Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Marzo de 2017, expediente L. 116955

Presidentede Lázzari-Genoud-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución29 de Marzo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de marzo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde L., G., P., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.955 "E., H.L. contra D.S.L.S. y otro. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo N° 2 del Departamento Judicial Lomas de Z. acogió la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 442/461).

La codemandada Liberty ART SA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 483/510 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 518 y vta.

Dictada la providencia de autos (fs. 557), sustanciados los traslados que, en razón del dictado de la ley 14.399 y la vigencia del nuevo Código C.il y Comercial, se ordenaron a fs. 558 y vta. y 581, respectivamente, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. En lo que interesa para la resolución del litigio, el tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda deducida por H.L.E. contra Liberty ART SA, a quien condenó a pagar tanto las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, cuanto -solidariamente con el empleador, y con fundamento en el art. 1074 del anterior Código C.il- la diferencia entre el importe de aquéllas y la reparación integral de los daños derivados de las enfermedades que contrajo mientras se encontraba trabajando bajo dependencia de la coaccionada D.S.L.S..

    1. Con base en los elementos probatorios que indicó, ela quojuzgó acreditado que el actor padece de artrosis de columna lumbar (dolencia que lo incapacitó en un 15% de la total obrera) y de várices bilaterales (patología que le ocasionó una minusvalía del 4% del mismo índice), enfermedades que consideró causalmente vinculadas a las labores desarrolladas por el trabajador (vered., fs. 439/441 vta.).

    2. Puesto a analizar inicialmente -con arreglo a los lineamientos que se desprenden de la doctrina legal elaborada por esta Corte en las causas L. 81.216 "Castro" (sent. de 22-X-2003) y L. 87.394 "V., d.C., M.C. (sent. de 11-V-2005)- la responsabilidad sistémica de la aseguradora de riesgos del trabajo, y, tras precisar que el contrato de afiliación suscripto entre ambas codemandadas se encontraba vigente al momento de la toma de conocimiento de la incapacidad (febrero de 2008), resolvió que aquélla debía ser condenada a abonarle al actor la indemnización prevista en el art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557 (aunque, por un error mencionó el art. 15 ap. 2 del mismo texto legal, ver fs. 445).

      Explicó el sentenciante que no obstaba a dicha solución la circunstancia de que las enfermedades referidas no estuviesen previstas en el listado regulado por el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo y el decreto 658/96. Fundó tal decisión en el precedente "S. c/ Unilever" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 18-XII-2007), en cuanto resolvió que"aunque una enfermedad laboral no esté incluida en el listado de enfermedades de la LRT confeccionado por el PEN, si se demuestra que dicha enfermedad está vinculada causalmente a la actividad laborativa, corresponde la indemnización sobre la base de las disposiciones del derecho civil", doctrina judicial que reputó extensible al ámbito de la responsabilidad sistémica, en la inteligencia de que la solución al problema de las enfermedades laborales no listadas"debe construirse a partir de la aplicación de los principios de la seguridad social, que apunta al reconocimiento y la cobertura de los riesgos de subsistencia"(sent., fs. 445).

      Sentado ello, al momento de cuantificar la indemnización especial, consideró que debía liquidarse con arreglo a las pautas previstas en el decreto 1694/09, ascendiendo por tanto su importe a $ 47.402.

      Con apoyo en las citas doctrinarias y jurisprudenciales que invocó, estimó que el mentado reglamento resultaba aplicable al caso, aun cuando no se encontraba vigente al momento en que el actor tomó conocimiento de la incapacidad, toda vez que -puntualizó- la actuación de una nueva ley a los casos pendientes no importa su aplicación retroactiva cuando -como ocurrió en el caso- el crédito del accionante no había sido cancelado a la fecha de su sanción, alterándose de ese modo sólo los efectos en curso de la relación nacida bajo los efectos de la ley antigua (sent., fs. 445 y vta.).

    3. Posteriormente, tras juzgar acreditada la responsabilidad civil del empleador, presupuestar en la suma de $103.500 la cuantía de la reparación integral y declarar la inconstitucionalidad del art. 39 ap. 1 de la ley 24.557, condenando a la codemandada D.S.L.S. a abonar la diferencia entre dicho importe y la indemnización prevista en la ley 24.557 ($ 103.500 - $ 47.402 = $ 56.098; sent., fs. 445 vta./448 vta., aspectos del fallo que arribaron firmes a esta Corte, desde que el empleador no recurrió la sentencia), el tribunal juzgó configurada la responsabilidad civil de la aseguradora de riesgos del trabajo, a quien extendió solidariamente la condena fundada en el derecho común.

