Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Julio de 2008, expediente B 63866

PresidenteGenoud-de Lázzari-Negri-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución23 de Julio de 2008
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 23 de julio de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG., de L., N., P., K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 63.866, "D., J.A. contra Provincia de Buenos Aires (Comisión de Investigaciones Científicas). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. El señor J.A.D., invocando su condición de Investigador Principal de la Comisión de Investigaciones Científicas (en adelante, C.I.C.) -ente autárquico provincial (dec. ley 7385/1968 y sus modificatorias)- promovió demanda contencioso administrativa contra la aludida entidad solicitando se anulen los decretos 3514/2000 y 3022/2001, ambos dictados por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el expediente 2756-1509/99. Por el mencionado en primer término, se desestimó su reclamo tendiente a que se le abonasen diferencias remunerativas, establecidas en el art. 21 del dec. ley 9688/1981 y su decreto reglamentario -Estatuto de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico- y por el otro, se rechazó el recurso de revocatoria incoado contra el precedente.

    Por consecuencia de la anulación pretendida, solicitó que se condene a la demandada a abonarle las sumas que resulte adeudar en concepto de diferencias de haberes, con más sus pertinentes intereses para el lapso comprendido "entre el momento en que éstas se produjeron" y su efectivo pago. Pidió que, ante el abandono del sistema de convertibilidad legal, la deuda sea indexada o repotenciada para compensar ese fenómeno (punto II.B, a fs. 37 vta.).

    Acompañó prueba documental y ofreció prueba instrumental e informativa.

  2. Corrido el traslado de ley se presentó en autos la Fiscalía de Estado a contestar la acción, argumentando a favor de la legitimidad de las resoluciones impugnadas y peticionando el rechazo de la demanda, en todas sus partes. Para el caso de que aquélla prospere, planteó -con fundamento en lo normado en el art. 4027 del Código Civil- la prescripción quinquenal de las diferencias de haberes que pudiere corresponder al demandante, desde la interposición del reclamo administrativo (el 20-VIII-1999).

  3. A fs. 84 el accionante respondió el traslado que, del aludido planteo de prescripción, el Tribunal le confirió.

  4. Agregadas las actuaciones administrativas, sin acumular, el cuaderno de prueba actora y glosados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo que el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

    C U E S T I O N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I O N

    A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  5. 1. El actor relata que desde hace varios años percibe sus haberes por debajo de lo legalmente establecido y que ha efectuado sendos reclamos, obteniendo una respuesta negativa por parte de su empleadora.

    Postula que su remuneración debe ser calculada conforme el porcentaje normado en el art. 21 del dec. ley 9688/1981 y sus modificatorias.

    La mentada norma determina el monto del sueldo de investigador teniendo en cuenta porcentajes relacionados con el cargo de Ministro del Poder Ejecutivo. Así, para el Investigador Superior fija el 99% del total de la remuneración correspondiente al cargo del aludido funcionario y para las restantes categorías de investigadores determina un porcentaje decreciente del haber correspondiente al Investigador Superior.

    En primer lugar, se agravia argumentando que desde el inicio del vínculo laboral sus haberes fueron liquidados únicamente sobre la base del sueldo básico y gastos de representación correspondientes al cargo del referido ministro. Destaca que no se consideró la "remuneración total" percibida por aquel funcionario la que -entiende- se conformaba también con los suplementos, bonificaciones, viáticos y otros componentes "en negro" que elevaban el sueldo real del mentado cargo y mantenían casi insignificante el "sueldo básico" sobre el cual se aplicaba el aludido porcentaje. Asegura que permanece en esa situación que tilda de ilegal, hasta el presente.

    Manifiesta que, individualmente y a través de la Asociación Bonaerense de Científicos, reclamó ante la Administración recibiendo como respuesta que el porcentaje de rigor debía aplicarse sobre "el sueldo básico y gastos de representación" correspondientes al cargo de ministro. Agrega que en lógico correlato la totalidad de los organismos de asesoramiento y control provinciales opinaron que ese régimen salarial "de enganche" o proporcional a la remuneración del cargo de ministro era procedente, aunque debía considerarse exclusivamente el sueldo básico y los gastos de representación, prescindiéndose de todo plus.

    Puntualiza que luego del dictado del decreto 5/2000 que -según considera el accionante- "blanqueó los sueldos de todos los funcionarios políticos ...incorporando al básico los adicionales simulados..." sus ingresos tampoco fueron reajustados de modo proporcional al incremento producido en la remuneración de los ministros del Poder Ejecutivo.

