Expediente nº 11797/88 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativo y Tributarios, 30 de Noviembre de 2016

Fecha de Resolución30 de Noviembre de 2016
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativo y Tributarios

E.. nº 11797/14 "Editorial La Página SA c/ GCBA y otros s/ cobro de pesos s/ recurso de apelación ordinario concedido"

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016

Vistas: las actuaciones indicadas en el epígrafe;

resulta:

1. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y T. concedió el recurso ordinario de apelación interpuesto a fs. 796/796 vuelta y fundado a fs. 827/829 vuelta por Editorial La Página S.A. (en adelante, ELP) contra el decisorio de fecha 29 de mayo de 2014 que hizo lugar a la apelación deducida, en su hora, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) y, en consecuencia, revocó el decisorio de primera instancia en cuanto había hecho lugar a la demanda de la actora.

  1. En lo que aquí interesa, ELP promovió una demanda por cobro de pesos contra el GCBA, por la suma de $788.297, más intereses, correspondiente a órdenes de publicidad publicadas en el diario "Página 12" (fs. 239/243 vuelta).

    Como se adelantara en el punto 1, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó "… al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pago de la suma de pesos setecientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y siete con treinta y dos centavos ($ 788.297,32.-), con más los intereses reclamados que deberán liquidarse conforme la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (…) las costas se imponen a la parte demandada vencida (art. 62 CAyT)…" (fs. 733/737). En los fundamentos, se consideró que, aunque no existió contrato administrativo, el GCBA había reconocido la existencia de la relación comercial al aprobar el gasto mediante la resolución nº 4454/MHGC/08. La jueza tuvo por probados la realización del servicio requerido por el GCBA y su recepción de conformidad, como así también la falta de pago.

  2. El GCBA apeló el fallo en cuanto a la decisión de fondo (fs. 739 y fs. 762/771 vuelta). ELP lo hizo en relación con la tasa de interés (fs. 741).

    A su turno, la alzada revocó la condena pues consideró que la inexistencia de celebración del contrato administrativo de acuerdo con las formalidades y solemnidades legalmente establecidas no podía ser dispensada por la sentencia. Sostuvo que no habían sido respetadas las normas referidas a la contratación de publicidad dado que el GCBA se había vinculado con la actora en forma directa por encima de los montos permitidos, sin que concurriera un supuesto que autorizara a hacerlo de ese modo y sin haber requerido la cotización de otros tres proveedores. También descartó que correspondiera reconocer el pago por aplicación del principio de enriquecimiento sin causa ya que ELP no había planteado su pretensión sobre esa base, ni lo había invocado al responder el planteo de nulidad efectuado por el GCBA. Expuso que, por ello, no se produjo prueba sobre el empobrecimiento (fs. 782/789 vuelta).

  3. Contra ese decisorio, la parte actora interpuso un recurso de inconstitucionalidad (fs. 798/804 vuelta), que fue denegado por la Cámara (fs. 817/818 vuelta) y, en cuanto ahora interesa, concedió el recurso ordinario de apelación del que se diera cuenta en el punto 1 precedente. En lo que respecta al recurso ordinario de apelación, cabe señalar que, al expresar agravios ante este Tribunal, ELP sostuvo que se vulneraba la exigencia de buena fe contractual, se producía un enriquecimiento indebido por parte del Estado al negársele el pago de prestaciones de publicidad efectivamente realizadas, según quedó probado por las pruebas colectadas; y se frustraba "el lucro esperado" por ELP (fs. 827/829 vuelta).

    El GCBA contestó afirmando que la sentencia se encontraba debidamente fundada al señalar que no se había respetado el marco normativo que regía las contrataciones, que la actora no había formulado pretensiones fundadas en el principio de enriquecimiento sin causa y que no había dado prueba de la cuantía del empobrecimiento -que no podía coincidir con el monto facturado- (fs. 832/837 vuelta).

  4. Requerido su dictamen, el F. General Adjunto propició el rechazo del recurso interpuesto por la actora (fs. 840/843).

    Fundamentos:

    El juez J.O.C. dijo:

  5. Según lo establecido por el Tribunal a partir del fallo dictado en los autos "Playas Subterráneas S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 860/01, resolución del 9/4/2001, el recurso ordinario de apelación requiere, para su admisibilidad: a) que la Ciudad sea parte; b) que el valor debatido ante esta instancia sea superior a $ 700.000; y c) que la impugnación verse sobre una sentencia definitiva.

    El recurso de la parte actora cumple con esas tres condiciones de admisibilidad: la recurrente impugna, en tiempo oportuno, una sentencia dictada en una causa en que la Ciudad es parte, cuyo valor cuestionado supera el mínimo antes citado, previsto por el art. 26, inc. 6, de la ley n° 7, modificada por el art. 2 de la ley n° 189, y que ha resuelto en segunda instancia la cuestión de fondo debatida en el juicio.

