Dos democracias en pugna

Dos ideas de la democracia coexisten en la Argentina. Una la asocia con las instituciones de la República, el pluralismo y el Estado de Derecho. Estuvo en vigor entre 1983 y 1989. La otra postula la unidad del pueblo nacional y la transferencia de su soberanía a un líder, no limitado por las instituciones. Así funcionó, con matices importantes, entre 1916 y 1955, y hoy la vemos otra vez desarrollarse con vigor. Las diferencias entre ambas ideas son grandes, pero tienen una referencia común: el valor del sufragio universal, que hoy es uno de los pocos puntos de coincidencia en nuestra dividida Argentina.

El sufragio universal, secreto y obligatorio se estableció hace cien años, con la ley Sáenz Peña, que agregó la lista incompleta, asegurando la representación de las principales minorías. El sufragio universal ya se practicaba en la provincia de Buenos Aires desde 1821 y está consagrado por la Constitución de 1853. Por distintos motivos, los que votaban eran pocos y las elecciones se dirimían entre reducidas y aguerridas maquinarias electorales. Sáenz Peña lo hizo obligatorio y creíble, protegiendo la libre decisión del ciudadano. A la ley agregó, desde el magisterio presidencial, un tono imperativo: "Sepa el pueblo votar". Los argentinos no sólo podían, sino que debían ser ciudadanos.

La democracia coronaría el edificio del Estado republicano ya asentado y consolidado. Los reformadores pudieron quizás haber optado por una variante más gradual. Pero eligieron la reforma drástica y rápida. Esperaban producir una gran transformación que, sin cambiar sustancialmente las elites gobernantes, ampliara la legitimidad del Estado y abriera la posibilidad de incluir nuevas voces. Sáenz Peña imaginó que habría dos o quizá tres partidos de ideas sobre los cuales se construiría el debate y la alternancia republicana.

La historia no marchó por ese camino. La UCR, vencedora en 1916, no era un partido de ideas, sino de ideario: regenerar la política y extirpar el "régimen falaz y descreído". Su regeneracionismo -puntualiza Botana- tenía por límite la Constitución, pero llevó a Yrigoyen a ignorar a la oposición y el debate, y a desentenderse del Congreso, en nombre de una legitimidad conferida por el pueblo, pues, para él, "la causa radical es la causa nacional".

El movimiento peronista avanzó mucho en ese sentido, al punto que las "veinte verdades peronistas" fueron convertidas en "doctrina nacional" y así se las enseñó en las escuelas. El "pueblo entero"...