Un empleado estatal mandó preso a De Vido

Empezó como la desobediencia silenciosa de un empleado público, pero terminó en una explosión política nacional. Y, esta semana, le cambió el destino a Julio De Vido. El ex ministro podrá haber ganado experiencia en el trato con empresas multinacionales, pero fue un agente estatal rebelde quien más gravitó hasta ahora para llevarlo a la cárcel.

La historia empieza a conocerse. Expiraba el gobierno de Cristina Kirchner y Daniel Rodríguez, que se desempeñaba todavía en las oficinas que Yacimientos Carboníferos Río Turbio tiene en la avenida Cabildo, Capital Federal, desoyó una orden inquietante de Miguel Larregina, coordinador general de la empresa y otro de los investigados en el caso: que quemara unos papeles. Ese dato, que el fiscal Germán Moldes incluyó en su apelación a la Cámara Criminal, fue determinante para que De Vido fuera detenido.

Rodríguez venía recabando información sensible que, según declaró en la causa, guardaba en un armario. Eran relevamientos de 2011, 2012 y 2013 sobre el frío, el viento y paros de la Uocra que recomendaban que, dados esos imponderables, el fisco debía elevar el pago que ya había pactado en una licitación llave en mano con la constructora de la obra, la española Isolux. Por retrasos todavía no aclarados, esos documentos, que ya en 2014 consignaban una readecuación de presupuesto por 1070 millones de pesos más y algunos de los cuales llevaban la firma del entonces coordinador de la cartera de De Vido, Roberto Baratta, y del secretario de Minería, Jorge Mayoral, nunca llegaron a pagarse. Pasado un tiempo, Rodríguez preguntó a Larregina qué hacer con ellos. Y, según consta en la causa, el jefe le recomendó que los quemara.

Pero Rodríguez no hizo fuego alguno. Al contrario: guardó 36 cuerpos de expedientes firmados y, el año pasado, ya con Mauricio Macri como presidente, se los entregó a Omar Zeidán, nuevo interventor de la mina, a quien además le contó el episodio con Larregina. Zeidán llevó entonces esas fojas al Ministerio de Energía, que las presentó en la Justicia. Y cuando lo citaron a declarar consignó la anécdota de la orden incumplida del empleado, que relató también a Macri en un encuentro en la quinta de Olivos. "Que los que robaron vayan presos", le contestó el Presidente.

La trama se complica porque Rodríguez no quiso o no pudo aprovechar sus aportes con sus nuevos jefes. Al revés: hace cinco meses adhirió a un retiro voluntario y se fue de la empresa. En el Gobierno dicen que se compró un taxi...