    Expresa que la nueva situación provocada por el dictado del mentado decreto lo condujo a pensar que, aunque no por la vía que considera correcta (por aplicación del porcentual sobre el "total" del sueldo de ministro) su remuneración mejoraría al aplicarse el "enganche" sobre un básico que -según considera- se había elevado al "blanquearse" el régimen remuneratorio provincial.

    Resalta que, a pesar de la incorporación al básico de los adicionales simulados, la C.I.C. continuó pagando los sueldos disminuidos, incurriéndose en una nueva y manifiesta irregularidad.

    Se agravia argumentando que los mismos organismos de asesoramiento y control que habían rechazado los pedidos de reconocimiento de diferencias salariales invocando la vigencia del art. 21 citado aunque limitado al "básico", luego dijeron que dicha norma se encontraba derogada desde enero de 1994 (momento en que se sancionó la ley 11.489).

    1. Cuestiona la legitimidad de los actos administrativos atacados sosteniendo que se apartan de la correcta interpretación jurídica que cabe dar al art. 21 referido. Según aduce, como esa norma refiere a un porcentaje "del total de la remuneración correspondiente al cargo de Ministro del Poder Ejecutivo" deben considerarse incorporados todos los aditamentos que se abonan junto con el sueldo básico. En sustento de su postura acude a la definición que sobre remuneración consagran los arts. 40 del dec. ley 9650/1980 (t.o. 1994) y 25 de la ley 10.430. También invoca precedentes de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    2. Desde otro ángulo, cuestiona el argumento utilizado por la demandada al rechazar el recurso de revocatoria en cuanto sostuvo que el denominado "sistema de enganche" previsto por el referido art. 21 había sido derogado en el año 1994, por aplicación del art. 4º de la ley 11.489.

      Considera que la Provincia demandada realiza un "giro copernicano" y se coloca en autocontradicción con el criterio sostenido anteriormente, en detrimento del principio de buena fe.

      Afirma que los mismos organismos que frente al reclamo de regularización salarial afirmaron que no correspondía por efecto del referido art. 21 considerar en el cálculo de la remuneración de los investigadores otros rubros que no sean "sueldo básico" y "gastos de representación" de los ministros (como lo reconoció en el decreto 3514/2000 impugnado en estos autos), luego del dictado del mentado decreto 5/2000, ante el pedido de aplicación del porcentual sobre el básico "blanqueado" manifestaron que correspondía no hacer lugar al reclamo porque el art. 21 había sido derogado siete años atrás.

      Se agravia argumentando que cuando conviene al Fisco para mantener achatados los salarios de los investigadores, el régimen de enganche está vigente (aunque limitado al básico y sin considerar los sobresueldos ocultos) y cuando esos rubros simulados se incorporan al básico, el sistema de "enganche" se dice derogado.

      Aduce que constituye un principio de la legalidad administrativa la veda de la contradicción con los propios actos jurídicamente relevantes, destacando que es consecuencia del deber oficial de obrar de buena fe el respeto de los derechos adquiridos por los ciudadanos.

      Concluye sosteniendo que se trata de hacer efectivo el derecho a la remuneración legalmente reconocida (art. 13 inc. "c" del dec. ley 9688/1981), sustentado en los arts. 11 y 39 de la Constitución provincial y 14 bis de la Carta nacional.

    3. Señala que la motivación de la decisión administrativa impugnada anoticia que el Poder Ejecutivo se considera autorizado a fijar la escala salarial de los profesionales de la C.I.C. porque entiende que el art. 21 referido -que fijaba porcentajes vinculados al sueldo correspondiente al cargo de ministro- fue derogado definitivamente por la ley 11.489 y no durante la vigencia de la emergencia estirada por la ley 11.184.

      Expresa que la citada ley 11.489 entró a regir en enero de 1994 y que su prórroga se mantuvo a lo sumo, hasta enero de 1995. Destaca que la idea oficial de que la ley de emergencia pudo derogar de una vez y para siempre el sistema de enganche, provocando la disminución de los sueldos, no se ajusta a la legalidad.

      Arguye que las disposiciones motivo de autos no pueden apartarse del contexto de la emergencia y, en ese marco, interpreta que no puede considerarse definitivamente derogado el sistema "de enganche", sino mientras durara la aludida situación transitoria.

      Puntualiza que la ley 11.489 se trata de una legislación excepcional, que suspende la garantía constitucional de mantenimiento de la remuneración y, por esa razón, tuvo un plazo acotado hasta enero de 1995, momento a partir del cual -arguye- la norma perdió toda efectividad. De lo contrario, añade, los derechos constitucionales quedarían derogados definitivamente por normas de rango inferior.

    4. En...

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