Dos visiones del derecho penal

El anteproyecto de que recientemente presentó al Poder Ejecutivo la comisión integrada por el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Carlos Arslanian; los diputados y , la ex diputada María Elena Barbagelata y el juez de la Corte Suprema tiene tres grandes méritos.

El primero es haber unificado la totalidad de la legislación penal hoy dispersa entre el Código Penal y las distintas leyes especiales. En segundo lugar, ha reordenado el texto legal, que había sufrido distintas reformas parciales que fueron modificando su contenido, coherencia y alcance. Estas dos cuestiones -por sí solas- ya captaron el interés de jueces, abogados y académicos.

Sin embargo, el mayor mérito del trabajo es haber instalado el debate público sobre la cuestión penal, su alcance y sus límites. Con otras palabras, invitarnos a reflexionar sobre cuál es el modelo de política criminal que elegimos, en la inteligencia que una reforma de semejante envergadura regirá la vida de los argentinos por varias generaciones. El Código Penal, de modo muy particular, define a una sociedad.

Si entendemos que la política criminal es la actuación de los órganos del Estado en la prevención de delitos, la sanción de un nuevo código penal no puede pasar inadvertida para la conciencia ciudadana. En este debate debemos evitar los etiquetamientos, tales como garantismo versus mano dura, que nos impiden discutir con profundidad las ideas de fondo que inspiran las distintas concepciones sobre el derecho penal.

Las posturas críticas del sistema penal lo consideran una herramienta del Estado que carece de legitimidad y que tiende a desbordarse. Parten de la idea de que el Estado necesita de los delincuentes y su castigo como medio de dominación, utilizando la pena como pretexto para mantener las estructuras de dominio y un control de los grupos de poder. De allí que la principal función de los jueces debe ser limitar sus alcances para contener el poder sancionatorio del Estado. Para esta concepción, la pena de prisión es fuertemente cuestionable.

Por otra parte, se encuentran quienes postulan una mayor intervención del sistema punitivo del Estado, cuya demanda principal en la lucha contra el delito pasa por aumentar las penas. La prisión es requerida como respuesta principal frente al delito. Desde esta posición suele reclamarse mano dura y tolerancia cero, y su límite extremo lo encontramos en aquellos sistemas que prevén la pena de muerte como respuesta última frente a los delitos más...