Encuentran pruebas clave del nexo comercial entre los Kirchner y Báez

Cristina Kirchner dice que no, pero que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

"Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.

Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.

La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.

Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí "no...