Dos sentencias distantes y una convención verdadera

Autor:Ernesto E. Domenech
Cargo:Director del Instituto de Derechos del Niño, FCJyS, UNLP
Páginas:92-145
 
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DOS SENTENCIAS DISTANTES Y UNA CONVENCIÓN VERDADERA
Por Ernesto E. Domenech
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1. Presentación
He aquí dos sentencias, de dos países distintos (Colombia y Argentina), de dos
infancias discernibles (una sin padres ni familia al alcance, otra con padres en
conflicto y con facebook) de niños y jóvenes de edades diversas (uno de 4 años, otro
adolescente). He aquí también dos fueros disímiles (uno penal, el otro civil), con
distintos derechos internos y una misma Convención Internacional de Derechos del
Niño.
La diversidad y la comparación inquietan. El lenguaje claro de las sentencias ayuda
la comparación, la curiosidad, y el acopio de una usina de preguntas.
El precedente colombiano ¿podría pensarse para la primera infancia argentina y sus
padres con las “selfies” y celulares?
¿En qué consiste la intimidad en una cultura líquida y panóptica cuyas cámaras y
celulares proliferan sin prisa y sin pausa?
¿Qué debe hacerse con niños que ningún lugar encuentran en el mundo y recalan
casi invariablemente en fueros de responsabilidad penal juvenil?
¿La ausencia de políticas de Estado sobre la infancia es único patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) o atraviesa las jurisdicciones y
municipios como el agua en una inundación?
¿En qué prácticas consiste el paradigma que hirió de muerte al Patronato?
¿Qué rol deben cumplir los Defensores de Niños en los fueros de responsabilidad
penal juvenil? ¿Deben guiarse por el Interés Superior del Niño?
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Director del Instituto de Derechos del Niño, FCJyS, UNLP.
Estas sentencias merecen reflexiones. En este resumen, las presentamos y
preguntamos y nos preguntamos conscientes de que el universo de interrogantes es
mucho más extenso y que seguiremos pesquisándolas. En la expresión que
caracterizaba las tiras de comics en diarios de la modernidad sólida…continuará
mañana.
2. Primera Sentencia
Fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional
El alojamiento institucional de adolescentes sin contención familiar
Buenos Aires, 11 de julio de 2014.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. A fs. 368 el juez de Menores Alejandro Marti Garro no hizo lugar al
traslado y realojamiento del menor L. J. M., solicitado a fs. 354/55 vta. por
el Defensor ad-hoc de la D.G.N, Gustavo Oreste Gallo.
Dicha decisión fue recurrida por el mencionado letrado a través del
recurso de apelación deducido a fs. 372/75, motivando la intervención de
esta alzada.
A la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN concurrió el Dr. Gallo, a
expresar agravios. Finalizada su exposición, el tribunal deliberó en los
términos del art. 455 de ritual, por lo que nos encontramos en condiciones
de resolver.-
II. De acuerdo a las particularidades que evidencia este caso en concreto,
y habida cuenta lo expuesto por el Defensor de Menores en la audiencia,
la decisión de mantener alojado al niño M. en el Instituto San Martín habrá
de ser confirmada, por los fundamentos que expondremos a continuación.
En primer lugar, el tribunal comparte los argumentos brindados en su
oportunidad por el juez Marti Garro a la hora de disponer la permanencia
del joven en aquél establecimiento, puesto que de la lectura de los
diversos informes recabados en autos sobre su situación surge que se
encontraría en graves condiciones de desamparo desde hace varios
años, por carecer de un núcleo familiar de contención, que al mismo
tiempo se ve agravada por el continuo consumo de sustancias tóxicas
que, pese a su corta edad, le han producido un importante deterioro físico
y psicológico.
En este contexto, no podemos pasar por alto que sus reiterados ingresos
anteriores a instituciones de régimen abierto no surtieron efecto alguno ni
lograron brindar un tratamiento acorde a la problemática evidenciada en el
menor, puesto que en todos los casos se ha retirado por voluntad propia
de dichos establecimientos y, en algunos otros, en que se ejercía un
mayor control sobre él, se ha dado a la fuga.
Frente a este panorama, la propia ley nº 26.061 autoriza a adoptar las
medidas de protección integral de los derechos o garantías de los
menores ante su amenaza o violación, con el objeto de preservarlos,
restituirlos o reparar sus consecuencias, tal como ocurrió en el caso (art.
32 y sgtes. de la citada ley).
En virtud de ello, la adopción de la medida que ahora se cuestiona resulta
de momento -a nuestro criterio- acertada, dado que su inmediato traslado
a una comunidad terapéutica como fuera solicitado, a la luz de lo ocurrido
en cada una de las oportunidades en que le fue concedida con
anterioridad, conspira contra su propio interés como niño, conforme la
C.I.D.N. y el art. 34 de la ley 26.061.

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