Dos poderes en pie de guerra

Parece una guerra, y es una guerra. O por lo menos así lo entiende el gobierno de Cristina Kirchner. Es ella contra los jueces. Los jueces, a su vez, han perdido la paciencia. Por primera vez, el nombre de la Presidenta está en un expediente judicial por presuntos hechos de corrupción. Esa investigación podría concluir en una causa por lavado de dinero. El Gobierno amenaza con quitarles poder a los jueces y decapitó a la conducción administrativa del Consejo de la Magistratura. El cristinismo se está convirtiendo en un partido antisistema.

Se está volviendo una facción política que agrede a la democracia con los mecanismos de la democracia.

Muchas veces se dijo que los Kirchner se habían hecho ricos por las hipotecas que les permitió ejecutar la circular 1050 de la dictadura. Es la versión que al final les conviene, aunque desmienta sus compromisos con los derechos humanos durante aquellos años criminales. La verdad es peor. Nadie se hace rico por tener varios departamentos o casas en Santa Cruz. Los Kirchner conocieron la verdadera riqueza, según sus propias declaraciones juradas, desde el poder, cuando se hicieron cargo de la administración de los recursos públicos provinciales o nacionales. Ésta es una certeza que contiene una conclusión devastadora: ningún gobernante se hace rico en el gobierno inocentemente.

La conclusión no es nueva. Lo único nuevo es que los jueces comenzaron a investigar. El allanamiento del jueves pasado a la ficticia oficina capitalina de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia, fue una decisión que ningún juez hubiera ni siquiera imaginado hace sólo seis meses. Al juez federal Claudio Bonadio le bastó ahora una semana para resolver el allanamiento. La causa entró a su juzgado como consecuencia de una investigación del programa de Jorge Lanata, y en la tarde del jueves la Justicia abrió las puertas de una oficina vacía. La causa de Hotesur no es demasiado grave: falta de balances o de notificaciones sobre la composición de su directorio. Refiere, sí, a la arbitrariedad con la que se manejan las instituciones del país. La Inspección General de Justicia, en manos kirchneristas, escondió aquellos faltantes. Una empresa enemiga del Gobierno ya hubiera sido, por mucho menos, víctima del escarnio público.

El problema de Cristina es que hay otra empresa investigada, Valle Mitre. Ésta pertenece a Lázaro Báez, quien pagó gran parte de las habitaciones de los hoteles presidenciales...