Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) - Santa Fe, 31 de Marzo de 2021

Presidente334/21
Fecha de Resolución31 de Marzo de 2021
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) - Santa Fe

Registrada bajo el N° 58 F° 60 T° 24

//ta Fe, 31 de marzo de 2021.-

AUTOS Y VISTOS:

Estos caratulados "DOLCI LARA AGOSTINA C/ VOLKSWAGEN SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS S/ DEMANDA DE DERECHO DE CONSUMO" (CUIJ: 21-23023702-3), venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020 (fs. 26/30), dictado por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y L.N.. 20 de S.J., franqueada la instancia de grado a través de lo proveído a fs. 38; y,

CONSIDERANDO:

  1. - La resolución recurrida dispuso rechazar la medida cautelar solicitada. Para así decidir, resumidamente, la jueza de grado sostuvo: que para el despacho de las medidas se requiere, no sólo una simple "verosimilitud en el derecho", sino la existencia de una fuerte probabilidad del mismo, y en la especie tal recaudo no luce satisfecho (...); que la accionante a través de la pretensión precautoria que intenta, en realidad lo que cuestiona es lo pactado contractualmente, lo cual busca innovar en función de las manifestaciones e interpretaciones unilaterales que realiza, estimando excesivo y abusivo el aumento del valor de las cuotas (...); que no acredita no estar en mora ni ofrece contra-cautela, por el contrario solicita se la exima de prestar caución en virtud de ser consumidora (...); que el Máximo Tribunal de la Provincia de Santa Fe se pronunció en el precedente «S.» sobre el beneficio de gratuidad del consumidor individual en nuestra Provincia, pero circunscribiendo su decisorio a la polémica en torno a la exigibilidad de las tasas y sellados de demanda (...); que la declaratoria de pobreza no tiene el efecto de eximir al declarado pobre de prestar contracautela para la traba de una medida precautoria (...); que tampoco acredita la actora si abona o deposita judicialmente los montos que en concepto de cuotas estima le correspondería oblar de acuerdo a sus propios cálculos (art. 278 CPCyCSF); que el aumento de los automotores fue mayor al aumento de los salarios es evidente. A raíz de lo cual, la IGJ dictó la Resolución General 2/2019 de fecha 20/8/19, por la que, atendiendo justamente a esta situación se dio la posibilidad de opción a un diferimiento de un porcentaje de las cuotas-partes y estableciendo igualmente un régimen de diferimiento del pago de determinado porcentual de la cuota de ahorro y/o de amortización, según el caso; y de las cargas administrativas (...); que la actora no acredita, ni menciona siquiera, por qué no realizó alguna de las opciones (o ambas) que legalmente tuvo a su disposición (...); que las medidas cautelares innovativas requieren una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, porque alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (...); que los argumentos de la actora, per-se, no tienen virtualidad para el despacho de las cautelares que peticiona, ya que en materia de contratos de Ahorro Previo y Prenda está permitida la movilidad de precio de las cuotas (...); que para determinar el alcance y la recta interpretación de relaciones contractuales que por su complejidad resultan ajenas a un ámbito procesal de esta naturaleza, pues requieren mayor amplitud de debate, y ejercicio de las pruebas que pudieran hacer valer las partes (...); que no son las Medidas Cautelares el remedio para lograr el fin que se pretende, más aún cuando existen vías procesales específicas que propician un adecuado debate y pleno conocimiento del asunto (...) (fs. 26/30).

  2. - En trance de expresar agravios ante esta sede, el recurrente afirma: que nada valora la sentenciante de primera instancia respecto de lo expresado en la demanda, sólo se limita a manifestar que no existe el presente requisito para la admisibilidad de las medidas cautelares (...); que verosimilitud en el derecho surge de la prueba acompañada y de los hechos que son de público conocimiento, que los adherentes de planes de ahorro para fines determinados han sufrido alteración sobreviniente, extraordinaria e imprevisible en la ecuación negocial, cuya consecuencia es que la prestación a su cargo ha devenido en excesivamente onerosa respecto de las del otro contratante (...); que por su propia naturaleza, las medidas cautelares no requieren la prueba terminante y plena del derecho invocado, quien las pide solo debe acreditar que el derecho es verosímil y el juez la otorga sin prejuzgar sobre el fondo del asunto (...); que se encuentra acreditado...

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