Al enemigo, ni justicia... ni derechos humanos

Se aproxima el fin de año. Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión personal, la intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales, brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre repetidas.

En este contexto: ¿ mayores de 70 años, algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de los 1800 detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra antisubversiva que ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, . Ya han muerto 267 en cautiverio, entre los cuales se cuentan muchos casos atribuibles a desatención, abandono de persona o negligencia médica.

¿Valdrá la pena recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en hospitales, si sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios esenciales?

En democracia es importante señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones planteadas por la UBA.

La declaración de inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que paradójicamente sirve de cortina de humo...