporcionado. Fundamentó tal afirmación señalando que los argumentos del juzgador para denegar la excarcelación son la calificación legal de los delitos imputados y su especial gravedad; que el prevenido tiene antecedentes; y que en caso de recaer condena en los presentes autos la misma será de cumplimiento efectivo.

    Respecto a la afirmación de que el prevenido registra antecedentes, ello por si solo no obsta a la concesión de la excarcelación solicitada. Es decir, el juzgador ha valorado que A. tiene antecedentes penales pero no ha establecido como, de que manera dicho antecedente influirá en los presentes obrados. Así sostuvo que el razonamiento del sentenciante es mas próximo al derecho penal “de autor” que al derecho penal de “acto” consagrado por nuestro ordenamiento legal.

    Que la circunstancia de que en caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo, no fundamenta ni demuestra la procedencia del encarcelamiento cautelar.

    En cuanto a la especial gravedad de los hechos atribuidos, que afecta la salud pública y la seguridad común,

    tampoco alcanza para demostrar, en concreto, la necesidad de Autos: “AGÜERO, C.A. - EXCARCELACIÓN” (Expte. 3

    N° 459/2009)

    la detención cautelar, última ratio en materia de medidas cautelares.

    Que la gravedad de los delitos investigados ha sido desestimada por la C.S.J.N. como fundamento válido de la detención cautelar “MASSERA, Emmilio s/incidente de excarcelación”.

    Que en cuanto a las circunstancias personales que realiza el sentenciante, no hay valoración en concreto,

    fundada, de cómo podría darse el supuesto entorpecimiento o peligrosidad procesal del prevenido en estos autos.

    Que toda la construcción argumental del juzgador revela un prejuicio negativo y su voluntad de encarcelar a toda costa y a cualquier precio.

    En conclusión, la doctora C. entendió que el fallo en crisis no se ajusta a las previsiones del sistema jurídico vigente ya que en autos no existe la pretendida peligrosidad procesal inferida por el sentenciante, debiendo ser revocado, y dictándose la inmediata libertad del prevenido por inexistencia de riesgo procesal.

    Finalmente dejó planteada la cuestión federal que se suscita con motivo de la arbitrariedad por fundamentación aparente del fallo opugnado, a fin de ocurrir ante el Máximo Tribunal Nacional (art. 14 Ley 48) para el hipotético caso de una resolución adversa a sus defensa.

  4. Que habiendo efectuado el sorteo para determinar el orden de votación en el presente pronunciamiento conforme certificación de fecha 06 de octubre de 2010 (fs. 27):

    El señor Juez de Cámara doctor I.M.V.F. dijo:

    Previo a analizar el caso de autos, corresponde dejar sentado desde el principio las directrices jurídicas trazadas por el suscripto en torno a la libertad de las personas durante la sustanciación del proceso penal.

    A).- En este orden, desde el 14 de diciembre de 2007 en autos “PADOVAN en BRUNO LABORDA” L° 276 F° 163 (y luego también “LARDONE en RODRÍGUEZ” L° 278 F° 27; LARDONE en ROMERO” L° 278 F° 46; “PADOVAN en RÍOS” L° 278 F° 124;

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    DIEDRICHS

    L° 280 F° 51; “VILLANUEVA” L° 280 F° 89, entre otros tantos), sostengo que la detención preventivamente de las personas debe ser resuelta teniendo en cuenta como criterio directriz la magnitud del riesgo procesal en el caso concreto.

    En efecto, en los citados precedente he afirmado que de acuerdo al principio de inocencia que informa el espíritu y la letra de la normativa constitucional, la excarcelación constituye un derecho que asiste al imputado en virtud de lo prescripto por el art. 18 de nuestra Carta Magna, así como también por los Tratados Internacionales incorporados al texto constitucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22).

    Tal principio importa, como es sabido, una presunción en favor de quien haya sido acusado de un delito y,

    conforme a ello, el imputado habrá de ser considerado inocente USO OFICIAL

    mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. Esta exigencia impide, pues, que se trate como culpable a una persona sospechada de haber delinquido aún por la supuesta comisión de ilícitos de lesa humanidad, en la medida en que un tribunal competente no se haya pronunciado a través de una sentencia que afirme su culpabilidad e imponga una pena de privación efectiva de la libertad ambulatoria.-

    Ciertamente, la calidad de presunto inocente de todo imputado conlleva el derecho a permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso y, en consecuencia, ello impone ciertas limitaciones al uso de la coerción preventiva o cautelar por parte del Estado, en el marco de un proceso penal. No obstante lo cual, y desde que en nuestro sistema legal no existen derechos y garantías absolutos sino que el ejercicio de los mismos ha de corresponderse con las leyes que los reglamentan, es preciso decir que la concesión de la excarcelación —o, bien, de la exención de prisión— no tiene lugar en forma...

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