¿Estamos dispuestos a perder derechos civiles para combatir la inseguridad?

Ricardo Bussi, en el spot de campaña

"Qué la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes, sí a la portación legal y libre de armas", señala el candidato a gobernador de Tucumán por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, en un video donde el legislador aparece en un polígono de tiro ejercitándose en el uso de armas, escenas que se intercalan con imágenes relacionadas con la inseguridad.

Como todo spot publicitario que busca tener impacto, el de Bussi tiene una buena carga de escenas cinematográficas donde él mismo el toma su arma y realiza disparos. Bussi es el candidato del libertario Javier Milei, que lo llevará en su boleta de candidato a presidente. Esta propuesta, que los ciudadanos puedan portar armas para poder defenderse del delito, podría tener cierta aceptación en un sector de la sociedad.

Los vídeos editados con tintes de película suelen ser efectivos en las campañas políticas, hace unas semanas toda la dirigencia política argentina se vio obligada a comentar el spot promovido por el gobierno de Nayib Bukele, de El Salvador, donde mostraba cómo se trasladaba a una cárcel especial a miles de integrantes de las famosas y extremadamente violentas pandillas salvadoreñas conocidas como "Los Maras". Esas imágenes, como las del spot de Bussi, transmiten esa sensación de seguridad que todos necesitamos para tener un estándar de vida normal, eso de sentir que podemos transitar por las calles tranquilos sin temer que nuestra vida o la de nuestros seres queridos se apaguen por un hecho violento como potenciales víctimas de un motochorro armado o por vivir o atravesar cierta esquina de un barrio donde dos bandas narcos se disputan a los tiros ese territorio.

Los spots publicitarios muestran los resultados finales, pero no cuentan el proceso . En El Salvador se llevó adelante una política de seguridad donde, para combatir el crimen organizado, se violaron derechos constitucionales. Se dictó el estado de excepción, se otorgó luz verde a las fuerzas de seguridad para actuar, se extendieron las prisiones preventivas, se permitió detener a jóvenes por tiempos prolongadísimos solo por casos de sospecha, habilitaron detenciones arbitrarias, se redujo la edad de imputabilidad, se armó en mayor medida a las fuerzas de seguridad, que además contaron con todas las atribuciones para violar derechos. Es tranquilizador ver a los delincuentes detenidos, pero también hay que saber que muchas familias salvadoreñas...