Embajada paralela: último intento de la justicia argentina para acceder a datos del gobierno de Venezuela

En un último intento por avanzar uno de los expedientes considerados clave para desentrañar cómo se desarrollaron los negocios bilaterales con Venezuela, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, solicitó a la Corte Suprema que lo ayude a obtener una respuesta del gobierno de Nicolás Maduro.Aguinsky busca que Caracas le dé precisiones sobre cómo fueron a través del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido. Pero, al igual que sus colegas que investigaron el "caso Antonini", nunca recibió respuestas a sus consultas de los últimos años.Ahora, Aguinsky intenta una jugada a tres bandas. Acudió a la Corte Suprema para que el máximo tribunal -como cabeza del Poder Judicial- le requiera a la Casa Rosada -a cargo de las relaciones exteriores de acuerdo al a Constitución Nacional- que inste una respuesta del gobierno de Maduro.El juez busca obtener precisiones sobre cómo operó el grupo de empresas liderado por el argentino Juan José Levy, , a los que también embargó por montos millonarios y les prohibió salir del país.Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.Para entonces, Levy pasó de...