Efectos

• Páginas: 275-288
• Autor: Mario C. Perrachione

XVII. EFECTOS

1. CRÍTICA AL EFECTO SUSPENSIVO

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Durante la vigencia del CPC —ley 1419— la doctrina del

TSJ interpretó que la interposición del “recurso de revisión” (art.

1272) —que en los incs. 1 a 6 constituían en rigor motivos de

casación—616 carecía de “efecto suspensivo”, por lo cual, mien-

tras se tramitaba dicho recurso, el pronunciamiento impugnado

podía ser ejecutado por el vencedor del pleito617, salvo que el re-

616 Mariano Arbonés dice (nota bibliográfica al Código Procesal Penal de la

Provincia de Córdoba) que el denominativo “revisión” es el que correspon-

de propiamente al recurso de casación, por lo cual los españoles, en la Ley

de Enjuiciamiento Civil de 1855, así lo denominaron, y de ella pasó a

nuestro añorado Código de Procedimiento Civil —ley 1419— creyéndose

—a la ligera— que había un error idiomático, pues el ex art. 1272, bajo ese

denominativo único —revisión— involucraba la casación formal y la impu-

ra —inc. 6—, y la acción impugnativa contra la cosa juzgada; pero no había

tal error, pues lo errado es confundir la causa con el efecto. “Casar” del

latín “casare”, de “cassus”, vano, nulo, es el objetivo del proceso de revi-

sión de la sentencia, o sea la consecuencia de dicha revisión, pero la causa

es el proceso revisivo.

617 Véase TSJ, Sala CC, A.I. Nº 462, de 1986, citado por Vénica, Oscar H.,

“Efecto de la concesión del recurso de casación en el Código Contencioso

Administrativo”, Foro de Córdoba, Año IV, Nº 23, 1994, ps. 116/7; Caballero,

Luis Alberto, “Los efectos del recurso de casación en el Código Procesal del

Trabajo. Ley 7987”, Foro de Córdoba, año V, Nº 24, 1995, p. 15, apart. V.

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mitiendo forzar el cumplimiento inmediato de una sentencia

que no se encuentra firme.

El único recaudo que debe adoptarse, para ejecutar una sen-

tencia que no adquirió firmeza, es que su ejecución no torne im-

posible la eficacia de la “sentencia definitiva” que dicte el

tribunal de casación624.

La doctrina, siguiendo las leyes procesales, ha comprendido

que en principio la sentencia dictada por un tribunal de última

instancia ordinaria es una sentencia ejecutoriada a los efectos de

su ejecución, aunque no esté firme, y una sentencia puede ser

ejecutada cuando puede obtenerse el cumplimiento de sus pres-

cripciones, ya sea porque se la ha consentido, o porque no se

dispone de medio legal para impugnarla, o porque pudiendo im-

pugnarla, la ley prevé que el recurso será concedido con efecto

no suspensivo625.

En el Código General del Proceso uruguayo y en el Código

Procesal Civil Modelo para Iberoamérica se contempla la facul-

tad otorgada al vencedor del proceso, de poder solicitar la ejecu-

ción provisional de la sentencia de condena, prestando garantía

—art. 260, Código uruguayo; art. 230, Código Modelo— para

responder por los gastos judiciales y los eventuales daños y per-

juicios que pudieran ocasionarse a la parte contraria. El derecho

otorgado al vencedor, de poder exigir el cumplimiento de una

sentencia dictada en segunda instancia y que le fue favorable,

pese al recurso de casación interpuesto —el que ya no tendrá

efecto suspensivo—, contribuye a evitar las actitudes dilatorias

y maliciosas del vencido, el cual podrá evitar la ejecución mien-

tras se tramita la casación, prestando garantía suficiente para

responder por los eventuales perjuicios que se le puedan irrogar

a la contraria como consecuencia de la demora —arts. 275.1 y

275.2, Código uruguayo; 245.1 y 245.2, Código Modelo626—.

624 Gozaíni, Osvaldo A., “Ejecución provisional en el proceso civil”, ob. cit., p. 897.

625 Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso

civil, t. II, Astrea, Bs. As., 1989, p. 310.

626 Cfr. Constantino, Juan Antonio, “Replanteos en la teoría general de la

impugnación”, Homenaje Escuela Procesal de Córdoba, t. 2, Marcos Lerner

Editora Córdoba, Córdoba, 1995, ps. 427/429, Nº 2.