Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 2 de Julio de 2020, expediente FMZ 023048694/2012/CA001

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

En M., a los 2 días del mes de julio de dos mil veinte, reunidos en

acuerdo los Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de

M., D.. M.A.P., J.I.P.C. y Alfredo Rafael

Porras procedieron a resolver en definitiva estos autos N° FMZ 23048694/2012/CA1,

caratulados “ENAEJERCITO ARGENTINO C/ SUCESORES DE NIETO y

OTROS P/ DESALOJO SOBRE PROCESO DE CONOCIMIENTO

ORDINARIOS”, venidos a esta Sala “A” del Juzgado Federal de M. N° 2 en

virtud del recurso de apelación deducido a fs. 469 y vta. contra la sentencia de fs.

462/468vta. en la que se resuelve: “1º) HACER LUGAR a la acción de desalojo incoada

por el Estado Nacional – Ejército Argentino contra el Sr. R.N. DNI 14956767,

Y SUCESORES DEL Sr. R.N. LE 6123422 y cualquier otro ocupante del

inmueble identificado como Cod BR 1059 denominado Estancia G., situado en

el Departamento de Tupungato, en Provincia de M. individualizado en el plano de

mensura que rola a fs. 162 y, en consecuencia, ordenar al nombrado que en el plazo de

diez (10) días a contar desde la notificación de la presente, desocupe el predio. Vencido

el plazo acordado sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado, líbrese

mandamiento de lanzamiento en el cual se hará constar que el Oficial de Justicia se

encuentra autorizado para: a) allanar domicilio, b) forzar cerraduras, c) requerir el

auxilio de la fuerza pública y los servicios de cerrajero, d) designar depositario de los

bienes muebles que hubiese en el lugar para el supuesto que la persona por la cual fuere

atendido no aceptare el cargo que le propondrá, haciéndole saber que los muebles de los

ocupantes desalojados deberán ser conducidos a depósitos particulares. H. constar

las personas autorizadas para intervenir en la diligencia, como asimismo que en ningún

caso podrá enervarse su diligenciamiento. Librándose oficio a tal fin, cuya confección y

diligenciamiento estarán a cargo de la parte actora. 2º) IMPONER las costas a la parte

demandada vencida (art. 68 y consecuentes del CPCCN). 3º) REGULAR los honorarios

de la siguiente manera: para la Dra. M.D.P. y el Dr. J.M.A.,

por el Estado Nacional, en el doble carácter y en conjunto, en la suma de pesos

veinticinco mil ($25.000). Para el Dr. V.H.G. por el demandado, en el

doble carácter, en la suma de pesos veinte mil ($20.000) (conforme los arts. 6, inc. b) a

f) 7, 26 y conc. de la ley 21.839 y mod. por la ley 24.432; y arts. 7 y 8 del decreto Nº

1077/2017, promulgatorio de la ley 27.423).”

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

Fecha de firma: 02/07/2020

Firmado por: J.I.P.C., Juez de Cámara Firmado por: M.A.P., Juez de Cámara Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIA DE CAMARA

¿Debe modificarse la sentencia de fs. 462/468 vta.?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 C.P.C. y

Comercial de la Nación y arts. 4 y 15 del Reglamento de esta Cámara, se procedió a

establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación: Vocalías nº 3, 2 y 1.

Sobre la cuestión propuesta, el Sr. Juez de Cámara Dr. Manuel

Alberto Pizarro, dijo:

  1. Contra la sentencia de fs. 462/468vta., cuyas partes dispositivas han sido

    transcriptas precedentemente, interpone recurso de apelación la demandada, a fs. 469 y

    vta., el que es concedido en forma libre y con efecto suspensivo a fs. 470.

    Elevada la causa, a fs. 480/491 expresa agravios. En primer lugar, efectúa

    una crítica a la fundamentación del fallo realizada por el Sr. Juez a quo, la cual señala es

    incoherente, contradictoria y puramente dogmática, sin un análisis claro de las probanzas

    de la causa.

    En segundo lugar, afirma que es improcedente la acción de desalojo contra

    el propietario, refiriéndose a los derechos de propiedad minera que tienen los

    demandados, sobre tres minas ubicadas sobre el predio Estancia G., de dominio

    del actor.

    Arguye que la acción de desalojo no puede ejercerse contra quien tiene un

    derecho real que le confiere legítima potestad para usar y gozar de la cosa objeto del

    mismo, ni para eludir restricciones de dominio de carácter legal.

    Coincide con el sentenciante en que el proceso de desalojo no es la vía

    idónea para debatir cuestiones atinentes a la propiedad minera pero justamente por ese

    motivo, entiende, que debió rechazarse la acción en vez de hacerse lugar al desalojo.

    Aduce que en la enumeración del art. 680 del CPCN no se encuentra

    incluido el titular de una propiedad minera como sujeto pasivo de la acción. Que,

    conforme a ello, el titular de una propiedad minera no es alguien sobre quien pese

    ninguna obligación legal ni convencional de restituir, con lo cual la acción es

    notoriamente improcedente contra el titular de la propiedad minera.

