Los empresarios dicen que el pago del bono de $5000 dependerá de cada sector

El para los trabajadores del sector privado se vuelve tan obligatorio en el artículo primero del decreto -que establece los montos y las fechas a ser pagado- como optativo en el tercero -en el que se habilita a adecuar plazos y montos para sectores en crisis-, según interpretó un astuto lector empresarial del borrador que ayer circuló sobre la norma que será publicada hoy.Tales minucias solo dejaron dudas, tanto sobre la constitucionalidad de que el pago sea una obligación dispuesta por el Poder Ejecutivo al sector privado como por su calidad de aumento "no remunerativo" -polémicas para laboralistas- y también algunas sobre situaciones más banales, pero realistas: ¿qué pasará con quienes no puedan o no quieran pagarlo, ya que la norma no prevé ninguna sanción para ellos?"El Gobierno sacó un bono obligatorio para el sector privado cuando no tiene atribuciones para eso", afirmó el abogado Julián De Diego a LA NACION, que indicó que tanto Eduardo Duhalde como sí tenían de su lado la ley de emergencia económica cuando estipularon aumentos por decreto."Lo que está ordenando es doblemente inconstitucional. No tiene ninguna ley que le dé la potestad de fijar un aumento, pero además está obligando a los privados a dar un aumento en negro", agregó, sobre la calidad de las subas no remunerativas pactadas. El mismo Macri las había prohibido en el decreto 633 firmado este año.La Corte Suprema ya había establecido además esa misma jurisprudencia en el fallo González, Martín c/Polimat de mayo de 2010, recuerda el abogado Ricardo Foglia, quien concuerda sobre la inconstitucionalidad de este tipo de pagos. "Siempre es fácil entrar a pagar extras no remunerativos, pero es difícil salir luego de esa dinámica", agregó el laboralista, que prevé que esta situación sumará litigiosidad.Foglia discrepó con De Diego sobre la obligatoriedad. "Desde la década del 60, la Corte declaró que los decretos salariales eran constitucionalmente válidos, aunque sean obligatorios para todos", afirmó sobre la base de lo dictado por el tribunal superior el 20 de mayo de 1960 en la causa Praticco, Carmelo y otros c/ Basso y Cía. "Eso era antes de la ley de contrato de trabajo y sin ley de convenio colectivo", retrucó De Diego.Sin embargo, más allá del debate entre expertos, los empresarios se dividen en dos: aquellos que negociaron el bono con el Gobierno y que creen que el decreto tiene la plasticidad necesaria, y quienes se enteran de esa decisión por los diarios o las cámaras a...