Decreto 2415/02. Ejecuciones judiciales o extrajudiciales. B.O. 28/11/02

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Decreto 2415/02. Ver ley 25.661 y sus modificatorias.

1. En los casos de ejecuciones judiciales o extrajudiciales promovidas por acreedores que no sean entidades financieras, contra personas físicas por deudas cuya causa no sea la ejecución de los títulos de crédito individualizados en el artículo 523, inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que impliquen desapoderamiento de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del deudor, el juez podrá, previo a la fijación de la fecha de remate, de oficio o a pedido de parte, disponer por única vez la realización de audiencias de conciliación para que comparezcan las partes con sus letrados.

Todas las audiencias deberán celebrarse dentro de un plazo máximo e improrrogable de treinta días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud o del auto del juez que las disponga, cuando se la cite de oficio, y suspenderá durante ese término el procedimiento de ejecución. La resolución que fija las audiencias es inapelable.

En aquellos supuestos en que la fecha de remate ya estuviere fijada, a pedido del deudor el juez podrá suspender la subasta y convocar a las partes a audiencias de conciliación en los términos antes señalados.

2. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), definidas como tales en los términos de la Resolución Nº 675 del 25 de octubre de 2002 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción, también podrán requerir la audiencia de conciliación a la que hace referencia el ar -tículo 1 del presente decreto, en los casos de ejecuciones contra bienes esenciales para su giro comercial. Para el presente supuesto no será de aplicación la restricción que respecto a los títulos individualizados en el artículo 523, inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación hace el artículo anterior.

3. El juez procurará en la audiencia de conciliación acercar a las partes para lograr un acuerdo que posibilite al deudor cumplir con su obligación, en los términos del artículo 11 de la ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, a cuyo efecto admitirá cualquier fórmula cancelatoria que las partes hubieren acordado.

De no alcanzarse un acuerdo, el juez dispondrá la ejecución en la forma menos gravosa, evitando costos y perjuicios innecesarios.

4. Salvo pacto en contrario, el acuerdo alcanzado entre las partes no...