Emergencia y alteración contractual

Autor:Eduardo Mertehikian; Roberto Dromi
Páginas:15-28
RESUMEN

1. Emergencia de la legalidad 2. Legalidad de la emergencia 3. Poder de policía de emergencia. Delegación legislativa 4. Policía de emergencia contractual 4.1. Limitación de la libertad contractual 4.2. Imposición de cargas contractuales 4.3. Obligación de contratar 4.4. Intervención contractual sustitutiva por interés público 4.5. Transformación contractual por reforma estatal 4.6. Modificación... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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1. Emergencia de la legalidad

Todo el derecho es producido teniendo en miras una determinada realidad, para brindar soluciones en ese marco de normalidad1.

Si la normalidad prevista en la regulación se ve enrarecida por una situación emergente que no puede ser encuadrada en la situación prevista en el Derecho para los casos comunes, si el conflicto que se presenta no puede ser resuelto de conformidad con la norma, al compararlo con el modelo previsto, por la ruptura de la lógica del caso planteado en el antecedente, es posible concluir que nos enfrentamos a una emergencia o una crisis legal2, que afecta el funcionamiento del sistema jurídico.

La emergencia es entonces una excepción respecto de lo que se esperaba, una situación disvaliosa e indeseada, que es preciso superar y que se rige por principios propios3.

2. Legalidad de la emergencia

Aunque no existe en nuestro plexo jurídico positivo ninguna enunciación general respecto de qué debe entenderse por el término emergencia , la Constitución Nacional prevé la respuesta jurídica a los fines de resolverla, dando solución al conflicto a través del ejercicio de la delegación de la función legislativa (arts. 76 y 100, inc. 12)4.

La emergencia puede responder a muy diversas y variadas causas (físicas, económicas, políticas, entre otras), y sus efectos jurídicos en general han sido equiparados a las consecuencias del caso fortuito o de la fuerza mayor, siendo considerada también como una situación extraordinaria y súbita que no ha podido preverse, o que prevista no ha podido evitarse.

Se trata de una fórmula elástica de contenido discrecional, para los supuestos en que la crisis y lo extraordinario se transforman en una exigencia pública donde la ley tiene que intervenir prontamente para resolver la situación en pro del bienestar general, sobre las exigencias de la justicia5 y los requerimientos de la equidad6, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 5/3/03, Provincia de San Luis c/ Estado Nacional )7.

Así, la emergencia importa la emisión de una serie de medidas en procura de dar solución a un problema coyuntural que afecta a un sector o a la generalidad de la sociedad o de la economía. No debe perderse de vista, sin embargo, que el derecho de la emergencia se integra al ordenamiento jurídico general, debiendo ser interpretado en consonancia con sus principios y valores8.

La coyuntura es la bisagra en la que se articula el doble derecho, de la normalidad, por un lado, y de la emergencia, por el otro.

Si bien la emergencia se caracteriza por su transitoriedad, lo cierto es que las llamadas leyes de emergencia (v.gr., locaciones), han tenido a veces en nuestro país una muy larga supervivencia, continuidad o imprevista estabilidad.

En ese orden, la tendencia histórica muestra que la evolución de la emergencia en la Argentina, ha conducido a que pocos acontecimientos puedan ser vistos a la luz de la normalidad, y en cambio, las soluciones extraordinarias hayan adquirido marca de permanencia9.

3. Poder de policía de emergencia Delegación legislativa

La expresión poder de policía hace referencia a la facultad estatal de limitar por ley los derechos reconocidos por la Constitución (arts. 14, 19 y 28, Constitución Nacional). Es parte de la función legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a ese fin los derechos individuales reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución; se extiende hasta donde la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales (arts. 19 y 28, Constitución Nacional), y se manifiesta a través de normas generales, abstractas, impersonales y objetivas.

Una de las justificaciones de la validez del ejercicio del poder de policía es la noción de emergencia, por lo que existe una policía de emergencia que consiste en el razonable ejercicio de la atribución de limitar las garantías y derechos constitucionales10. Su premisa tácita parece haber sido siempre, como ya se sostuvo, la existencia de una crisis que exija de modo urgente la previsión de tales restricciones11.

La Constitución Nacional permite, como excepción, la delegación legislativa siempre que concurran determinados requisitos12: 1) materiales, entre los que se plantea la emergencia pública, fórmula elástica de contenido discrecional, para los supuestos en que se presenta una exigencia pública en que la ley tiene que acudir prontamente en socorro para resolver la situación, teniendo en miras la satisfacción del bien común y los intereses generales13, 2) temporales, ya que se debe fijar un plazo para su ejercicio, y 3) institucionales, que son las bases, el marco o las pautas que establece el Congreso (art. 76). Cabe considerar que como todo régimen de excepción, la emergencia debe ser interpretada y aplicada de modo restrictivo. En este orden se ha pronunciado la Procuración del Tesoro de la Nación, si bien refiriéndose a otro supuesto (conf. Dictamen 89:106; PTN, Dictámenes, 234:540).

4. Policía de emergencia contractual

El tratamiento de excepción otorgado a determinadas situaciones calificadas como emergencia ha sido abundante en la historia jurídica del país, y ha llegado hasta nuestros días.

La normativa dictada en relación con las limitaciones a la libertad contractual impuestas en ejercicio del poder de policía económica del Estado ha avanzado en paralelo con los pronunciamientos judiciales, pues tales normas han sido objeto de impugnación desde el primer momento por parte de los afectados lo que causó su arribo a los estrados judiciales bajo la acusación de contradecir principios constitucionales.

La respuesta de la Corte Suprema fue la de convalidar la constitucionalidad de tales preceptos, bajo ciertas pautas14. En este orden, el reconocimiento de la constitucionalidad de las normas de emergencia que afectan las relaciones contractuales apunta en general al logro de una igualdad proporcional en el contexto social15.

4.1. Limitación de la libertad contractual

El primer precedente de limitación a los derechos contractuales en el que se planteó la constitucionalidad del ejercicio del poder de policía económica se produjo en 1922, en el caso Ercolano A. c/Lanteri de Renshaw, Julieta (CSJN, Fallos, 136:161), en el que se impugnó la ley 11.157 por restringir ilegítimamente la libertad contractual en materia de locaciones16. El Tribunal declaró constitucional la ley 11.157, reconociendo la legitimidad de la intervención policial del Estado en las relaciones creadas por el contrato de locación. En los considerandos de la sentencia se dijo: para extender el ámbito del poder de policía al bienestar general... Cuanto mayor sea el interés público por aquello que constituye el objeto del monopolio, más fuerte puede ser la opresión económica y más sensibles y perniciosos sus efectos, pudiendo llegar el caso de que la prosperidad y bienestar de un país o de una región se encuentren a merced de la avidez o del capricho de los que detentan los factores de un servicio de vital necesidad.

Desde luego, no puede ponerse en duda que interesa a la comunidad en conjunto la situación económica de los distintos grupos que la constituyen, y que tratándose como en este caso de la suerte de la mayoría de la población, no son solamente consideraciones de humanidad y justicia social las que reclamen su intervención, sino también su interés directo, ya que es elemental que una situación afligente del mayor número tiene que repercutir desfavorablemente sobre la economía general, dada la vinculación lógica de todos los intereses materiales .

El criterio señalado se hizo extensivo a otras relaciones contractuales. Así, en el caso Avico, Agustín O. c/Saúl...

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