    En virtud de lo expuesto, corresponde admitir formalmente el recurso. No obstante ello, adelanto que, en mi concepto, éste no resulta procedente, por los motivos que expondré a continuación.

  6. Mediante la sentencia resistida, la Cámara CAyT rechazó la pretensión de cobro de pesos deducida por Editorial La Página S.A, propietaria del diario "Página 12", contra el GCBA -Dirección General de Medios y Planeamientos Estratégicos-, a los efectos que se lo condenara a abonar la suma de $ 788.297 en concepto de órdenes de publicidad conformadas con facturas. Para así decidir, los tres jueces de la Sala II coincidieron en que la relación entre la empresa y el GCBA debió enmarcarse en las reglas de la contratación administrativa mas no se hizo así (considerando 9 del voto de la jueza M.D., al que adhirieron los jueces J.L. y Centanaro); que tampoco se respetaron las normas relativas a la contratación de publicidad y que, por ende, fueron nulas las realizadas (considerandos 10, 11 y 16, ibidem); que la aprobación del gasto mediante la resolución nº 4454/MHGC/08 no podía sanear la nulidad absoluta en que se incurrió al demandar las prestaciones sin respetar las normas administrativas de contratación (considerando 14, ibidem).

  7. En lo que aquí importa, la lectura del memorial de agravios permite concluir que las escuetas consideraciones allí vertidas no se dirigen a poner en crisis concreta y razonadamente ninguna de las conclusiones a las que arribó la alzada en punto a la nulidad de las contrataciones celebradas entre ELP y el GCBA.

    3.1 ELP señala que la contratación se realizó de acuerdo al "modus operandi observado desde siempre en la relación comercial habida entre las partes de lo que se deduce la buena fe" (fs. 828 vuelta). Sin embargo, este argumento no torna legal la actuación desplegada pues, como se sostuviera en otra oportunidad, "si esa práctica [omisis] existió, se trató de una práctica contra legem, y no puede justificar la validez del contrato" (confr. este Tribunal in re: "Servipark S.A. c/ GCBA s/ contrato de obra pública s/ recurso de apelación ordinario concedido", expte. n° 4895/06, y sus acumulados expte. nº 4905/06 "Inco Construcciones S.A. s/ queja por recurso de apelación denegado en 'Inco Construcciones S.A. c/ GCBA s/ contrato de obra pública'" y expte. nº 4906/06 "Inco Construcciones S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Inco Construcciones S.A. c/ GCBA s/ contrato de obra pública", sentencia del 30 de noviembre de 2007).

    3.2 Al mismo tiempo, si bien el recurrente afirma que no "ha obrado con culpa o negligencia, pues no se trata de contratistas o proveedores habituales del Estado", la mera constatación que las facturas corresponden a servicios del trienio 2005/2007 (ver detalle formulado en la demanda a fs. 241/242 vuelta y pericia de fs. 567/572) basta para rebatir lo afirmado por la parte. La empresa actora -por su especialización- debió poseer un acceso indudable a toda la información vinculada con la contratación de publicidad; lo cual incluye, necesariamente, el conocimiento de la normativa a la que se sujetan esas contrataciones.

    De tal manera, resulta aplicable, claramente, el deber de la especial diligencia que la doctrina y la jurisprudencia exigen al contratista con el Estado, de forma tal que, al celebrar un contrato viciado en forma absoluta, asume conscientemente el riesgo de su posterior declaración de nulidad tal como fuera recordado por el Alto Tribunal en "Stamei S.R.L. c/ Universidad Nacional de Buenos Aires s/ordinario" (Fallos: 310:2278). Y no puede pretender, luego, desprenderse de las consecuencias de su voluntaria intervención en un acto carente de legitimidad, pues si incurrió en error en la interpretación de las pautas que debían cumplirse para celebrar una contratación administrativa, éste provendría de un acto propio que le impide excusarse en ese error.

    3.3 En definitiva, el recurrente pretende que el GCBA quede obligado al pago en virtud de los partes de recepción y de la aprobación del gasto por la resolución n° 4454/2008. Sin embargo, la sentencia apelada consideró el planteo y lo rechazó alegando que "un acto administrativo dictado con posterioridad no puede subsanar la ausencia absoluta del procedimiento administrativo que el ordenamiento jurídico establece para estos casos" (fs. 786). Este argumento, de indudable peso, no ha sido refutado por la interesada.

    3.4 En suma, ELP afirma que quedó demostrado que existió una relación comercial, que se trató de una situación excepcional, que la Administración estaba vinculada por los actos que dictó que no fueron anulados, que ELP cumplió las prestaciones a precios de mercado, que no conocía el vicio de la relación que la unía con el GCBA. Mas no se hace cargo de que, para los jueces de la causa: a) el contrato que vinculó a las partes era administrativo, b) que no se respetaron las reglas de contratación de esa especie, y c) que tampoco se respetaron las normas especiales de contratación de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR