Más diputados, entre la legalidad y la oportunidad

Con el histórico fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE), por el que se reclama a que actualice la cantidad de legisladores conforme el mandato constitucional, que estipula que ha de hacerse después de cada censo, se reabre una discusión que excede la cuestión de la representatividad parlamentaria.Ciertamente, hay en el Congreso distritos que están subrepresentados, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta. Y otros que están sobrerrepresentados: son unos 16 cuya cantidad de habitantes no ha crecido sustancialmente y, en algunos casos, hasta se redujo.Actualmente, la Cámara de Diputados está conformada por 257 legisladores que surgen de un cálculo que no se actualiza desde el censo de 1980. Desde ese año, ingresa un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Por una ley del Proceso, llamada ley Bignone, se dispuso, además, que todas las provincias sumarían tres representantes extras y que ninguna podría tener menos de cinco. Sin esa ley, por ejemplo, Tierra del Fuego debería contar hoy con solo uno, en lugar de los cinco que posee, mientras que Santa Cruz y La Rioja deberían tener dos (también cuentan con cinco cada una).En cambio, por el crecimiento poblacional registrado en el último censo, de 2011, la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados, debería contar con 100 tomando en cuenta el mandato constitucional de actualización más la ley Bignone. Comparada con Tierra del Fuego, donde para obtener un diputado se necesitan 25.238 votos, para lograr uno en la provincia de Buenos Aires se requieren hoy más de 222.000. Una realidad a todas luces injusta porque refiere directamente al valor del sufragio de cada ciudadano.La pregunta es si es este el momento del país para pensar en aumentar el número de legisladores. Desde ya que, en un contexto en el que urge la necesidad de recortar el abultadísimo gasto público, dar ese paso resultaría, cuando menos, inoportuno. Pero, por otro lado, según ha dicho la propia CNE, tampoco es necesario aumentarlo. La solución pasa por adoptar otra fórmula para el cálculo de su composición. Por ejemplo, en vez de considerar un piso de 33.000 electores, se podría elevar la base para ese cálculo. El problema, entonces, se torna político, electoral. Ningún distrito se muestra dispuesto a perder miembros en la Cámara baja.El fallo de la CNE es adecuado desde el punto de vista jurídico e impecable desde lo político. Por un lado, porque reclama...

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