Editorial
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REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN | Año 2 Nº 4 | Invierno 2017
pág. 15
EDITORIAL |
Editorial
Un lugar central de esta editorial de invierno lo tiene la desaparición
forzada de Santiago Maldonado ocurrida el 1° de agosto de 2017 en mo-
mentos que un grupo de la comunidad Mapuche reclamaban por sus tie-
rras en la provincia de Chubut, resultando –por el momento– el principal
responsable la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la
Nación.
El Estado Nacional, lejos de estigmatizar, perseguir y discriminar a las
personas que integran nuestros pueblos indígenas, les debe un trato prefe-
rencial, expresamente dispuesto en la Carta Magna Argentina. No está de
más recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, establece que se debe: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería
Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y sucientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su partici-
pación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intere-
ses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
El 1° de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición de
Santiago, se realizó una masiva marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pidiendo por su aparición con vida. En ella, los Gobiernos nacional y
de la Ciudad Autónoma actuaron con represión policial y criminalización,
todo ello con el aval de la justicia federal. La Policía de la Ciudad volvió a
incumplir la ley al practicar métodos como cacería de personas, uso brutal
de la fuerza, policías sin identicación y vestidos de civil, ataques a personal
de prensa y personas que se encontraban registrando la represión.
Durante este operativo violento y repleto de irregularidades, más de
treinta personas fueron detenidas y trasladadas a distintas comisarías de
la ciudad de Buenos Aires. Durante las primeras cinco horas, entre las 20 y
las 2 de la mañana, no se sabía cuántas personas estaban detenidas, dónde
se las alojaba, por órdenes de qué juez o scal y qué delito se les imputaba.
Compartimos los reclamos de diversos organismos de derechos huma-
nos y exigimos una vez más que el Estado argentino oriente por n, ade-
cuadamente, su tiempo y sus recursos para contribuir genuinamente a la
aparición con vida de Santiago Maldonado.
También queremos destacar que el 13 de agosto se desarrolló en nuestro
país una nueva jornada electoral con el objetivo de seleccionar a los can-
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