      Destacó inicialmente ela quoque, tal como se desprende del art. 4 ap. 1 de la ley 24.557, el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo establece una corresponsabilidad entre el empleador y las aseguradoras de riesgos del trabajo, por lo que, a partir de la sanción de esa norma, el patrón ha dejado de ser el único sujeto obligado en materia de prevención de riesgos, lo que conlleva a que la omisión o el cumplimiento deficiente de tales deberes por parte de las aseguradoras puedan generar su responsabilidad extrasistémica, previa comprobación de un nexo de causalidad eficiente con el daño sufrido por el trabajador. Acto seguido, precisó que la doctrina legal de esta Corte que identificó (causa L. 103.075 "V., sent. de 21-XII-2011, entre otras, ver fs. 449) ha desterrado la supuesta -y, en rigor, inexistente- "imposibilidad jurídica" de condenar a las aseguradoras de riesgos del trabajo por fuera de los límites sistémicos, razón por la cual, si el diagnóstico, vigilancia y prevención están a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, no existe razón alguna para liberarla de responsabilidad si no realiza debidamente tales labores, incumpliendo el mandato legal, y si esa omisión contribuye a generar un daño en la salud del trabajador.

      Luego, aplicando al caso los lineamientos señalados, consideró que en autos resultó plenamente demostrado que los incumplimientos en los que incurrió Liberty ART SA guardaron un nexo causal con las dolencias que padece el trabajador.

      En ese sentido, enunció que la aseguradora codemandada cometió las siguientes irregularidades: (a) no cumplió con la Resolución 43/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en lo que respecta a los exámenes médicos que deben practicársele al trabajador, toda vez que -por un lado- el preocupacional reconoce que ingresó sano y apto aunque no le efectuaron los análisis que prescribe el anexo I de esa normativa, y -por el otro- los exámenes periódicos (sólo se agregó una historia clínica y una orden sin resultados del año 2008) y el post-ocupacional resultaban totalmente insuficientes para cumplir con la manda legal impuesta sobre la aseguradora, que es sobre quien recae la tarea de determinar la periodicidad de los exámenes médicos, así como los estudios específicos a realizar en función de los distintos agentes de riesgo. Explicó en tal sentido el tribunal que la realización de una única e incompleta evaluación en el año 2005 para un trabajador que se desempeñó durante 5 años (2003/2008) aparecía como exigua, provocando la imposibilidad de adoptar medidas tendientes a disminuir, mitigar o eliminar los riesgos a los que se encuentran sometidos los operarios reactoristas; (b) no adjuntó el legajo de salud del trabajador que hubiese permitido acreditar la evolución de las patologías padecidas (art. 9, ley 19.587); (c) no proveyó de una faja de seguridad al operario; (d) no entregó copia de los resultados de las evaluaciones médicas, incumpliendo con la obligación establecida en el art. 3 de la Resolución 320/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

      Ponderó el juzgador que tales inobservancias, junto con otras de carácter general, demostrativas de la violación del deber consagrado en el art. 31 de la ley 24.557, sumadas asimismo al hecho de que la empleadora fue calificada como "empresa testigo" por la Resolución 700/00 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (lo que implica que incurrió en un alto grado de siniestralidad, superior al 10% del estrato al que pertenece), generaron la condición eficaz para provocar las enfermedades que afectan al actor, desde que la conducta que omitió la aseguradora hubiera resultado apta para detener o modificar el curso de los hechos que culminaron dañando al dependiente. Máxime cuando -agregó- aun cuando la aseguradora pretendiera eximirse de responsabilidad alegando que no recae sobre ella la obligación de realizar el examen médico inicial (que es un deber del empleador) debió denunciar ese incumplimiento, que no pudo desconocer al momento en que la empresa dio de alta al trabajador.

      Sobre esa base, el tribunal condenó a Liberty ART SA a resarcir -solidariamente con el empleador- al actor por los daños derivados de las enfermedades padecidas, al haber omitido el cumplimiento de las obligaciones de previsión asignadas por el art. 4 de la ley 24.557 (sent., fs. 448 vta./450).

    4. Finalmente, en lo que respecta a los intereses, el tribunal diferenció la forma de calcularlos, con arreglo a los siguientes lineamientos:

      (i) En lo concerniente al importe que condenó a pagar a ambas codemandadas en concepto de saldo de la reparación...

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