Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 10 de Marzo de 2010, expediente L 84727 S

PonenteNegri
PresidenteSoria-Hitters-Negri-Pettigiani-Kogan-Genoud-de L
Fecha de Resolución10 de Marzo de 2010
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de marzo de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., Hitters, N., P., K., G., de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 84.727, "D.G.O. contra 'Eastman Chemical Argentina S.R.L.'. Indemnización por daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo de Z. declaró la inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557.

La parte demandada interpuso recurso extraor- dinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inapli- cabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. En lo que aquí interesa, el tribunal del trabajo interviniente rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada y declaró la incons- titucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 cláusulas adicionales 1ra. y 5ta. de la ley 24.557 en las presentes actuaciones promovidas por G.O.D. contra Eastman Chemical Argentina S.R.L. por las que pretende el cobro de una indemnización con sustento en el derecho civil por los daños y perjuicios derivados de las secuelas incapacitantes atribuidas al infortunio laboral que denuncia como ocurrido el día 20 de enero de 1999 (fs. 69/76).

  2. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabili- dad de ley (fs. 81/86).

    Sostiene que el sistema competencial establecido en la ley 24.557 en modo alguno implica un impedimento de acceso a la justicia, habida cuenta que conforme lo preceptuado por su art. 46 los dictámenes emanados de las Comisiones Médicas organismos encargados de determinar el carácter y grado de una incapacidad son recurribles incluso por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

    Por otro lado, defiende la validez constitucional del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo pues en su opinión, la norma no vulnera los derechos de igualdad y propiedad amparados por la Constitución nacional. Expresa también que el régimen creado por el mentado cuerpo legal no sólo tiene en cuenta el aspecto resarcitorio inmediato tanto monetario como médico sino también el preventivo, otorgando a la víctima de un infortunio un apreciable conjunto de ventajas que contribuyen a guardar equitativa proporción frente a la imposibilidad de acceder a la reparación integral (no tarifada) prevista por el Código Civil.

    Finalmente, alega que la resolución del tribunal de origen fundada en la invocación genérica de las garantías supuestamente vulneradas ha sido emitida en abstracto, soslayando cuestiones que debieron ser acreditadas con carácter previo al pronunciamiento sobre el derecho aplicable (existencia de la enfermedad y/o accidente, grado de incapacidad, etc.).

  3. El recurso debe prosperar parcialmente.

    En cuanto a los agravios esbozados en torno a la inconstitucionalidad declarada de las normas de la ley 24.557 que fijan un régimen competencial federal (arts. 8 apart. 3º, 21, 22 y 46), no son de recibo.

    1. a. Esta Suprema Corte ha resuelto recursos análogos al presente contra la pretensión del recurrente (v. causas L. 75.708, "Q.", sent. de 23IV2003; L. 82.871, "C.", sent. de 1IV2004; L. 82.688, "Fedczuk", sent. de 14IV2004; L. 88.784, "R.", sent. de 8VI2005) decretando la inconstitucionalidad de las men- cionadas normas.

      Para más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa C. 2605. XXXVIII, "Castillo, Á.S. c/ Cerámica Alberdi S.A." (sent. de 7IX2004) ha declarado la inconstitucionalidad del citado precepto normativo con sustento en argumentos similares a los vertidos por este Tribunal en los pronunciamientos antes señalados.

      De tal forma y siendo que la recurrente no ha desarrollado argumentos novedosos que ameriten la revisión de lo decidido en aquellos antecedentes, el recurso debe rechazarse, en esta parcela.

      1. Tal decisión se impone también en la especie a la luz de la doctrina sentada por este Tribunal en las causas L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7III2005); L. 75.295, "A.,E.E." (sent. de 30III2005) y L. 87.394, "V. de C., M.C. y otros" (sent. de 11V2005).

        En efecto, si como se estableciera en dichos precedentes, para que prospere un reclamo por infortunio laboral con arreglo al régimen del derecho civil, es necesario transitar todo el proceso para, recién al momento de dictarse la sentencia, (a) declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 al comprobarse la insuficiencia reparadora del sistema del seguro y (b) establecer que el daño comprobado sea atendido por quien resulte en definitiva obligado a su pago esto es, la compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo, el empleador o ambos, según el modo en que hayan quedado acreditadas las bases de sus respectivas responsabilidades entonces, se impone como cuestión previa la declaración de inconstitucionalidad de las normas de la ley 24.557 que cercenen, restrinjan o imposibiliten la jurisdicción local para entender en dicho proceso.

