Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Noviembre de 2001, expediente L 62014

Presidente:Negri-Hitters-Salas-de Lázzari-Pettigiani-San Martín-Laborde-Pisano-Ghione
Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2001
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 21 de noviembre de dos mil uno, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN.,H.,S.,de L.,P.,S.M.,L.,P.,G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 62.014, “E., D.D. contra Municipalidad de Berisso. Enfermedad accidente”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de La Plata acogió parcialmente la demanda promovida; con costas a cargo de la parte demandada.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 146/150, y la demandada hizo lo propio a fs. 153/157.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 146/150?

    En su caso:

  2. ) ¿Lo es el de fs. 153/157?

    V O T A C I O N

    A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

    Sí, lo es.

    1. Como sostuve en las causas L. 51.220, sent. del 10-VIII-1993; L. 53.823, sent. del 7-III-1995, a mi juicio la declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.

      En tales condiciones soy de opinión que la aplicación de la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil en el caso debe ser reprochada constitucionalmente respecto del importe fijado de A 20.000 porque el mantenimiento de su valor nominal en el tiempo posterior sin modificaciones hasta setiembre de 1990, sin contemplar ciertamente el proceso hiperinflacionario ocurrido en ese período -julio 1989/agosto 1990- arroja, según la regla del art. 8 de la ley 9688 (t.o., ley 23.643) un resultado económico que desvirtúa la naturaleza resarcitoria que procura la disposición legal.

      En el “sub examen” no puede válidamente aceptarse la automática aplicación del monto nominal fijado deA20.000 en la resolución 7/1989 para el cálculo de la indemnización tarifada de la ley 23.643, pues se traduce en un flagrante despojo del resarcimiento querido por el legislador vulnerándose derechos de raigambre constitucional, como lo son los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la C.itución de la Nación.

      Por ello considero necesario en el caso declarar inaplicable el valor nominal de A 20.000 fijado por la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil. Propugno en consecuencia para establecer la base de cálculo se siga el criterio señalado por esta Corte en la causa L. 49.637, sent. del 8-IX-1992, actualizándose el importe antes citado del salario mínimo, vital y móvil de A 20.000, desde el 1-VIII-1989 hasta la fecha en que el actor tomó conocimiento de su incapacidad (mes de mayo de 1990) resultando la aplicación del índice del salario del peón industrial el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura (conf. doct. causa citada).

      En función de ese mecanismo, tomando como base de cálculo el salario mínimo vital y móvil de mayo de 1990 de A 341.816 el tope indemnizatorio arroja un total deA88.872.160 ($ 8887,21).

    2. En tales condiciones debe dejarse sin efecto el tope de $ 520 fijado en el pronunciamiento de origen y establecerse como tope legal a aplicarse el de $ 8887,21.

      En la instancia de origen se practicará la pertinente liquidación.

      Así lo voto.

      A la misma primera cuestión planteada, el señor J.d.H. dijo:

    3. Se cuestiona el decisorio en cuanto se dispuso la reducción del monto de condena a la suma de $ 520, por aplicación de la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil.

    4. En asuntos similares al aquí ventilado he sostenido que si la parte no denuncia la inconstitucionalidad de la norma aplicada en el fallo y que le origina un agravio,el órgano jurisdiccional no puede resolverlo de oficio(conf. causas L. 57.824, sent. del 28-V-1996, L. 60.034, sent. del 29-IV-1997; L. 58.056, sent. del 14-VI-1996).

      Y esa postura la he asumido en contra de mi opinión -aunque dejándola a salvo- ya que desde la perspectiva doctrinal siempre he estado en las antípodas, pues considero que no existe óbice alguno para que en el campo impugnativo, elad quemdecrete oficiosamente la falta de acomodamiento de las normas inferiores al esquema superlegal, en la medida que la parte -obviamente- haya demostrado el agravio que le causa el decisorio atacado (conf. mi voto en causa L. 60.034, sent. del 29-IV-1997).

      Mas como la propia Corte Federal ha juzgado desde antiguo que los magistrados judiciales no están potenciados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, esto es sin petición expresa del litigante (“Fallos”, 282:15; 289:89; 303:715; 305:303 y 2047; 306:303; etc.), me he ceñido a esa jurisprudencia, por provenir del más alto órgano de justicia de la Nación (conf. mis votos en causas L. 62.510, sent. del 10-III-1998, “D.J.B.A.”: tomo 154, pág. 367; L. 63.603, sent. del 2-IX-1997; L. 58.207, sent. del 20-V-1997, “D.J.B.A.”: tomo 153, pág. 117, entre otras).

