Disposición 6423/2019
| Fecha de publicación | 09 Agosto 2019 |
| Sección | Disposiciones |
| Emisor | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA |
Ciudad de Buenos Aires, 07/08/2019
VISTO las Leyes Nros. 26.097, 24.759, 25.188, el Decreto 258 del 10 de abril de 2019 y el Expediente N° EX-2019-66247758-APN-ANMAT#MSYDS; y
CONSIDERANDO:
Que la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN y la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobadas en nuestro país por las Leyes Nros. 26.097 y 24.759, respectivamente, promueven la adopción de medidas orientadas a preservar la integridad en la función pública y encomiendan al Estado Nacional instruir a los funcionarios públicos para asegurar una adecuada comprensión de sus responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, así como promover programas de formación y capacitación que les permitan cumplir con los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones, brindándoles capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.
Que la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 en su artículo 2º establece que los funcionarios deben desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, velando en todos sus actos por los intereses del Estado y la satisfacción del bienestar general por sobre el beneficio personal, mostrando la mayor transparencia en las decisiones.
Que mediante Decreto N° 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (2019 – 2023)” donde la promoción de iniciativas para la efectiva prevención y sanción de los actos de corrupción debe ser responsabilidad de todos los poderes del Estado mediante la adopción de acciones coordinadas.
Que la planificación en materia de anticorrupción constituye una instancia esencial a fin de identificar riesgos específicos, diseñar un abordaje multisectorial, establecer metas, realizar un monitoreo específico y una actualización periódica.
Que la posición de los funcionarios como servidores públicos exige el deber de cumplir con las demandas de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así los vínculos con la ciudadanía, como garantía de la confianza en las instituciones de la República.
Que asimismo con el objetivo de fomentar y jerarquizar el seguimiento de los Lineamientos estratégicos: Transparencia y Gobierno Abierto, Integridad y Prevención e Investigación y Sanción, que dan lugar al cumplimiento de los Objetivos Prioritarios: Fortalecimiento institucional; Modernización del Estado e Inserción inteligente al mundo...
VISTO las Leyes Nros. 26.097, 24.759, 25.188, el Decreto 258 del 10 de abril de 2019 y el Expediente N° EX-2019-66247758-APN-ANMAT#MSYDS; y
CONSIDERANDO:
Que la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN y la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobadas en nuestro país por las Leyes Nros. 26.097 y 24.759, respectivamente, promueven la adopción de medidas orientadas a preservar la integridad en la función pública y encomiendan al Estado Nacional instruir a los funcionarios públicos para asegurar una adecuada comprensión de sus responsabilidades y de las normas éticas que rigen sus actividades, así como promover programas de formación y capacitación que les permitan cumplir con los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones, brindándoles capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.
Que la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188 en su artículo 2º establece que los funcionarios deben desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, velando en todos sus actos por los intereses del Estado y la satisfacción del bienestar general por sobre el beneficio personal, mostrando la mayor transparencia en las decisiones.
Que mediante Decreto N° 258/19 se aprobó el “PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (2019 – 2023)” donde la promoción de iniciativas para la efectiva prevención y sanción de los actos de corrupción debe ser responsabilidad de todos los poderes del Estado mediante la adopción de acciones coordinadas.
Que la planificación en materia de anticorrupción constituye una instancia esencial a fin de identificar riesgos específicos, diseñar un abordaje multisectorial, establecer metas, realizar un monitoreo específico y una actualización periódica.
Que la posición de los funcionarios como servidores públicos exige el deber de cumplir con las demandas de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo así los vínculos con la ciudadanía, como garantía de la confianza en las instituciones de la República.
Que asimismo con el objetivo de fomentar y jerarquizar el seguimiento de los Lineamientos estratégicos: Transparencia y Gobierno Abierto, Integridad y Prevención e Investigación y Sanción, que dan lugar al cumplimiento de los Objetivos Prioritarios: Fortalecimiento institucional; Modernización del Estado e Inserción inteligente al mundo...
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