Empresas con doble comando

La sanción y promulgación express de la nueva ley de abastecimiento coloca a las empresas que actúan en la Argentina en la incómoda situación de sentirse sospechosas o en libertad condicional. Dependerá de que queden o no en la mira de la autoridad de aplicación, que seguramente será la Secretaría de Comercio Interior. O sea la misma que condujo Guillermo Moreno hasta hace menos de un año.En realidad, la ley no es nueva. Se trata de una remake de la anacrónica ley 20.680 sancionada hace 40 años -cuando no existían las computadoras ni Internet, ni la economía estaba globalizada-, sólo que rebautizada ahora como ley de regulación de las relaciones de producción y consumo. No hay más que repasar sus 20 artículos para advertir que todos comienzan con la palabra "sustitúyese" y amplían sus alcances a todos los procesos y actividades económicas, a través de una mayor intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de precios, márgenes de utilidad, volúmenes de producción, stocks, aplicación de multas y clausuras o venta en consignación de mercaderías. La única excepción es el último artículo, que suprime las penas de prisión para empresarios o comerciantes. Un argumento utilizado por el gobierno de Cristina Kirchner para señalar que la ley es más benigna que la anterior, aunque sin aclarar que su aplicación había sido suspendida en 1991 y limitada sólo a situaciones de emergencia de abastecimiento previamente declaradas por el Congreso (requisito ahora suprimido).No es un consuelo para los empresarios. Incluso para quienes en los últimos años debieron lidiar con las normas no escritas y las vociferantes órdenes telefónicas de Moreno, así como sus recurrentes e incumplidas amenazas de "quedarse con las llaves" y manejar las compañías si no era obedecido.Aunque los modales cambiaron, este doble comando privado-estatal tiene ahora más exigencias y sanciones, pero con fuerza legal. Las empresas pueden ser obligadas a suministrar planillas con innumerables datos confidenciales, ante la sospecha de que "elevan artificial o injustificadamente sus precios, sin relación con los costos". Una acusación ardua de comprobar con una inflación de 40% anual; presión tributaria récord sobre ganancias contables; brecha cambiaria de casi 80% y racionamiento de dólares del BCRA para pagos de insumos importados. Esta escasez de divisas suele llevarlas a recurrir al "contado con liquidación" (60% más caro que el oficial) para hacerse de dólares, poder pagar importaciones y no afectar...