Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 14 de Diciembre de 2010, expediente 027235/10

Fecha de Resolución14 de Diciembre de 2010

Poder Judicial de la Nación "E.M.L. C/ESTABLECIMIENTOS LOS

MANANTIALES SA Y OTRO S/ ORDINARIO"

Expediente Nº 027235/10

Juzgado N° 18 - Secretaría Nº 35. MR

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.

Y Vistos:

  1. La parte actora apeló contra la decisión de fs. 95/8 en cuanto la magistrada de grado desestimó la medida cautelar solicitada en fs.

    69/84 mediante la cual pretendía la suspensión de los siguientes puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria de Establecimientos Los Manantiales SA celebrada con fecha 29.4.10: (i) remoción de la Sra. E. del directorio y vicepresidencia del ente social, (ii) aprobación de los estados USO OFICIAL

    contables y, (iii) aprobación de la gestión del Sr. B. como director (v.,

    fs. 82 vta) como así también la designación de un veedor en la sociedad en los términos del art. 113, LSC.

    Cabe recordar que la a quo juzgó que la medida cautelar solicitada resultaba improcedente en virtud de considerar que no existian motivos graves, los cuales fueron merituados en función del perjuicio que podría ocasionar al interes social la suspensión peticionada.

    Consideró que las decisiones cuya suspensión aquí se persigue no serían más que una estrategia que el Sr. B. "...ha pergeñado y puesto en ejecución para posicionarse en el juicio de divorcio que mantiene con su esposa M.L.E. y para presionar a esta última para que acepte un arreglo claramente perjudicial y violatorio de las normas que regulan la división de la sociedad conyugal..." (ver fs.61). En tal sentido,

    señaló que el libelo inicial fue invocado, que la decisión de no distribuir utilidades "se ha erigido en un mero vehículo de fraude a los derechos conyugales de la Sra. E. en la división de la sociedad conyugal", que consistiría en no distribuir utilidades entre los accionistas para excluirlas de la comunidad de ganancias del matrimonio (ver fs. 79), mas en modo alguno se argumentó en qué medida ello afectaba al interés social.

    En suma, la magistrada de grado juzgó que del cotejo de las constancias de la causa no se deduce prima facie daño a la sociedad,

    circunstancia que en el contexto de conflicto evidenciado aparece como un requisito ineludible para tener configurada la verosimilitud del derecho de la accionante, sin que ello importe emitir un juicio de valor respecto del fondo de la cuestión planteada, el que sólo podría lograrse una vez producida toda la prueba.

  2. En consideración del ámbito cautelar propuesto y sin avanzar sobre las cuestiones medulares que habrán de ser materia de pronunciamiento definitivo, cabe recordar que las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea cuestionada se condicionan,

    básicamente a la (i) petición del sujeto legitimado al efecto, (ii) existencia de motivos graves y, (iii) inexistencia de perjuicios para terceros (esta Sala 8.7.10, "Likefox SA y otro c/Carlini H.L. y otro s/ medida precautoria"; Sala A, 22.6.82, "M.H.L. c/ Empresa de Transportes General Roca", JA, 1983-I, Síntesis p. 135, índice, fallo cit. por Halperín-Otaegui, Sociedades anónimas, Buenos Aires, 1998, pág. 779; S.B., 31.10.83, "M.M. c/ The American Rubber Co. SRL"; Sala E,

    10.2.87, "La Gran Provisión S.A. c/ M. y Cía. S.A. s/ inc. med. cautelares";

    30.3.95, "G.B. c/ Aerolíneas Argentinas S.A.").

    Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la procedencia de medidas cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la contracautela- cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable (cfr. cita 20 en "Impugnación de actos y decisiones asamblearias, resoluciones directoriales y aspectos conexos", de R.G.V., pág. 237, Ed. H., 2007). Sobre el punto, autorizada doctrina consideró que la consideración del periculum in mora implícitamente previsto en el inciso 2° del cpr. 230 cubría con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el otorgamiento de la medida (cfr. Palacio, E.L. "La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual", Rev. de Derecho Procesal, T.

    I, p. 112, Ed. R.C., 1998).

    Vinculando las consideraciones generales relativas a las medidas precautorias conservatorias con la temática específica, debe Poder Judicial de la Nación reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión motivos graves, que refiere la LSC:252.

    Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre este aspecto, parece claro que -en los límites estrechos en que la cuestión puede actualmente juzgarse- la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual y (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés social -que en el caso,

    ciertamente, ha sido invocado-.

    Debe tenerse en cuenta por otra parte, que a la ley no escapa la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de socios; antes bien, para conjurar tal estado de situación, impone la USO OFICIAL

    prestación de contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la sociedad.

    Se entroncan de esta manera, a la luz de la interpretación sugerida, las esferas en que el precepto proyecta efectos: el socio impugnante,

    la sociedad y los terceros. Y en esta situación, con observancia de los intereses comprometidos, debe procederse con extrema prudencia (esta S., 27.5.10,

    "C.G.P. c/Panoceanica SACII A y otros s/ incidente de apelación (art. 250 CPCC)").

  3. a. En la consideración de esta materia, no cabe exigir de los magistrados un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual,

    asimismo, agota su virtualidad. (conf. C.S.J.N Fallos 327:849; 327:2738;

    327:3202; en igual sentido, esta S., 18.3.10, "P.C.M.A. c/Grupo 5 Argentina SRL s/ ordinario").

    De allí que se haya entendido cumplido el fumus bonis iuris, con la sola percepción del incipiente derecho que se invoca. Una exigencia mayor implicaría pretender del accionante la demostración –

    anticipada según la secuencia procesal y, por lo tanto, irrazonable- de la existencia incontrastable de su derecho, lo cual desvirtuaría el instituto en cuestión, cuya razón de ser consiste en precaver el derecho que aún es dudoso e incierto.

    b. Desde tal óptica, y en el contexto fáctico descripto por la Sra. Juez a quo, aparece prudente suspender la ejecución de las decisiones asamblearias de fecha 29.4.10 individualizadas en el pto. 1 del presente decisorio. En efecto, tal solución tiende sin dudas a resguardar el interés y el patrimonio de la sociedad hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva, y por otro lado, no irrogaría a priori perjuicio al ente.

    1. que del escrito inicial se puede inferir cierta amenaza para la gestión social y que podría resultar vulneratoria de los legítimos intereses de los socios, lo cual impone adoptar un temperamento que permita neutralizar tal posible afectación de derechos e intereses comprometidos.

    Señálase que la sociedad Los Manantiales SA se encuentra solamente integrada por dos socios, la accionante y su cónyuge, con quién mantiene en la actualidad un juicio de divorcio en trámite en la localidad de Bahía Blanca. Asimismo, es dable también agregar que a la luz de la documentación obrante en la actualidad en el sub examine, parecería que no se encontraba a disposición de la recurrente la documentación contable necesaria para el tratamiento...

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