Editorial

Páginas:15-18
 
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REDEA. DERECHOS EN ACCIÓN | Año 2 Nº 3 | Otoño 2017
pág. 15
EDITORIAL |
Editorial Otoño 2017
El contexto político, económico, social y, consecuentemente, el universo jurídico en nuestro país;
nos interpela al lanzamiento de este nuevo número de ReDeA con estupor. Pero, lejos de ser parali-
zante, nos incentiva a profundizar nuestro pensamiento crítico y traducirlo en propuestas revita-
lizantes y superadoras.
El primer escaño de la lista de sucesos alarmantes queda reservado, sin duda, al fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, recientemente conformada, que habilitó la aplicación del bene-
cio excepcional previsto por la ley 24.390 conocido como ¨2 x 1¨ en el cómputo de condenas a
genocidas que fueron juzgados por los delitos más atroces de nuestra historia reciente. Dejando
así abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden
en libertad. Esta sentencia, dictada en una situación procesal particular abstracta y, por ello, más
simbólica que de consecuencias jurídicas efectivas en el caso concreto; provocó la reacción de los
Organismos de Derechos Humanos, así como de toda la sociedad argentina que tiene en su ADN
el legado de Memoria, Verdad y Justicia. Adherimos al reclamo por su no aplicación, haciendo
nuestros los conceptos de Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de Mayo-, quien sostuvo
que: “Estos delitos no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos
apropiados. Lo que no se juzga y se condena, se repite.
Por otra parte; advertimos con profunda preocupación y rechazo, la injerencia que el Poder Ejecuti-
vo Nacional está ejerciendo sobre el Poder Judicial en todos sus niveles de competencia.
Meses atrás, se designó como Juez subrogante en el Juzgado Federal 1 de La Plata a un juez federal,
de otra jurisdicción, en una clara maniobra tendiente a contar con un juez cercano, para que quede
a cargo, ni más ni menos, del próximo proceso electoral en la Provincia de Buenos Aires.
En la misma línea; un juez de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, que re-
cientemente había sido Ministro de Justicia del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,
fue trasladado hacia la Cámara Federal de Casación Penal. Ambos casos fueron cuestionados ju-
dicialmente por las irregularidades en el proceso de selección de estos jueces para ocupar los roles
asignados, sustanciadas por el Consejo de la Magistratura. No obstante, a pesar de seguir tramitan-
do las acciones judiciales, la propia Justicia Federal no ha sido determinante a la hora de impedir
preventivamente las asunciones de los cargos cuestionados.
Tercer escaño: días pasados se resolvió judicialmente la remoción de un senador como Consejero
de la Magistratura por no tener título de abogado, mediante la declaración de inconstitucionalidad
de un artículo de la ley aplicable 26.855. Ley que se encuentra vigente desde hace cua- tro años,
que nunca antes tuvo planteos al respecto y que, recién ahora, ha introducido la cuestión respecto
de un integrante del Consejo afín al Poder Ejecutivo en ejercicio en 2013. Resulta cuanto menos
llamativa la oportunidad de la sentencia, mientras se tratan en ese organismo cuestiones como las
mencionadas en párrafos anteriores y, además, varias denuncias del Ejecutivo contra jue- ces que
dictan fallos que le resultan adversos a su ideología de base.
Tampoco resulta azaroso que uno de los sectores de la justicia más fustigados sea el fuero laboral.
En un paradigma que pretende retrotraernos a viejas recetas de exibilización y privatización como
variables de ajuste, como lo evidencia la sanción de la también judicialmente cuestionada ley 27.348
que modica el sistema de cobertura de riesgos del trabajo; no resulta extraño que los focos de
ataque sean tanto jueces laboralistas como abogados que pugnan por la defensa de los derechos

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