        En conclusión, la declaración previa de inconstitucionalidad de los mentados preceptos llevada a cabo por el tribunal de grado debe ser ratificada, en atención a los fundamentos que conforman la doctrina de las causas L. 75.708, "Q." (sent. de 23IV2003); L. 82.871, "C." (sent. de 1IV2004); L. 82.688, "Fedczuk" (sent. de 14IV2004); L. 88.784, "R." (sent. de 8VI2005) y el precedente "Castillo" (sent. de 7IX2004) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por imperativo procesal a la luz del criterio sentado en las causas L. 80.735, "Abaca" (sent. de 7III2005), L. 75.295, "A.,E.E." (sent. de 30III2005) y L. 87.394, "V. de C.,M.C. y otros" (sent. de 11V2005) para los supuestos de reclamaciones encuadradas en el ordenamiento civil donde el empleador y/o la Administradora de Riesgos del Trabajo integren la litis.

      2. No obsta a lo anterior, el hecho que en el sub examine la declaración de inconstitucionalidad se haya realizado en forma previa a la efectiva integración de la litis con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo citada por la demandada.

        Es que los sentenciantes de grado, en ejercicio de sus propias prerrogativas, ab initio han removido los obstáculos normativos pertinentes a efectos de mantener indemne la conferida aptitud legal para ejercer su jurisdicción en el presente caso (arts. 1 del C.P.C.C.; 1 de la ley 11.653). Y ello no resulta en principio reprochable a la luz de la doctrina de la anulación ex officio sentada en las causas L. 82.283, "G." (sent. de 23XII2003); L. 81.466, "Aresi" (sent. de 2VI2004) y L. 81.785, "F." (sent. de 22IX2004), puesto que aquí están en debate los presupuestos adjetivos esenciales y necesarios para la constitución válida del proceso en cuestión y no como en los citados precedentes capítulos o cuestiones propios de la substancia de la pretensión incoada resueltos sin mediar intervención previa de la citada.

        En definitiva, no entiendo configurado en la especie violación alguna al debido proceso que amerite ejercer en esta instancia extraordinaria la excepcional facultad de anulación oficiosa.

    2. a. En relación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, efectuada en la instancia de grado, he de señalar que el tema aquí debatido ha sido resuelto por esta Suprema Corte al dictar sentencia en la ya citada causa L. 80.735, "Abaca", sent. de 7III2005.

      En tal sentido, y sin perjuicio de remitirme por razón de brevedad a los términos y fundamentos que expuse al votar en dicha causa, integrando la mayoría, debo señalar que en la misma quedó establecido, como doctrina legal de este Tribunal fincada en lo sustancial en una adecuada interpretación de los principios y conclusiones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "A., Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21IX2004, publicado en "La Ley", suplemento especial del 27IX2004), que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 pronun- ciada en la instancia de grado como cuestión previa, constituye un predicamento en abstracto.

      Ello así porque el órgano judicial de la instancia ordinaria, al resolver la cuestión constitucional prematuramente, con anterioridad a la apertura a prueba de las actuaciones, impidió que se acreditaran los presupuestos fácticos indispensables para la eventual procedencia de la acción civil intentada, y luego, sobre esa base, que se demostrara la virtual insuficiencia reparatoria de las prestaciones que correspondiere percibir al accionante de conformidad con la ley especial, presupuestos todos indispensables para el control de constitucionalidad de la norma impugnada.

      En línea con lo señalado, la declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 supone la comprobación, en el caso concreto, de la insuficiencia de las prestaciones previstas por dicha ley especial para reparar adecuadamente el daño sufrido por la víctima, y a tales fines, resulta indudable que el parámetro para llevarla a cabo, en una suerte de comparación o cotejo, lo constituye la extensión del resarcimiento al que la víctima accedería en su caso en el marco del régimen común de responsabilidad emergente por aplicación de las disposi- ciones del Código Civil.

      En tal marco la declaración de inconstitucio- nalidad del art. 39 de la ley 24.557 debe ser revocada. Por idénticas consideraciones, corresponde revocar también la invalidez constitucional decretada respecto del art. 49 disposiciones adicionales 1º y 5º de la ley en cuestión.

      1. Por último, cabe advertir que la recurrente al momento de contestar la demanda, solicitó la citación de Mapfre Aconcagua A.R.T. (fs. 51), petición no obstante que no fue tratada por los magistrados de...

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