      En síntesis, la Corte Suprema fijó la doctrina en el sentido que no es factible disponer la inconstitucionalidad sin solicitud del litigante; empero en causas similares a la aquí ventilada ha casado las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (conf. causas L. 53.824, sent. del 7-III-1995 y L. 60.034, sent. del 29-IV-1997) que acataron esa doctrina (conf. “Fallos”, cits.).

      Es de destacar que el Tribunal que integro viene diciendo desde hace tiempo que el precepto que fija el Salario Mínimo Vital y Móvil es inconstitucional (conf. causas L. 53.062, sent. del 22-II-1994, “Acuerdos y Sentencias”: 1994, tomo I, pág. 95; L. 54.913, sent. del 14-III-1995, “Acuerdos y Sentencias”: 1995, tomo I, pág. 332; L. 55.200, sent. del 16-IV-1996, entre otras), y de tal modo lo ha sentenciado. Ello así siempre y cuando la cuestión constitucionalhubiera sido propuesta por la parte afectada en tiempo idóneo(conf. causas L. 50.177, sent. del 10-VIII-1993; L. 60.921, sent. del 7-X-1997).

      En la presente la tacha de inconstitucionalidad no se ha planteado de manera oportuna, pero en virtud de la respuesta de la Corte Suprema para asuntos similares, corresponde que igual nos ocupemos del tema (C.S.J.N., A. 563 XXXI, “A., E.A.c..S.E.B.A. S.A. -continua-dora de D.E.B.A.- s/enfermedad del trabajo” del 29-X-1996; L. 222 XXXIII, “L., A.c.ía de la Provincia de Buenos Aires s/accidente de trabajo” del 5-II-1998), máxime teniendo en cuenta que un reciente pronunciamiento ha juzgado que, en circunstancias en que se impugna la aplicación del tope establecido por la resolución 7/1989 para indemnizar la incapacidad del trabajador, puede admitirse excepcionalmente la introducción del caso federal en la oportunidad de expresar agravios (in re“R., O.E.c.A.S. y otro”, abril 28-1998).

    5. En lo atinente a la problemática abordada en este apartado y en acatamiento de la aludida doctrina legal del Tribunal Supremo, que -como dije- ha revocado los decisorios de este Tribunal (conf. causas L. 53.824, sent. del 7-III-1995 y L. 60.034, sent. del 29-IV-1997), corresponde declarar inaplicable el valor nominal de veinte mil australes fijado en la resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil.

      Dicho importe debe ser actualizado desde el 1-VIII-1989 hasta la fecha en que el actor tomó conocimiento de la determinación de su minusvalía -mayo de 1990-, resultando de aplicación el índice del salario del peón industrial, por ser el instrumento adecuado para obtener el fin que se procura (conf. causas L. 50.187, sent. del 10-VIII-1993; L. 54.942, sent. del 30-VIII-1994; L. 55.839, sent. del 21-III-1995; L. 59.442, sent. del 28-V-1996; L. 52.470, sent. del 11-X-1995).

    6. Si mi criterio es compartido, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario deducido, casar la sentencia en cuanto dispuso reducir el monto indemnizatorio a la suma de $ 520 y devolver los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda de conformidad con losupraexpuesto.

      Así lo voto.

      A la misma primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

      1. El planteo en cuestión ya fue decidido por este Tribunal en los precedentes registrados como L. 51.220, sent. del 10-VIII-1993; L. 54.942, sent. del 30-VIII-1994, entre otros muchos.

        En tales condiciones, siguiendo los principios que informan la doctrina legal precedentemente señalada corresponde concluir que el único mecanismo para disponer inaplicable al caso la Resolución 7/1989 del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil resulta la declaración judicial de su inconstitucionalidad.

        Y en este orden, entiendo que a los jueces no les asiste la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de una disposición legal (conf. causas L. 51.500, sent. del 22-II-1994; L. 49.794, sent. del 10-VIII-1993; Ac. 35.933, sent. del 5-IX-1986, “Acuerdos y Sentencias”, 1986, tomo III, pág. 104), ni cabe analizar en esta sede, por extemporáneo, el planteo formulado por primera vez en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por cuanto, como se tiene dicho reiteradamente, son inatendibles los argumentos que se introducen por primera vez en la instancia extraordinaria (conf. causas L. 52.198, sent. del 22-II-1994, “Acuerdos y Sentencias”: 1994, tomo I, pág. 83, L. 53.248, sent. del 22-II-1994; L. 55.501, sent. del 21-XI-1995, “Acuerdos y Sentencias”: 1995, tomo IV, pág. 370, entre otras).

      2. Considero oportuno señalar, asimismo, que sin perjuicio de lo expuesto y de los precedentes en que se sustenta la opinión...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba