Las empresas, amenazadas de muerte

Las inversiones y el empleo se verán afectados una vez más, de prosperar la propuesta kirchnerista para que, entre otras cuestiones, implicará más intervencionismo, un serio avance sobre la iniciativa privada y la libertad económica, y mayores regulaciones sobre un mercado al que, falazmente, el Gobierno dice defender.Esas se producirán si el Congreso finalmente sanciona la batería de proyectos de ley recientemente anunciada por el Gobierno con los habituales visos de epopeya con que suele presentar todas sus iniciativas. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo lanzó al ruedo parlamentario tres leyes vinculadas con los consumidores, cuyos derechos, por cierto, están reconocidos por la Constitución Nacional desde hace 20 años.¿Por qué entonces recién ahora reconocérselos aun a expensas de reglamentaciones tardías y regulaciones absurdas? En una primera lectura, podría decirse que hay cuatro razones que surgen claras detrás de esos ampulosos anuncios: darles marco legal a las presiones y manipulaciones que el Gobierno ha venido ejerciendo en los últimos doce años sobre organizaciones de defensa de los consumidores y sobre empresarios –cepos incluidos–; crear un mecanismo de control de precios centralizado en una Secretaría de Comercio más poderosa al estatizar literalmente el mercado mediante la regulación de precios, márgenes y cantidades de comercialización; fundar una nueva superestructura burocrática donde litigar, de casi 160 empleados entre magistrados, personal administrativo, técnico y de servicios para que funcione el nuevo fuero federal y nacional en las relaciones del consumo, y contar con una formidable arma para asfixiar a empresas en los 483 días que le restan de gobierno.Ésos y no otros amenazan ser los principales objetivos de la propuesta gubernamental a la que Cristina Kirchner recurrió para "dotar a los consumidores del derecho a ser defendidos". Resulta llamativo que la jefa del Estado destaque ese aspecto cuando si algo han hecho al respecto tanto ella como su esposo al frente de la Presidencia fue alentar el patoterismo y la discrecionalidad de las maniobras del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que multaba y sancionaba a organizaciones de defensa de consumidores por el simple hecho de denunciar la inflación real o de reclamar justicia para sus representados. O, por ejemplo, impidiendo a empresas publicitar sus ofertas en determinados medios de prensa, cercenando con ello el derecho de los propios consumidores de...