    En el caso, afirma que conforme a fs. 52/60 y otras, se encuentra

    demostrado que los demandados son concesionarios legales y legítimos de tres minas

    ubicadas dentro del predio del concesionario, con sus respectivas pertenencias mineras

    perfectamente fijadas por la autoridad de aplicación y que dichas pertenencias mineras

    han sido reconocidas y delimitadas por el propio demandante.

    Fecha de firma: 02/07/2020

    Firmado por: J.I.P.C., Juez de Cámara Firmado por: M.A.P., Juez de Cámara Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    Refiere que los demandados de autos son concesionarios de 3 minas

    ubicadas dentro del predio del Ejército, a saber:

    1) Dice que a fs. 241 obra comunicación formal, de fecha 28/05/1998, por

    la cual el Escribano de la Dirección de Minería de la provincia comunica a la Sección

    Bienes Raíces de la Brigada de Montaña VIII la inscripción de la mina “El Cóndor” a

    nombre del Sr. R.N. (notificada el 01/06/1998);

    2) Que a fs. 201/209 obran las constancias de pago de los cánones mineros

    de las minas “El Cóndor”, “Arcoiris” y “Punta de la Loma”;

    3) Que a fs. 370, rola informe de la Dirección de Minería de la Provincia

    de M., que da cuenta de la existencia de los expedientes N° 2885G1920

    caratulado “NIETO ROMULO S/ YACIMIENTO DENOMINADO EL CÓNDOR”;

    2294N2002 caratulado “NIETO ROMULO S/ MINA VACANTE ARCO IRIS”; y

    2571N2004 caratulado “NIETO REMO S/ MINA VACANTE PUNTA DE LA

    LOMA”, acreditando los derechos de propiedad minera de los demandados.

    Expresa que el juez de grado, a fs. 466 punto c) reconoce el derecho de

    propiedad minera que le asiste a los demandados, al decir que “…El accionado no

    determinó el terreno sobre el cual posee la concesión y/o, en su caso, servidumbre para

    el uso concedido de las minas cuya titularidad posee…”. De ello, interpreta que, por un

    lado, se reconoce el derecho de propiedad minera, pero por otro, se considera que no está

    bien delimitado. En este punto se agravia por cuanto entiende que ello habilitaría al actor

    a reclamar por vía administrativa o judicial su demarcación o deslinde, pero en ningún

    caso tendría la potestad jurídica de peticionar ni obtener el desalojo del predio sobre el

    que se ejerce el derecho de propiedad minera.

    Asegura que el fallo apelado se basa exclusivamente en que el actor habría

    acreditado el dominio del predio y que, sin embargo, pierde de vista que se trata de un

    dominio privado y no público, con lo cual se encontraría sometido a las mismas

    restricciones de cualquier otro dominio entre las cuales se encuentra la de respetar las

    servidumbres para la explotación minera como las impuestas sobre el resto de la

    concesión.

    Acota que el juzgador, de modo poco claro y sin extraer una conclusión

    precisa, realiza una interpretación errónea de la ley minera en lo atinente al

    establecimiento de las restricciones al dominio. Que a fs. 465 vta., segundo párrafo

    parece supeditar el establecimiento de servidumbres mineras y del derecho a obtener la

    Fecha de firma: 02/07/2020

    Firmado por: J.I.P.C., Juez de Cámara Firmado por: M.A.P., Juez de Cámara Firmado por: A.R.P., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: C.R.O., SECRETARIA DE CAMARA

    venta del terreno, al pago de una indemnización. Afirma que yerra en este punto por

    cuanto, dichas disposiciones, están previstas para el caso de terrenos de propiedad

    particular (arts. 146 y 155), pero son excluidas en caso de terrenos pertenecientes al

    Estado (arts. 156 y 158).

    Cita los arts. 155, 156 y 158 del Código Minero que establecen que tanto

    la cesión del dominio del predio de una pertenencia minera como las servidumbres

    impuestas sobre el resto de la concesión y las conexas necesarias (paso, aguas, etc.) son

    gratuitas si la concesión se encuentra sobre terrenos pertenecientes al Estado. Alude a

    que, según el último párrafo del art. 158, el Estado sólo puede reclamar indemnización si

    el terreno estuviese cultivado.

    En concreto, expresa, las restricciones al dominio no están supeditadas a

    ningún pago indemnizatorio y que el Estado superficiario, obligado a soportarlas, mal

    puede obtener una sentencia de desalojo, lo que implica un absoluto incumplimiento de

    las mismas.

    En tercer término, se agravia por cuanto considera que el fallo apelado

    violenta el art. 17 de la Constitución Nacional. Aduce que conforme a los arts. 10, 11 y

    44 del Código de Minería, la propiedad minera es un derecho de dominio privado que se

    establece por la transmisión del Estado a los particulares a través de concesión.

    Que la propiedad minera colisiona con la del superficiario ya que no puede

    ejercitarse sin que ambas cedan potestades inherentes al dominio pleno y que, en el caso,

    la propiedad minera no puede ejercitarse sin la disposición de, al menos, parte de los

    derechos del superficiario bien sea para la explotación, el paso de aguas, pastaje de

    animales, etc.

    Que, en los hechos, el fallo implica la desaparición de todo el derecho de

    minería y la derogación fáctica del Código de Minería.

    Reflexiona que, si todo superficiario puede obtener el desalojo del minero

    ...

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