Disposición 316/2009

Fecha de la disposición: 2 de Junio de 2009

Dict. 183:275; 221:124).

Que por otra parte, el citado artículo 17 de la Ley Nº 19.549, también establece que 'no obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad'.

Que el Artículo 15 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos establece que el acto anulable lo es en sede judicial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el acto administrativo regular 'aun cuando traiga aparejados vicios de ilegitimidad, ostenta empero cierto grado de legalidad que lo hace estable y produce la presunción de su legitimidad. En consecuencia, no le es dable a la Administración pública revocarlo por sí y ante sí en razón de su ilegitimidad, sino que debe demandarla judicialmente o revocar el acto por razones de mérito, oportunidad o conveniencia'.

Que el debido proceso adjetivo que configura uno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley 19.549 y es la reglamentación procesal administrativa de la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

Que resulta necesario señalar la importancia que adquiere este en los casos de revocación de oficio de actos que hayan generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, ya que no se estaría observando el principio fundamental del derecho de defensa.

Que la Procuración del Tesoro de la Nación se ha expedido respecto de la suspensión prevista en el artículo 12 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, en su Dictamen Nº 272/2004,

la suspensión de sus efectos solo procede, conforme lo indica la última parte de la norma citada, por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alega fundadamente una nulidad absoluta'.

Que el beneficio que otorga el régimen establecido por el Decreto 379/01 se traduce en la emisión de bonos fiscales susceptibles de ser endosados por el beneficiario para su aplicación por un tercero a pago de los impuestos cuya cancelación se autoriza con eIlos.

Que, frente a la cesión de los bonos fiscales emitidos en los términos expuestos en el considerando anterior informada por la AFIP en el marco de la Actuación AFIP 10036-38-2009, cabe tener en cuenta la eventual afectación de derechos de terceros.

Que, el artículo 17 in fine de la Ley 19.549 establece que 'si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad'.

Que la intervención del poder judicial, es además de un imperativo establecido por el artículo 17 in fine de la Ley Nº 19.549, una forma de evitar mayores perjuicios a la Administración, ante la eventual demanda por daños y perjuicios que el particular pueda iniciar; no siendo esto un obstáculo para que la Administración cuente con la posibilidad de suspender por un tiempo razonable la ejecución del acto que considera viciado, permitiéndole así disponer del tiempo suficiente para requerir la nulidad judicial del acto en cuestión.

Que en este marco corresponde proceder a la revocación por ilegitimidad la inscripción de la firma CATALINA S.R.L., CUIT Nº 30-64497828-8, Constancia de Inscripción Nº 2007-0834, en el 'Registro de Empresas Locales Fabricantes de los Bienes Comprendidos en el Anexo I de la Resolución Nº 8 de fecha 23 de marzo de 2001 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus normas modificatorias y complementarias', puesto que el peticionario, al haber falseado información en sus declaraciones juradas indujo a la Administración al error de inscribirla con el fin de otorgarle un beneficio en ausencia de al menos uno de los requisitos esenciales para ello, afectando la causa de ese acto administrativo (v. art. 7º, inc. b), Ley Nº 19.549), e induciendo de esta manera a un vicio de la voluntad de la Administración.

Que resulta procedente disponer la suspensión de los bonos obtenidos por la empresa solicitante, que hubieren sido endosados a favor de terceros con el fin de actuar en los términos del artículo 17 de la Ley Nº 19.549.

Que en consecuencia, también corresponde poner la presente medida en conocimiento de las autoridades pertinentes para que éstas, de entenderlo procedente, dispongan la interposición de la pertinente demanda judicial a fin de obtener la declaración judicial de nulidad de los mencionados bonos con efecto ante los terceros adquirentes.

QuelaDIRECCIONDELEGALESDELAREADEINDUSTRIA,COMERCIOYPYME,dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2102 de fecha 4 de diciembre de 2008.

Que la presente disposición se dicta en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 379/01 y sus modificaciones, la Resolución SICyPYME Nº 166/08 y por la Ley Nº 19.549.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE INDUSTRIA DISPONE:

ARTICULO 1º

Revócase por ilegitimidad la inscripción de la firma CATALINA S.R.L.,

CUIT Nº 30-64497828-8, Constancia de Inscripción Nº 2007-0834, en el 'Registro de Empresas Locales Fabricantes de los Bienes Comprendidos en el Anexo I de la Resolución Nº 8 de fecha 23 de marzo de 2001 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus normas modificatorias y complementarias'.

ARTICULO 2º

Declárase la suspensión por SESENTA (60) días hábiles administrativos, con el fin de actuar en los términos del artículo 17 de la Ley Nº 19.549, de los Bonos Nros. 404-2007230911, 404-2007-230912, 404-2007-230913, 404-2007-230914 y 404-2007-230915, emitidos por la Dirección Nacional de Industria...

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