Diputados apura leyes clave para la lucha anticorrupción
En la primera derivación legislativa concreta del caso José López, la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisión y tratará hoy de urgencia dos proyectos presentados como herramientas para fortalecer el combate de la corrupción y otros delitos complejos: la ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito.
Distintas versiones de los dos proyectos usados para la elaboración del dictamen de mayoría fueron presentadas en los últimos años y contaban con estado parlamentario, a la espera de que se les diera impulso. La detención del ex secretario de Obras Públicas y segundo de Julio De Vido operó como un catalizador del debate parlamentario. Los proyectos empezaron a tratarse ayer y serán votados hoy en el recinto. La sesión es a las 11.
El oficialismo reunió la mayoría junto con el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el Frente Amplio Progresista (FAP), aunque varios diputados hicieron objeciones a algunos artículos en particular, por lo que podría haber cambios en el recinto.
El Frente para la Victoria (FPV) cuestionó aspectos centrales de los dos proyectos y anunció que presentaría dictámenes de minoría.
El dictamen que instaura la figura del arrepentido en los casos de corrupción propone beneficiar con una reducción en su pena a todo aquel imputado o condenado en una causa (tenga o no sentencia firme) que brinde información "precisa, útil y verosímil" que le permita a la Justicia avanzar en una investigación.
El beneficio no incluirá, en ningún caso, la eximición de la pena para el arrepentido. Tampoco podrán acogerse a esta figura aquellos funcionarios susceptibles al proceso de juicio político (como el presidente, los ministros del Poder Ejecutivo o los jueces que integren la Corte Suprema).
Además, la información que se aporte a la causa deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o superior a la pena a la que se imputa al arrepentido.
En rigor, la figura del arrepentido ya existe en el Código Penal en los casos de lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo y traición a la patria. Los legisladores proponen extender esta figura a otros delitos, como los cometidos contra la administración pública, entre los que se encuentran el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito, la exacción ilegal, el prevaricato, el fraude contra la administración pública. También se podrá aplicar en casos de asociación ilícita...
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